Recibido: 15/01/2014
Revisado: 05/04/2014
Aceptado: 30/05/2014
Nava Vásquez, Yuneska
Universidad del Zulia, Venezuela.
yuneskanava@gmail.com
En la actualidad el mundo enfrenta una crisis alimentaria causada por múltiples factores, incluyendo el menosprecio y/o poca atención al sector agrícola en contraposición con sectores considerados más rentables. Esto ha ocasionado el deterioro del sector agroalimentario y, obviamente, sus repercusiones en el sector alimentario, es decir, en sus fases de producción y comercialización, evidenciando con ello una escasez de alimentos cada día más pronunciada. El presente es un estudio de tipo descriptivo con un diseño no experimental. A partir de un análisis documental y bibliográfico, se pretende describir el sector alimentario venezolano en la actualidad, para ello se discute brevemente la crisis alimentaria mundial a manera de contexto y luego se caracteriza la estructura pública del sector alimentario venezolano, para finalmente plantear la realidad actual del sector alimentario venezolano, destacando la escasez reinante de productos alimenticios básicos a nivel nacional. Los resultados demuestran que el gobierno ha realizado transformaciones significativas en el sector alimentario. Sin embargo, las políticas implementadas no han obtenido los resultados esperados, lo cual se evidencia en una fuerte crisis alimentaria en todo el territorio nacional apreciada a través de la escasez significativa de alimentos, con mayor impacto en los estados fronterizos en los cuales los productos alimenticios básicos son trasladados de manera ilegal a países vecinos. Las fallas en las políticas implementadas en el sector alimentario se deben, entre otros factores, a la falta de controles y/o seguimiento de dichas políticas y lamentablemente a la cultura de la sociedad, en la que el interés económico predomina sobre el interés social, incluso en la población con menos poder adquisitivo y favorecida por las medidas gubernamentales. Por lo tanto, se concluye que en Venezuela no hay soberanía alimentaria.
Palabras clave: Sector alimentario venezolano, crisis alimentaria, control gubernamental, soberanía alimentaria.
Today the world faces a food crisis caused by multiple factors including the contempt I little attention to the agricultural sector as opposed to the more profitable sectors. This has caused the deterioration of the agro-food sector and of course its impact on the food industry, i.e. phases of production and marketing, demonstrating that food shortages every day more pronounced. This is a descriptive study with a non-experimental design. From a documentary and bibliographical analysis, is intended to describe the Venezuelan food industry at present, this is discussed briefly the global context as a food crisis and then the public structure of the Venezuelan food industry stands to finally raise the current reality of the Venezuelan food industry, highlighting the prevailing shortage of food commodities at the national level. The results show that the Government has made significant changes in the food sector. However, implemented policies have not obtained the desired results, which are evidenced in a strong food crisis at nationwide appreciated through significant food shortages, with greater impact in Border States where basic foodstuffs are transferred illegally to neighboring countries. Flaws in the policies implemented in the food sector is among other factors the lack of controls I follow those policies and unfortunately the culture of the society where the economic interest prevails over social interest, even in people with less purchasing power and favored by governmental action. Therefore, it is concluded that in Venezuela there is food sovereignty.
Key words: Venezuelan food sector, food crisis, Government control, food sovereignty.
El mundo enfrenta una crisis agroalimentaria de alto impacto tanto para países desarrollados como para aquellos que están en vía de desarrollo, siendo estos últimos los más afectados, por ser los más débiles en cuanto a relaciones de poder se refiere. A lo largo de la historia, los países desarrollados han marcado las tendencias de comercialización incluyendo al sector agroalimentario.
Este sector puede ser considerado vital, dado que es el que provee los insumos básicos para la alimentación de la población. Lamentablemente, “a pesar de su carácter estratégico o preferencial que le otorgan diferentes gobiernos de diversos países, no todos han logrado la meta de autoabastecerse completamente de productos alimenticios básicos para lograr así una alimentación plena” (Mercado, Córdoba y Testa, 2007; citado por Romero y Medina, 2013), así como una más completa soberanía alimentaria.
El caso venezolano es muy particular. A pesar de una bonanza petrolera, de cambios en el marco legal y de una importante transformación en el sector agroalimentario, acompañada de políticas de apoyo, la crisis hoy día se agudiza. Esto se evidencia en la escasez de productos en los establecimientos, tanto públicos como privados; y que en los estados fronterizos aumenta debido al contrabando de extracción alimentos.
A partir de un análisis documental y bibliográfico, en esta investigación se describe el sector alimentario venezolano en la actualidad. Para ello se discute brevemente la crisis alimentaria mundial a manera de contexto y luego se caracteriza la estructura pública del sector alimentario en Venezuela, para finalmente plantear la realidad actual, destacando la carencia reinante de productos alimenticios básicos a nivel nacional.
