Cristina Seijo Suárez
Universidad Rafael Belloso Chacín
cristinaseijoa@hotmail.com.
Noel Añez Tellería
Universidad Rafael Belloso Chacín
nanezt@cantv.net.
La Administración pública se enfrenta en la actualidad a un reto capital: responder a las demandas sociales con eficacia, manteniendo unos mínimos niveles de calidad en un contexto de creciente servicio a la gente. No obstante, en el seno de las organizaciones humanas se hace necesaria la recuperación de los valores éticos como referentes de su actuación. Las estructuras económicas y políticas son instrumentos al servicio del hombre, como también la Administración Pública debe promover los derechos fundamentales y hacer posible un ambiente de calidad y eficacia en el marco de la legalidad y del servicio público. Cuando se pierde de vista el carácter instrumental de las instituciones y los únicos aspectos que sobresalen son los mercantiles, entonces la lucha por los derechos fundamentales del hombre no puede menos que experimentar un claro retroceso. En virtud de tales reflexiones la motivación de la presente investigación, la cual realiza una discusión sobre la actuación ética en el ámbito público, destacando el papel que debe ejercer la gerencia ética del desarrollo como un enfoque alternativo que trata de orientar las estrategias y las políticas de desarrollo, enfatizando que el fin del desarrollo es la gente.
Palabras clave: actuación ética, diversidad, derechos fundamentales, convivencia humana.
The public Administration faces at present a cardinal challenge: to answer to the social demands with efficiency, supporting a few minimal levels of quality in a context of increasing service to the people. Nevertheless, in the bosom of the human organizations there is done necessary the recovery of the ethical values as modals of his performance. The economic and political structures are instruments to the service of the man, as also the Public Administration he must promote the fundamental rights and to make a quality environment and efficiency possible in the frame of the legality and of the public service. When there gets lost of sight the instrumental character of the institutions and the only aspects that stand out are mercantile, at the time the struggle for the fundamental rights of the man cannot less that to experience a clear setback. There arises from such reflections the motivation of the present investigation, which realizes a discussion on the ethical performance in the public area, emphasizing the paper that must exercise the ethical management of the development as an alternative approach that tries to orientate the strategies and the political ones of development, emphasizing that the end of the development is the people.
Key words: Ethical performance, diversity, fundamental rights, living together humanizes.
Las consideraciones éticas de acuerdo a lo planteado por Conill (1998) en la
función pública tienen una importancia creciente pues no se puede olvidar que el
oficio público supone una tarea de servicio a los demás. La Ética pública, en una
primera aproximación, estudia el comportamiento de los funcionarios en orden a la
finalidad del servicio público que le es inherente.
Es la ciencia que trata de la moralidad de los actos humanos en cuanto
realizados por funcionarios públicos. La Ética pública es, como la Ética en si misma,
una ciencia práctica. Es ciencia porque el estudio de la ética para la administración
pública incluye principios generales y universales sobre la moralidad de los actos
humanos realizados por el funcionario público o del gestor público.
En virtud de ello, se considera práctica porque se ocupa fundamentalmente de la
conducta libre del hombre que desempeña una función pública, proporcionándole
las normas y criterios necesarios para actuar bien. La idea de servicio a la
colectividad, a la sociedad, en definitiva, a los demás, es el eje central de la ética
pública, como lo es la conservación del bien común.
Esta idea de servicio al público es el fundamento constitucional de la
administración y debe conectarse con una administración pública que presta
servicios de calidad y que promueve el ejercicio de los derechos fundamentales de
los ciudadanos. Una Administración que se mueva en esta doble perspectiva, debe
ser una administración compuesta por personas convencidas que la calidad de los
servicios que se ofertan tienen mucho que ver con el trabajo bien terminado y que
es necesario encontrar los intereses legítimos de los ciudadanos en los múltiples
expedientes que hay que resolver.
En este sentido, contribuir a la administración moderna que demanda el Estado
Social y democrático significa, en última instancia, asumir el protagonismo de
sentirse responsables, en función de la posición que se ocupe en el engranaje
administrativo, de sacar adelante los intereses colectivos.
