Jesús García Guiliany*
Universidad Rafael Belloso Chacín. Venezuela
Hirio Zabala Capitillo**
Universidad Rafael Belloso Chacín. Venezuela
El estado venezolano, es factor estratégico del desarrollo de los sectores de actividad productiva; no obstante, hasta la fecha se ha denotado una ausencia manifiesta de políticas de estado, en términos de fortalecer las empresas ciudadanas. En este contexto, la estabilidad de una política gubernamental es deseable, porque ofrece a la población una sensación de seguridad en el ámbito económico, social; permitiendo mejorar las expectativas de los actores sociales. En consecuencia, este estudio adquiere relevancia, en la perspectiva de formular lineamientos estratégicos orientados al equilibrio permanente entre las necesidades de estabilidad legal del sector productivo y los requerimientos del cambio del entorno; propiciando la participación de todos los sectores productivos que hacen vida en el país. En este sentido, se refieren, los resultados de un estudio aplicado en una muestra censal, tomando como unidad de información a los gerentes y representantes de 123 empresas, cooperativas y empresas de producción social ubicadas en el municipio Maracaibo, a objeto de analizar las políticas de estado como sustento de las organizaciones ciudadanas. La metodología utilizada fue descriptiva, de campo, con diseño no experimental, transeccional. La recolección de datos, consistió en revisión documental, teórica y aplicación de un cuestionario de 21 ítems. Su validez fue sometida al juicio de seis expertos. La confiabilidad por alfa de combracht, con un valor de 0.85. Los datos fueron analizados utilizando estadística descriptiva, con distribución de frecuencias absolutas y porcentuales. Los resultados evidencian; desconocimiento de las políticas de estado, poca participación de las organizaciones productivas, el no fortalecimiento económico, social, humano y medioambiental del sector productivo.
Palabras clave: Políticas de Estado; consenso, sostenibilidad, responsabilidad social, organización ciudadana.
The been Venezuelan, she is factor strategical of the development of the sectors than activity productive; in spite of, til the date oneself he happens denote an absence manifest than political than been, in terms of toughen the companies citizens. In this sense , the stability than a political governmental she is deseable , in as much as she offers at the population a thrill than sureness in the scope of frugal , sociality permitted better the expectancies of the actors sociality. Consequently, this survey acquired relevance, on the perspective than formulate lineaments strategical oriented at the equilibrium permanent between the necessities than stability legal of the sector productive and the requirements of the rate of exchange of the environ; propitious the share than all the sectors productive than they make life on the country. On this heartfelt , oneself referent , the results than a survey studious on a token census , seizing sort of drive than information at the age of managers and representatives than 123 companies , cooperatives and companies than output sociality located on the township Maracas, , to object of dissect the politics of status as sustenance of the organizations citizens. Her methodology utilized it was descriptive, of open country, with design not experimental transeccional. Her recollection of data, consist at revision documentary, theoretical and diligence of one questionnaire of 21 items. Her validity it was conqued at the trial of six experienced. Her confiabilidad around alpha of combracht, with one worth of 0.85. The data you were analyzed utilizing statistics descriptive, with handout of frequencies outright and porcentuales. The aftermath obviousness desconocimiento of the politics of status, small participation of the organizations fruitful, the not fortalecimiento thrifty, socialism, of humankind and environmental of the sect productive.
Key words: Politics of Status; consensus, sostenibilidad, onus socialism,
organization citizen.
*Post-Doctorado en Gerencia de las Organizaciones, Doctorado en Ciencias Gerenciales,
Maestría en Gerencia de Mercadeo, Ingeniero Industrial.
**Doctorado en Ciencias Gerenciales, Maestría en Gerencia de Recursos Humanos
Las políticas de estado deben proveer espacios dentro de los cuales puedan
vislumbrarse diversidad de criterios, pues esto flexibiliza el espectro de participación
y direcciona los procesos comunicacionales, en forma tal de acoger acciones
compactas, respetadas por todos los actores participantes e involucrados, que sean
duraderas en el tiempo, con modificaciones o transformaciones según requieran las
circunstancias de cada país, para contrarrestar la acción de factores exógenos o
endógenos. Las políticas de estado implican el acuerdo entre los diferentes fuerzas
y / o sectores que hacen vida en una nación, con la finalidad de adoptar en forma
consensuada ciertos acuerdos estratégicos a mediano y largo plazo, que permitan la
salud social de los ciudadanos, estado y gobierno.