Son muchos los factores que inciden en la crisis alimentaria que atraviesa el país. Cabe destacar que no es un fenómeno aislado, pues en el mundo también se presenta dicho fenómeno. Por ello, con la finalidad de establecer un contexto, se iniciará discutiendo de manera breve la crisis alimentaria mundial basándose en documentos de organismos internacionales especializados en el área como la Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO).
Según Carlin (2004),
“en el siglo XXI se está en presencia de una crisis alimentaria a escala planetaria, causada por condiciones estructurales”.
Es importante contextualizar la situación para tener un marco de referencia. Se considera pertinente abordar no solo las características de una crisis que afecta en mayor o menor medida a la totalidad de la población nacional e internacional, sino también discutir sus posibles alternativas de solución, con lo cual se buscaría revertir la tendencia negativa del sector alimentario y se podría hablar de una crisis que es producto de malas políticas y malos hábitos de consumo, entre otros factores clave que se discutirán a continuación.
Existen diversos criterios referidos a las causas que dan lugar a la crisis alimentaria tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo, sin embargo la mayoría apuntan a los mismos factores.
Para Navarro (2012), el sistema alimentario mundial está en crisis. El autor atribuye esa realidad a factores como: el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, el incremento de los precios del petróleo, la ausencia de competencia en los mercados mundiales de productos básicos, especulación financiera y la producción acelerada de agro combustibles.
Sigue explicando que el alza del precio del pan y de los alimentos representa una amenaza a la estabilidad social y la seguridad alimentaria de los países más pobres, donde la gente gasta hasta dos tercios de sus ingresos en alimentos. Destaca, además, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que en el año 2011 más de 70 millones de personas cayeron en la pobreza extrema debido al aumento del precio de los alimentos.
Es importante destacar que no siempre es privilegiada la producción de alimentos sobre la producción de biocombustibles y con ello se acentúa la crisis. Posiblemente por esta razón, autores como Saltrón (2012) afirman que en un sistema capitalista la crisis alimentaria mundial no tiene salida, ya que no se privilegian las necesidades de la población, más bien se invierte en actividades económicas muy productivas, en detrimento del desarrollo agrícola. Sin embargo, no se considera pertinente una posición tan radical, se debe trabajar en el diseño y ejecución de estrategias, que más allá de un ideal o un modelo político permitan, a través del trabajo coordinado, revertir la tendencia negativa del sector alimentario, en beneficio de todos.
Según el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) (2008), documento que expone de manera detallada las causas de la crisis alimentaria mundial así como sus posibles soluciones, la misma se deriva de un aumento de precios sin precedentes de los alimentos, sobre todo de los básicos, lo que hace aún más preocupante la situación. Los precios del trigo, el arroz y la soja se incrementaron en más de un 40% y el arroz un 60% desde principios de 2007, lo cual ha ocasionado un aumento significativo de lo pagado por la mayoría de los países en desarrollo por sus importaciones.
A lo anterior se le añaden las malas cosechas con la disminución de las reservas de alimentos, lo cual perjudica especialmente a las personas menos privilegiadas económicamente y sobre todo a las de los países en desarrollo.
En el informe de la UNCTAD se expresa, además, que
“ha aumentado sustancialmente la factura que estos países pagan por importar alimentos, lo que ha generado múltiples problemas económicos, humanitarios, socioeconómicos, de desarrollo, políticos y de seguridad, lo cual representa una crisis global de desarrollo”.
La crisis alimentaria compromete el logro de objetivos de desarrollo, ya que la carencia o escasez de alimentos, según expone textualmente el documento antes citado:
“compromete la salud, la educación, el bienestar de las madres y muchos otros indicadores sociales, así como la capacidad de ganarse el sustento”.
Por otra parte, el informe de la UNCTAD precisa que:
“la crisis alimentaria no se debe únicamente a factores recientes como la subida del precio del petróleo, caída del dólar, condiciones climáticas, especulación, limitaciones de las exportaciones impuestas por algunos países o la producción de biocombustibles”.
Estos factores son señalados como causales por la mayoría de los autores anteriormente mencionados, a estos se le deben agregar tendencias a largo plazo muy arraigadas, como cambios demográficos y de consumo, así como varios años de fallos sistémicos de la estrategia de desarrollo.
A continuación, se mencionan algunas de las causas presentadas en el documento citado de la UNCTAD, así como las posibles alternativas de solución, ya que se pretende que la crisis se visualice como una oportunidad para revertir la tendencia negativa que enfrenta el sector agroalimentario.
Entre las causas identificadas se destacan:
− El desequilibrio entre la oferta y la demanda, debido a una crisis de producción a la que se le adiciona un incremento en la demanda y del poder adquisitivo en los últimos años (cabe destacar que en algunos casos), y por otra parte debido también a una crisis de precios originada del mal funcionamiento y la manipulación de los mercados.
− La especulación y las restricciones de las exportaciones en el mercado de alimentos básicos.