Los cambios políticos, entre los que destaca la implantación generalizada de
sistemas democráticos, los cambios económicos, principalmente la austeridad en el
gasto público impuesta por la crisis fiscal del Estado Social, y los cambios en la
forma de gestión del sector público, mediante la importación de técnicas desde el
management privado y la devolución de actividades hasta ahora públicas a la
sociedad civil. A éstos deben añadirse los cambios tecnológicos que han
revolucionado los instrumentos de gestión, todos estos cambios han influido sobre el
funcionamiento de la Administración y el comportamiento de los propios
funcionarios. (Jozami, 1999).
En este sentido, los principios de ética pública deben ser positivos y capaces de
atraer al servicio público a personas con vocación para gestionar lo colectivo, los
mismos pertenecen al sentido común y traen su causa de las exigencias del servicio
público.
- Los procesos selectivos para el ingreso en la función pública deben estar
anclados en el principio del mérito y la capacidad, y no sólo el ingreso sino la carrera
en el ámbito de la función pública.
- La formación continuada que se debe proporcionar a los funcionarios públicos
ha de ir dirigida, entre otras cosas, a transmitir la idea que el trabajo al servicio del
sector público debe realizarse con perfección, sobre todo porque se trata de labores
realizadas en beneficio de “otros”.
- La llamada gestión de personal y las relaciones humanas en la Administración
pública deben estar presididas por el buen tono y una educación esmerada. El clima
y el ambiente laboral ha de ser positivo y los funcionarios deben esforzarse por vivir
cotidianamente ese espíritu de servicio a la colectividad que justifica la propia
existencia de la administración pública.
- La actitud de servicio y de interés hacia lo colectivo debe ser el elemento más
importante de esta cultura administrativa. La mentalidad y el talante de servicio, se
encuentran en la raíz de todas las consideraciones sobre la ética pública y explica,
por si mismo, la importancia del trabajo administrativo.
- Constituye un importante valor deontológico potenciar el sano orgullo que
provoca la identificación del funcionario con los fines del organismo público en el
que trabaja. Se trata de la lealtad institucional, que constituye un elemento capital y
una obligación central de una gestión pública que aspira al mantenimiento de
comportamientos éticos.
- La formación en ética debe ser un ingrediente imprescindible en los planes de
formación para funcionarios públicos. Además deben buscarse fórmulas educativas que hagan posible que esta disciplina se imparta en los programas docentes previos
al acceso a la función pública. Asimismo, debe estar presente en la formación
continua del funcionario. En la enseñanza de la Ética pública debe tenerse presente
que los conocimientos teóricos de nada sirven si no se interiorizan en la praxis del
empleado público.
- El comportamiento ético debe llevar al funcionario público a la búsqueda de las
fórmulas más eficientes y económicas para llevar a cabo su tarea.
- La actuación pública debe estar guiada por los principios de igualdad y no
discriminación. Además la actuación conforme al interés público debe ser lo
“normal” sin que sea moral recibir retribuciones distintas a la oficial que se percibe
en el organismo en que se trabaja.
- El funcionario debe actuar siempre como servidor público y no debe transmitir
información privilegiada o confidencial. El funcionario, como cualquier otro
profesional, debe guardar el silencio de oficio.
- El interés colectivo en el Estado social y democrático de Derecho se encuentra
en facilitar a los ciudadanos un conjunto de condiciones que haga posible su
perfeccionamiento integral y les permitan un ejercicio efectivo de todos sus
derechos fundamentales. Por tanto, los funcionarios deben ser conscientes de esa
función promocional de los poderes públicos y actuar en consecuencia.
En este sentido, plantea Rajland (1999), que en cualquier caso, la formulación
que se debe dar en estos tiempos a la ética no puede consistir tan sólo en enunciar
valores deseables o atribuirles características ideales a los profesionales, bien sea
éstos directivos o no, sino, por el contrario, se debe ser capaz de situar de manera
práctica y efectiva, en los procesos de fijación de metas y objetivos, y desde allí
impregnar toda la cultura de la organización para que sea compartida por todos los
miembros de la misma y sirva de punto de referencia obligado para llevar adelante
la gestión cotidiana.
Las administraciones públicas deberán fomentar modelos de conducta que
integren los valores éticos del servicio público en la actuación profesional y en las
relaciones de los empleados públicos con los ciudadanos, contemplando una serie
de valores éticos que han de guiar la actuación profesional de los empleados
públicos: voluntad de servicio al ciudadano, eficaz utilización de los medios públicos,
ejercicio indelegable de la responsabilidad, lealtad a la organización, búsqueda de la
objetividad e imparcialidad administrativa, perfeccionamiento técnico y profesional,
entre otros.