− Costo de la energía, los biocombustibles y la lesionada seguridad alimentaria.
− Limitaciones de la producción agrícola en los países en desarrollo.
− La competencia leal: las prácticas comerciales, las fusiones y las alianzas estratégicas en el sector agroalimentario han contribuido al incremento de los precios de los insumos agrícolas, al mismo tiempo que paradójicamente los agricultores de los países en desarrollo reciban una fracción relativamente pequeña del precio al por menor de sus productos, lo cual merma el incentivo de unos beneficios que hubiesen potenciado la producción de alimentos en los países en desarrollo.
El informe de la UNCTAD (2008:53) expresa que:
“la crisis alimentaria puede considerarse una llamada de atención que los países en desarrollo pueden aprovechar como oportunidad para reaccionar, y la comunidad internacional para hacer un mayor esfuerzo de rectificación de los desequilibrios sistémicos en la producción agrícola y el comercio mundial que durante años han contribuido a alimentar los problemas actuales. En última instancia, el núcleo de la crisis es una falla del desarrollo que, de no rectificarse, hará que la crisis sea permanente. Para ello será necesario, entre otras cosas, abordar las distorsiones fundamentales y los fracasos de las políticas en el sector agrícola, a fin de sentar los cimientos de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible”.
A partir de lo anterior, se desarrollan una serie de opciones para más que destacar solo aspectos negativos, abrir nuevas posibilidades que puedan representar beneficios para muchos agricultores de países en desarrollo.
Entre las alternativas expuestas en el texto de la UNCTAD se encuentran:
− Políticas de importación de alimentos por medio del apoyo internacional.
− Equilibrio de las tensiones entre la necesidad urgente de alimentos y el acceso sostenible a éstos: es necesario desarrollar un enfoque sostenible de la seguridad alimentaria en los países en desarrollo.
− Evaluación de la políticas para el sector de los productos agrícolas y alimentarios básicos y desarrollo e intensificación el apoyo al desarrollo del sector agrícola.
− Normas comerciales y cuestiones de política comercial y relacionadas con el comercio, las cuales por tratarse de productos básicos especiales (vitales) no se puede tratar comercialmente igual (persiguiendo los mismos intereses rentistas) los productos alimentarios y agrícolas que otros bienes. A estos productos vitales se le debe dar un tratamiento especial puesto de ello depende el bienestar de la población.
− Políticas orientadas a movilizar de mejor manera la inversión nacional y extranjera en beneficio del sector agroalimentario, fomento de la empresa, y desarrollo de la agricultura.
− Políticas de innovación a adopción tecnológicas y desarrollo agrícola.
− Políticas de cooperación Sur-Sur en favor del desarrollo agrícola y el comercio.
− Políticas de apoyo financiero para el desarrollo agrícola.
− Desarrollo de los mercados de productos básicos a través de mejoras en el acceso de los pequeños productores y otros participantes de la cadena alimentaria a instrumentos de gestión financiera, ya que mediante una adecuada financiación se podrán obtener insumos de producción y también permitirá aumentar la inversión en la explotación agrícola, estimular la productividad y mejorar sus activos para aumentar su capacidad de recuperación.
− Políticas de biocombustibles y seguridad alimentaria.
A partir de lo planteado anteriormente, resulta evidente la relevancia de la problemática del sector agroalimentario a escala mundial, tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Lógicamente, los últimos son los más afectados, puesto que los primeros, a pesar de la crisis, tienen condiciones más favorables y en muchos casos tienen el poder de control sobre los países más necesitados o menos fuertes en materia agrícola.
Sin embargo, para países como Venezuela, al igual que para otros países latinoamericanos con múltiples riquezas y potencialidades, enfrentar la crisis alimentaria debe representar un reto y una prioridad.
A continuación, se abordará la estructura pública del sector alimentario venezolano, producto de una transformación que tiene su origen en el gobierno Revolucionario de Hugo Chávez Frías por medio de las leyes habilitantes, desarrollada con la finalidad de obtener seguridad y soberanía alimentaria.
En Venezuela, desde abril de 2003, se implementó lo que podría denominarse una transformación del sector alimentario venezolano, por medio de la llamada Misión Alimentación, con la finalidad de consolidación de la soberanía alimentaria. La misma se ejecuta de acuerdo con los lineamientos establecidos a partir del principio de Soberanía Alimentaria y al amparo del mandato fundamental expreso en el Art. 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Con ella se pretendía que el gobierno venezolano adquiriera el control de la alimentación del pueblo, para así garantizar que los alimentos lleguen a toda la población por igual (CEIMS, 2013).
Autores como Castro (2013) han denominado la transformación del sector alimentario venezolano como “el sistema socialista de soberanía alimentaria (SSSA)”, definiéndolo como un conjunto de políticas públicas creadas para obtener seguridad y soberanía alimentaria a través del impulso de formas de participación y autogestión de la sociedad civil.
En este orden de ideas, la Misión Alimentación tiene como propósito efectuar el mercadeo y comercialización permanente de productos alimenticios, así como de otros productos de primera necesidad al mayor y al detal, conservando la calidad, ofreciendo los más bajos precios posibles del mercado. Según lo publicado en el portal erbravo.com (2013), la misión alimentación es establecida, “con el fin de mantener abastecida a la población venezolana, en especial a la de escasos recursos económicos, en pro de restar dependencia de los productos que comercializan las empresas privadas en el país”; lo cual no se ha logrado hasta los momentos. Incluso a pesar de la presencia de la red pública de abastecimiento de alimentos, el sector privado sigue siendo vital para el acceso alimenticio para toda la población. Además, hay que resaltar que con la producción del sector privado nacional no se satisface la demanda de alimentos, por lo cual se ha recurrido a la importación de alimentos en niveles significativos.
En este orden de ideas, la Misión alimentación se propone:
“garantizar el acceso de los alimentos a la población a través de la regularización, formulación, seguimiento y evaluación de políticas en materia de comercio, industria, mercadeo y distribución de alimentos; recepción, almacenamiento, depósito, conservación, transporte, distribución, entrega, colocación, calidad y consumo; inspección, vigilancia, fiscalización y sanción sobre actividades conexas administración, operación y explotación de silos, frigoríficos, almacenes y depósitos agrícolas propiedad del Estado; regularización y expedición de permisos, autorizaciones, licencias certificadas y demás trámites y actos necesarios en materia de exportación e importación en el sector de alimentos y alimentación. Así como, dirigir la política exterior y participación en las negociaciones internacionales en materia de alimentos y alimentación; promoción de estrategias para equilibrar la oferta y demanda de los circuitos alimenticios, completando los ciclos de producción y comercialización, concertación , análisis y la fijación de precios y tarifas de productos y servicios alimenticios; políticas de financiamiento en el sector de producción y comercio de alimentos; políticas para la adquisición, instalación y administración de maquinarias y equipos necesarios para la producción y comercialización de alimentos en coordinación con los órganos competentes; a fin de mejorar la calidad de vida y lograr la seguridad alimentaria de la nación, en el marco del modelo productivo socialista” (CEIMS, 2013).
Según reseña el CEIMS en su sitio web, los órganos adscritos a la Misión Alimentación son:
− Corporación de abastecimiento servicios agrícolas (productos CASA): se encarga de ofrecer servicios agrícolas, comercialización y distribución de productos alimenticios así como de materia prima, insumos y producción agroalimentaria nacional e internacional.
− Mercadeo de alimentos (MERCAL, C.A.): labora en el mercadeo y comercialización al mayor y detal de alimentos y otros productos de primera necesidad de calidad a bajos precios.
− Productora y Distribuidora venezolana de alimentos (PDVAL, S. A.): ofrece productos de la cesta básica e insumos básicos a precios regulados atendiendo a toda la cadena de comercialización, que incluye transporte almacenamiento, distribución y venta final.
− Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL): brinda alimentos al sector desprotegido de la población mediante las casas de Alimentación o las “Bolsas Solidarias” en pequeñas bodegas y comercios autorizados para tal fin.
− Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA): dirige, controla y regula las políticas de almacenamiento de productos agrícolas y otras actividades conexas.
− Venezolana de Alimentos La Casa (VENALCASA): presta servicios agrícolas, comercializa y distribuye productos alimenticios y la materia prima.
− Logística Casa (LOGICASA, S.A.): ejecuta las actividades de almacenamiento en seco y refrigerado, empaquetado, distribución y transporte de productos alimenticios de origen nacional y extranjero.
Aun cuando todas esas organizaciones componen la red pública de alimentos, la más renombrada, quizás por ser la más representativa en cuanto al acceso de alimentos de manera directa, es Mercal. Sin embargo, es necesario aclarar que en Mercal también se aprecia la ausencia de muchos alimentos, además de las grandes colas que se realizan para poder acceder a los productos.
La misión Mercal obtiene un relevante dinamismo y un significativo nivel de aceptación (Morales, 2009). Se puede catalogar como exitosa, pues la población venezolana, especialmente la de escasos recursos económicos, obtiene para el momento de su creación productos de calidad a bajos precios y fácil acceso. Esta aceptación conllevó al Estado venezolano a definir estrategias para continuar atendiendo la creciente demanda de los consumidores, pues en el año 2007, esta había aumentado 30% en relación con 2006, pero no fue posible satisfacerla, produciéndose como resultado la escasez de alimentos, tanto en las tiendas Mercal como en los supermercados e hipermercados, todo ello acompañado de un incremento en los precios (Morales, 2009).