La ética pública supone la enseñanza de un conjunto de conocimientos que
deben convertirse en un hábito para el funcionario. No se trata de transmitir ideas
tan interesantes como la lealtad institucional, el principio de igualdad, la
transparencia, el uso racional de los recursos, la promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre otros. Es imprescindible que la actividad del
funcionario esté presidida por un conjunto de valores humanos que están
inseparablemente unidos a la idea del servicio y que, facilitan la idea de sensibilidad
ante lo público, entre lo cual se podría destacar la solidaridad, la magnanimidad o la
modestia, entre otras.
En virtud de lo anteriormente planteado, se hace necesario que sean los propios
empleados públicos los que deben asumir internamente los principios éticos y
aplicarlos a su actuación profesional y a sus relaciones con los ciudadanos. (Sosa,
2002).
La Administración pública presta servicio a la sociedad y es ésta su verdadera
razón de ser, es decir, atender los intereses y derechos de los ciudadanos y los
diferentes grupos que la componen, buscando asimismo el equilibrio de todos ellos,
compatible con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. Como consecuencia,
la organización debe orientar sus procesos a satisfacer las necesidades y
expectativas de los ciudadanos.
Dicho enfoque de Administración con sensibilidad pública y orientada al
ciudadano, implica la consideración de éste como razón de ser de aquella, y mucho
más que un cliente repleto de derechos y árbitro de la calidad del servicio. Según
Gauss (1998), una teoría de la Administración pública debe implicar una teoría
política, y es que la Administración pública es, por supuesto, una institución
prestadora de servicios al ciudadano y a la sociedad en su conjunto.
El ciudadano, en el marco de un interés colectivo, es el principio y el fin de toda
la actividad administrativa y, por ello, debe ser considerado cliente (en su doble
vertiente: como demandante o potencial destinatario o receptor de dichos servicios y
como contribuyente a la financiación de los servicios públicos) y, como tal, repleto
de derechos individuales, compatibles con los colectivos y generales de toda la
sociedad.
De esta forma, la gestión pública debe orientarse a ofrecer un servicio de calidad
al ciudadano, a cumplir sus necesidades y expectativas presentes y prever las
potenciales o latentes que pudieran surgir en el futuro. Dicha orientación debe
buscar el equilibrio de intereses de todos los grupos que integran la sociedad,
buscando la optimización de su función de servicio público y diseñando sus
procesos con tal objetivo.
Al mismo tiempo, la gestión de la administración debe responsabilizarse en la
inversión de los fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios
de legalidad, empleando instrumentos adecuados para la gestión, tanto de su
talento humano como de los diversos recursos, incluyendo la gestión del
conocimiento.
La administración y los poderes públicos son el instrumento de coordinación y
control de la actividad social en aras de la obtención de un bien colectivo (Baena,
1998). Para ello, la propia sociedad se dota de un conjunto de instituciones y
organizaciones. Asimismo, en la consecución de dichos objetivos sociales, la
sociedad otorga a la administración pública la potestad de ejercer un poder
coercitivo sobre sus miembros, que supone las siguientes implicaciones (Mendoza,
2004):
- La administración pública desempeña una serie de funciones que no le son
propias como organización, en la medida en que constituyen necesidades públicas
definidas por la Constitución, las leyes y el proceso político.
- Las administraciones públicas son poderes públicos, que ejercen la autoridad
conferida por la sociedad a través de políticas públicas y la creación y
administración de regulaciones.
- El poder de la administración pública es un poder limitado, encontrándose
sometidas al principio de legalidad, principio éste aplicable tanto al alcance del
poder coercitivo otorgado por la sociedad como el ámbito de su actuación,
estrictamente en aquellos aspectos de interés público.
- Existen dos fuentes de legitimación en el seno de la Administración pública: la
legitimidad del gobierno por parte del parlamento elegido por los ciudadanos, y la
legitimidad de la Administración, como instrumento profesional al servicio de un
programa de gobierno, basada esta última en el principio constitucional del mérito.
La profesionalización de la administración y de los servidores públicos, conlleva
la instauración legal de una burocracia con suficientes garantías de independencia
de juicio y de acción al servicio de la defensa de los valores superiores del
ordenamiento jurídico. Entre dichas garantías resulta fundamental la permanencia
en el empleo y el acceso basado en la selección en función de los méritos y
capacidades.