Enmarcada en la misma Misión Alimentación, en el año 2007, surge la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), apoyada por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), iniciándose con la consolidación de filiales en el área: industrial, agrícola, servicios entre otros, con la finalidad de atender toda la cadena de comercialización: producción, transporte, almacenamiento, distribución y venta final (PDVAL, 2012); en el año 2010, PDVAL se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Gaceta oficial Nº 39.474), teniendo adscrita como filial a la empresa Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO).Lanz (2007), describe algunas tesis del gobierno entre las que se encuentran la creación de nuevos patrones de consumo y redes de distribución de alimentos a través de figuras como MERCAL entre otras, que permitan lograr el abastecimiento a bajo costo/precio, debilitar las roscas de abastecimiento y comercialización de los productos del rubro de alimentos y aportar a la diversificación de la producción y el consumo de productos alternativos no solo en el rubro alimenticio, sino también en el textil, calzados y salud. Otra tesis está centrada en la construcción de redes productivas en las cuales deben predominar principios de cooperación, solidaridad, complementación, reciprocidad, interacción equilibrada y la integración.
En este particular, Morales (2007) resume:
“MERCAL surgió en un escenario político de gran incertidumbre, en el cual la garantía de la “seguridad alimentaria” para la población de menores recursos era una necesidad inaplazable. Además, para el momento había un cambio en la esfera jurídica y política como consecuencia de la aprobación y puesta en vigencia de una nueva Carta Magna, la cual no sólo expresa el proyecto político y los propósitos del Estado, sino que en su Artículo 305 considera, precisamente, las premisas fundamentales de la Seguridad Alimentaria”.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales realizados y de la transformación de sector alimentario, en general se puede afirmar que en Venezuela existe una crisis alimentaria que actualmente se agudiza, la cual ha sido ocasionada entre otros factores por la falta de producción, el descuido del agro a pesar del otorgamiento de créditos por parte del gobierno para dicho sector, la falta de controles efectivos de los distintos mecanismos implementados para propiciar la producción y comercialización de alimentos, lo cual a su vez ha generado un alto nivel de importación de los mismos; las compras nerviosas producto de la escasez de los productos, y lamentablemente hasta el comercio ilegal de los mismos.
En los estados fronterizos la situación es preocupante, debido a que existe contrabando de alimentos a países vecinos; una demostración de ello es la declaración del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI, 2014), en la cual afirma que el Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar va a arreciar las medidas para impedir el contrabando de alimentos a Colombia, situación a la que coloquialmente se le ha denominado “bachaqueo”. Por lo anterior, muchas personas a la hora de viajar a nivel nacional como internacional traen consigo productos alimenticios, que desafortunadamente no encuentran en sus estados o país de origen.
No se puede afirmar que las medidas adoptadas por el gobierno han sido del todo ineficientes y/o poco efectivas, se reconoce que un sector importante de la población se privilegia de la Misión Alimentación, aun cuando en la actualidad para acceder a los mismos se deben realizar agotadoras colas en establecimientos tanto públicos como privados. Sin embargo, de no tomar las medidas correctivas pertinentes (no por vía única de importaciones como fue anunciado recientemente por el presidente Maduro) la crisis alimentaria del país se agudizará.
La industrialización en Venezuela se originó a partir de la introducción y rápida expansión de la industria petrolera en la década de 1920. Esto le permitió pasar de ser una sociedad cuya dinámica económica se basaba en la actividad agroexportadora, básicamente de café y cacao, a otra, cuya dinámica se centró en la actividad petrolera (Melcher, 1992 y Prato, 1996).
Actualmente en Venezuela se deben enfrenar situaciones poco favorables como: a) una fuerte crisis política, b) un marco legal en constante cambio, lo cual genera inseguridad a presentes y futuros o posibles inversionistas; c) una crisis eléctrica que repercute en los niveles de producción y disminuye la eficiencia de las operaciones, d) fuertes controles de precios de los alimentos de la cesta básica, e) amenazas constantes de expropiación de tierras y establecimientos, y f) descontento y desconfianza por una parte importante de la población en relación con las medidas empleadas por el gobierno nacional.
Según lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo N° 305 “el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población”. Con base en ello se puede afirmar que el acceso a la alimentación en un derecho de todos los venezolanos.
Sin embargo, en Venezuela la crisis alimentaria se agudiza cada día más. Es común que las personas deban recorrer varios establecimientos de alimentos, tanto de la cadena pública como del sector privado, para poder adquirir los productos que requieren o incluso algunos sustitutos en muchos casos importados.
Lo anterior es corroborado por Albanes y otros (2010) en el informe elaborado por la Comisión designada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) titulado “Análisis de la crisis de alimentos en Venezuela”. Según ese documento, la nación enfrenta desde hace varios años una crisis de desabastecimiento de alimentos básicos, entre los que se incluyen: leche, azúcar, huevos y carne bovina y de pollo, entre otros.
Se indica en el informe que cifras del BCV y del INE revelan que el año 2008 en Caracas se inició con un índice de escasez de 25 % y, aunque ha disminuido, todavía se ubica entre 13 y 14 %. Se considera esta cifra como inaceptable en un país cuyos ingresos están muy por encima de las naciones clasificadas como PIBDA (países de bajo ingreso y déficit alimentario). Agregan que la situación
“se agrava mucho más si el consumidor busca una determinada marca de un producto o características especiales, adaptada a sus preferencias o a sus necesidades particulares de dieta y no le es posible acceder a ellos”.
Siguen explicando en el texto citado que los venezolanos están siendo afectados por una grave crisis en la alimentación, entre los causas mencionadas se señalan: el proceso inflacionario incontrolado, las situaciones recurrentes de escasez y la injerencia deliberada del gobierno en la producción, importación, distribución y comercialización de alimentos, todo lo anterior según la comisión, sin tener la organización, capacidad, experiencia, recursos y controles necesarios para ello. Adicional a lo expuesto en el informe de dicha comisión de la MUD se cataloga al gobierno como ineficiente en la gestión directa de alimentos especialmente por el hallazgo de grandes cantidades de alimentos descompuestos o vencidos pertenecientes a la red PDVAL. Por otra parte, el Gobierno Bolivariano afirma estar avanzando en materia alimentaria.
Las causas de la crisis que explícitamente se mencionan en el informe se le atribuyen a fallas gubernamentales en materia de diseño y ejecución de: política económica, política agrícola, protección de la seguridad personal, seguridad jurídica, control del suministro y calidad de los alimentos, las cuales podrían generar como consecuencias: amenazas a la salud, daños al patrimonio público y su impunidad por la falta de aplicación de las sanciones pertinentes, desatención de funciones esenciales del Estado, violaciones a los derechos de las personas de disponer oportunamente de bienes y servicios de calidad y de elegirlos conforme a sus preferencias o a sus necesidades particulares de dieta (Albanes y otros, 2010).
Situaciones como las anteriormente mencionadas permiten comprender por qué la producción nacional actual no satisface la demanda, razón por la cual las importaciones aun predominan en el sector. A partir de lo anterior, no podemos decir que hemos logrado la soberanía alimentaria en Venezuela, ni siquiera se puede afirmar con certeza que se cuenta con seguridad alimentaria.
Es preciso recordar que el 31 de Julio de 2008 fueron publicadas en Gaceta Oficial las 26 leyes aprobadas vía Ley Habilitante, por el entonces presidente de la República Hugo Chávez. Las relacionadas con la agricultura, ganadería, alimentación y servicios fueron las siguientes (Montes, 2008):
− Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
− Ley de Salud Agrícola Integral.
− Ley de Crédito para el Sector Agrario.
− Ley del Banco Agrícola.
− Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria.
− Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios.
Haciendo referencia específicamente a la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en su Artículo 4, se define la soberanía agroalimentaria como:
“el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población.”
Según el mencionado instrumento legal, entre las acciones requeridas para garantizar la soberanía agroalimentaria, se encuentran:
− El privilegio de la producción agrícola interna, a través de la promoción y ejecución de la agricultura sostenible y sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral. Aunque no es el propósito de este trabajo discutir los conceptos de desarrollo sostenible y sustentable, se considera importante destacar que a pesar de que en muchos casos son utilizados como sinónimos, autores como Rodríguez y Govea (2006) señalan que se debe disertar y reflexionar sobre la tematización del desarrollo sustentable y contrastarlo con otra vertiente que ha venido dibujándose desde la década de 1980 denominada desarrollo sostenible.
Los autores asumen que el desarrollo sustentable
“está relacionado con los recursos no renovables, el uso de energías alternas, fórmulas de aprovechamiento verde, la comercialización de productos que no afecten la capa de ozono”.
En todo caso hace referencia a
“un tipo de desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin hipotecar o arriesgar las probabilidades de vida del hombre”.
− La transformación de las relaciones de intercambio y distribución, a partir de la cogestión en la planificación con la participación de todos los actores y actoras que intervienen en las actividades agrícolas.
− La identificación y reconocimiento de las relaciones sociales de producción y consumo, dentro de las necesidades y posibilidades concretas de cada uno de los actores de las distintas cadenas agrícolas.
− El establecimiento y cumplimiento de medidas que garanticen la protección, supervisión, prosperidad y bienestar de las productoras y productores nacionales, en el marco del desarrollo endógeno de la Nación.
− La vigilancia, supervisión y control de las operaciones en las fases del ciclo productivo, estimulando a aquellos que ejecuten actividades en el territorio nacional y en especial a los que provengan de personas de carácter social o colectivo, quienes serán protegidos y priorizados en la participación y beneficios derivados de concesiones, financiamientos, actividades, medidas e inversiones de carácter público.
− Las previstas en la Ley que regule la materia de tierras y desarrollo agrario.