Dicha profesionalización tiene las siguientes implicaciones (Barcelay, 1992;
Garrido Falla, 1985; Goodnow, 1900; Rohr, 1986; Terry, 1999; Vitoria, 1996):
1. La administración y la burocracia tiene su principal razón de ser en el
sostenimiento y preservación de los principios constitucionales de las democracias.
2. La administración debe ejecutar imparcialmente la ley. La gestión pública
realizada por la esfera de la administración debe aceptar la politización del marco en
el que se desarrolla, y por tanto, la burocracia debe ocupar un papel subordinado,
pero autónomo, con respecto a otras instituciones democráticas y procesos de la
esfera política. Los empleados públicos se centran en la ejecución y sus valores
fundamentales son la jerarquía, eficiencia, imparcialidad y la búsqueda de la verdad.
3. A pesar de dicha relación de subordinación autónoma, los funcionarios tienen el
derecho legítimo y el deber, amparado por la Constitución, de controlar el poder de
los líderes políticos electos.
4. La administración o burocracia, aunque no es electa, tiene una labor de
representación de la sociedad. Labor ésta que debe ejercer a través de su constante
participación en los procesos de toma de decisiones, así como en el ejercicio de su
obligación de asegurar que en las opciones de políticas se produce una razonada
deliberación por parte de todos los implicados.
5. Dado que la burocracia o administración no sólo ejerce labores administrativas,
sino que también, de forma delegada y subordinada, poderes cuasilegislativos y
cuasijudiciales, es fundamental garantizar su permanencia y estabilidad en aras a
garantizar la imparcialidad en la aplicación de las leyes.
6. La gestión pública debe mantener un funcionamiento eficaz y eficiente del
apartado administrativo, pero, además, debe colocar énfasis en la calidad del
servicio y la capacidad de aportación de valor al ciudadano-cliente, a la vez que la
necesaria objetividad e imparcialidad independientemente de partidos y políticas
concretas.
En virtud que la capacidad de actuación de la administración es limitada en lo
que a recursos se refiere, no todas las necesidades sociales se convierten en
problemas públicos cuya solución es afrontada por le Gobierno (Subirats, 1989). Así
la definición de cuáles son los problemas públicos a solucionar se convierte en un
escenario de conflicto en el que compiten los distintos agentes claves o grupos de
interés, tanto sociales como públicos, para la fijación de las prioridades de actuación
públicas (Meny y Thoening, 1992).
El desarrollo humano se ve reflejado no solamente en la calidad de vida de los
individuos de una nación, en la cobertura en salud, educación, seguridad social,
entre otros. Se deben analizar las necesidades de las personas que aún no han sido
satisfechas, como la seguridad. Es conveniente resaltar que en Venezuela existen
altos índices de desempleo en comparación con otros países, y este es un factor
muy importante en virtud que si una persona no está empleada, no estará en
capacidad de satisfacer muchas de sus necesidades básicas y caerá en una crisis
emocional al no encontrar una manera de responder por sus obligaciones.
Esta situación genera un clima de inseguridad, violencia y pobreza. Para lograr
un desarrollo sostenible, el estado debe cambiar o reformar sus políticas y
enfocarlas hacia un modelo de gobierno basado en la equidad, sin dejar a un lado
las variables macroeconómicas, con el fin de centrarlas en la calidad de vida de los
ciudadanos para que estos posean cobertura total en educación, salud, seguridad
social, y así lograr que todo individuo esté en capacidad de satisfacer sus
necesidades básicas.
En este sentido, la ética de la gestión pública debe plantearse como un agente
activo que estimula a los ciudadanos a participar socialmente y responsablemente
en la vida pública, contribuyendo en la búsqueda de ese bien común; esta situación
obliga a los políticos a rendir cuentas de su actuación y crea exigencias éticas de
solidaridad entre los ciudadanos y funcionarios públicos.
En este orden de ideas, el estudio de ética pública, sugiere el reforzar la
confianza en los organismos públicos, para lo cual se debe colocar en marcha, una
definición de una misión clara para el servidor público, de tal forma, que puedan
ayudar a los poderes públicos, a encontrar nuevos medios de valorar la integridad y
cohesión con los ciudadanos respecto a rasgos valorativos sobre los cuales
interactuar como parte de la función pública.
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