Aun cuando se debe reconocer que el gobierno ha implementado varias acciones, entre ellas el establecimiento de ventas populares de alimentos, sistemas de comedores escolares, otorgamiento de créditos agrícolas, en pro de mejorar la situación alimentaria del país, no se han implementado controles efectivos para garantizar lo que en la ley se dispone, es por ello, en gran medida, que se considera que la crisis se ha agravado.
Por otra parte, la mencionada ley en su artículo 5º, se define la seguridad agroalimentaria como:
“la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional (entendiendo con esto al sector tanto público como privado), para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable (cabe destacar que dicha estabilidad no se aprecia en el caso venezolano), que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación”.
La seguridad alimentaria desde un punto de vista conceptual tiene varias connotaciones. Para Arroyo y otros (1985), citando a la FAO (1994), se trata de la autonomía del sistema alimentario, entendida como el “grado de vulnerabilidad externa del sistema alimentario de un país en término de su mayor o menor dependencia del componente importado para lograr condiciones adecuadas de suficiencia”. Mientras que la soberanía alimentaria se asocia con el logro de elevados niveles de autosuficiencia que reduzcan la dependencia del componente importado.
Además la ley en el mismo artículo explícitamente menciona como objetivos de la seguridad agroalimentaria:
− Garantizar el balance alimentario de la población, a través de: la planificación, el desarrollo sistémico y articulado de la producción, así como la promoción de la actividad agropecuaria.
− El establecimiento de medidas en el orden financiero, de intercambio y distribución, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, formación y capacitación, y otras que fueren necesarias, con el fin de alcanzar los niveles de autoabastecimiento requeridos por la población y evaluar el rendimiento de las inversiones, su impacto, la verificación precisa del correcto uso de los recursos públicos invertidos y su efecto económico-social.
− La protección de los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.
− Cualquier otra actividad que determine el reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
− Asegurar la distribución de la producción nacional agroalimentaria con el propósito de atender la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
A partir de lo afirmado por Albanes y otros (2010), basado en una Encuesta al Seguimiento del Consumo Alimentario del Instituto nacional de estadística (INE), afirman que por volumen los alimentos en orden de importancia son: harina de maíz, azúcar, arroz, aceite, harina de trigo, carne de aves, leche en polvo completa y margarina. Revela además que cuando un número limitado de alimentos proporciona la mayor cantidad de calorías, el valor nutritivo de estos alimentos es crucial para la seguridad alimentaria.
Por otra parte, MERCAL y PDVAL fueron creadas con la finalidad de distribuir alimentos para las personas con menos poder adquisitivo. Es preciso destacar, que algunas empresas privadas tienen algunos acuerdos con el gobierno para la producción de los alimentos. Si bien es cierto, que la colaboración es clave para avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria del país, se debe tener claro que los beneficios obtenidos de ella deben aprovecharse para fortalecer el sector agroindustrial nacional mediante la reestructuración, el desarrollo y diversificación de productos y la innovación y modernización tecnológica de la producción.
Del aprendizaje de las nuevas prácticas y herramientas debe surgir la evolución de nuestro sector agroalimentario. La colaboración internacional, aunque relevante, no es la única alternativa para superar la crisis. Es preciso desarrollar potencialidades propias para que no se adopten ilimitadamente prácticas foráneas, y se rescaten o diseñen prácticas que estén acordes a la cultura local y a los requerimientos nacionales.
Desafortunadamente en Venezuela, solo a través de importaciones se ha logrado resolver (no por completo) el abastecimiento de los alimentos hasta de primera necesidad, tal realidad se agrava debido a los elevados precios de esos alimentos importados, debido a que por esa razón se dificulta el acceso a toda la población del país. Por lo tanto, no es posible hablar de seguridad ni de soberanía alimentaria, entendiendo que el concepto de soberanía es más amplio que el de seguridad, puesto que implica más que garantizar a la población el acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos, el dominio por parte del país de la capacidad de producción y distribución de un conjunto de alimentos básicos (PROVEA, 2001).
A partir de lo anterior, es evidente que las políticas implementadas en materia alimentaria no han logrado su cometido de garantizar la seguridad y mucho menos la soberanía necesaria.
Hace falta el establecimiento de muchos controles que permitan disminuir y eliminar los vicios creados en las propias organizaciones, así como educar a la población hacia la concienciación en la compra y el consumo de alimentos, no con políticas autoritarias y restrictivas, sino con la oferta suficiente y variada de productos de calidad, obtenida a través de mejores estrategias a nivel agroindustrial y acuerdos con una relación ganar-ganar con el sector privado, fortaleciendo así el aparato productivo nacional del ramo alimentario, tanto público como privado, en beneficio no solo de los sectores con menor poder adquisitivo, sino de todos los venezolanos, quienes tienen el mismo derecho constitucional.
Es imperante destacar que en algunos estados del país, como por ejemplo el estado Zulia, se han generado normas en algunos establecimientos, tanto públicos como privados, relativas al número de productos alimenticios básicos que se pueden adquirir, e incluso la compra mínima en bolívares que se debe hacer en otros productos para poder adquirir ciertos artículos de la canasta básica y/o productos regulados, discriminando a las personas que solo se dirigen a los establecimientos a adquirir dichos artículos, dejándolos fuera de los establecimiento realizando grandes colas y obligándoles a pasar, progresiva aunque lentamente, a realizar la compra respectiva.
Una vez descrita la situación del sector alimentario venezolano, es preciso destacar que no solo los factores políticos y económicos que lo afectan de manera importante, hay un componente social y cultural del propio venezolano que incide en la crisis alimentaria del país.
En muchos casos, a pesar de la producción nacional, partes de la población deben esperar en largas filas para obtener alimentos de primera necesidad, pero no para su propio consumo, sino para revenderlos a precios exagerados en el territorio nacional y, peor aún, a como contrabando a otros países, con lo cual se agrava aún más la situación, ya que la especulación se hace cada vez más presente sin controles efectivos que la regulen. Esas personas, que en muchos casos son los protegidos por las medidas gubernamentales por ser de escasos recursos, violan la ley y les quitan la posibilidad a otras personas de acceder a dichos alimentos, a menos de aceptar comprarlos con sobreprecio. A lo anterior se le suman las compras nerviosas de alimentos cuando estos se encuentran en los anaqueles.
Lo previamente explicado revela un problema social y cultural, que no es sino por medio de la educación y de controles estrictos por parte del gobierno que permitan disminuir progresivamente con tal delito.
En el mundo existe una crisis alimentaria atribuida, entre otras causas, al aumento de los precios de los alimentos, calentamiento global, desequilibrio entre la oferta y demanda, especulación, restricciones de exportación, costo de la energía, así como el aumento de la producción de biocombustibles, factores demográficos, limitaciones de la producción agrícola, entre otras.
Esos elementos, aunados a la carencia de políticas acertadas en materia de seguridad y soberanía alimentaria, así como a problemas culturales probablemente ocasionados por fallas en la educación o falta de conciencia de los venezolanos, han agudizado en la actualidad la crisis en Venezuela.
Cada día es más común tener que recorrer establecimientos tanto públicos como privados para poder obtener los alimentos requeridos, los cuales no siempre son los que se buscan sino sus sustitutos, que en muchos casos son importados. Cabe destacar que esta importación se ha incrementado de manera significativa en nuestro país, lesionando con ello el sector productivo del mismo y alejando cada vez más la tan anhelada soberanía alimentaria.
Por lo tanto, se hace necesario, de manera urgente, dejar de lado las divisiones que lesionan el bienestar de todos los venezolanos y comenzar a fortalecer el aparato productivo nacional, enalteciendo lo local sobre lo extranjero, culturizando a la población a valorar nuestros recursos y a establecer estrategias que involucren la reestructuración de las organizaciones públicas, en pro de corregir sus fallas para un mejor funcionamiento que se traduzca en la oferta de mayor cantidad de productos venezolanos y con una mayor calidad.
Asimismo, se hace imprescindible el acuerdo con el sector privado del sector alimentario, garantizando así su fortalecimiento y el aumento de su inversión en el país.
Es preciso, además, el establecimiento de controles que permitan evaluar de manera contante los resultados de las políticas y/o acciones implementadas para enfrentar la crisis, logrando así reducirla progresivamente y no solamente por vía de importaciones, las cuales en opinión de la autora representan una solución de hoy para una gravedad futura, de no invertirse en la reactivación del sector agroalimentario nacional de manera efectiva.
Por otra parte, es imperativo revisar las restricciones implementadas, las cuales en muchos casos lesionan a los productores y comercializadores e incluso favorecen los vicios, como la especulación y el contrabando de alimentos. Por tanto, no basta con el establecimiento de un marco legal moderno, se deben reforzar la supervisión en el cumplimiento de la ley y el establecimiento de los controles respectivos para el acatamiento de las mismas, sin prejuicio del tipo de establecimiento.
Ya basta de ver solo los aspectos negativos de la crisis y buscar culpables a la misma en un sector u otro. Es hora de emprender acciones que permitan revertir la tendencia negativa del sector alimentario, entendiendo tendencia como la “propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines” (RAE, 2013). Para ello, se necesita el esfuerzo de todos los venezolanos, tanto los vinculados a la producción, comercialización y distribución de alimentos (del sector público como privado), así como de los consumidores de los mismos.
Se debe ver la crisis como la oportunidad para mejorar y emprender acciones que permitan enrumbar el país hacia el progreso y hacia la consolidación de su seguridad y soberanía alimentaria, lo cual representarían fortalezas significativas en materia de salud, mediante una mejor nutrición de la población, educación y en general: bienestar social.
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