En ese sentido indica que la ausencia de políticas estadales que orienten los
programas sociales, así como la falta de mecanismos de participación de la
sociedad civil en los procesos de decisión acerca de las políticas públicas, son los
mayores obstáculos al logro del desarrollo tanto inclusivo como económico; en
consecuencia se dificulta alcanzar mejor calidad de vida para las presentes y futuras
generaciones.
Las políticas del estado se conciben como una totalidad coherente y conexa de
valores ético-políticos; de manera tal, que su identidad material descansa
precisamente en el conjunto de valores supremos y principios fundamentales que la
caracterizan y la distinguen de cualquier otra normativa legal.
En este contexto, es indudable como éste es uno de los temas de vital
importancia en el momento de buscar un tipo de organización orientada no solo a la
búsqueda de perpetuidad en el tiempo, sino ofrecer respuestas a la sociedad donde
está inserta; ésta representa el centro de atención de la llamada Empresa
Ciudadana.
En otras palabras, la responsabilidad en la empresa se basa en lo que están
dispuestas a hacer, y no en lo que deben hacer. Se trata de oportunidades, no de
obligaciones ni de nuevas reglas, En pocas palabras, es modo de añadir valor a su
empresa mediante un análisis más detenido de algunos de los aspectos sociales y
medioambientales de las actividades empresariales, esto la define como Empresa
Ciudadana.
De allí, que esta categoría se convierta en nueva estrategia corporativa que
implica el compromiso de las empresas, a través de la aplicación sistemática de
recursos, para respetar y promover los derechos de las personas, el crecimiento de
la sociedad y el cuidado del ambiente. Este compromiso, se traduce en acciones
concretas que buscan el beneficio de todos los actores involucrados en las
actividades de la empresa, (accionistas, trabajadores, proveedores, distribuidores y
la comunidad en su conjunto) alcanzando un mejor desempeño y logrando su
sostenibilidad y la de su entorno.
En estas consideraciones, la finalidad del presente trabajo fue generar un aporte
al basamento teórico sobre políticas públicas y empresas ciudadanas, estudiando
en dicha relación los enfoques de los diferentes autores de las ciencias sociales,
visualizando su implementación en el caso de las organizaciones venezolanas.
Establecer consensos estratégicos entraña un gran desafío para la ciudadanía y
los gobiernos en cada país del mundo, dado que las mismas circunstancias que dan
origen a la necesidad de adoptar políticas de estado, estarán presentes en el
proceso a través del cual se las define y asume. Entonces, cada quien intentará
incluir en estas estrategias sus propios intereses, defendiendo la particular visión del
desarrollo.
En este sentido, para instaurar adecuadamente políticas de estado debe
producirse una importante convergencia de intereses y percepciones, lo cual
permitirá seleccionar lineamientos estratégicos con suficiente consenso, como para
asegurar un sustento apropiado con el transcurso del tiempo; por tanto, aquellos
temas en los que no se llegue a un aceptable nivel de acuerdo, se mantendrían en
la esfera de la legítima disputa política.
Bajo este orden de ideas, las políticas de estado deben proveer espacios dentro
de los cuales puedan vislumbrarse diversidad de criterios, pues esto flexibiliza el
espectro de participación y direcciona los procesos comunicacionales, en forma tal
de acoger políticas de estado compactas, respetadas por todos los actores
participantes e involucrados, y que sean duraderas en el tiempo, con modificaciones
o transformaciones según requieran las circunstancias de cada país, para
contrarrestar la acción de factores exógenos o endógenos.
Al respecto, Sansón (2004) plantea que las políticas de estado implican el
acuerdo entre los diferentes fuerzas y / o sectores que hacen vida en una nación,
con la finalidad de adoptar en forma consensuada ciertos acuerdos estratégicos a
mediano y largo plazo, que permitan la salud social de los ciudadanos, estado y
gobierno.
Dentro de este contexto, Morales (2007) indica que la ausencia de políticas
estadales que orienten los programas sociales, así como la falta de mecanismos de
participación de la sociedad civil en los procesos de decisión acerca de las políticas
públicas, son los mayores obstáculos al logro del desarrollo tanto inclusivo como
económico; en consecuencia se dificulta alcanzar mejor calidad de vida para las
presentes y futuras generaciones.
Por su parte en México, plantea Bustos (2004) el principal desafío del siglo XXI,
es disminuir la pobreza y moderar la desigualdad que existe entre los diferentes
estratos de la población; por tanto la política de desarrollo social enfrenta retos, para
lo cual es indispensable crear las condiciones que amplíen la satisfacción de las
necesidades sociales y el disfrute de los derechos individuales y generales. Ese
bienestar social solo será posible, a través de políticas de generación de empleos
permanentes, bien remunerados, amén de crecimiento económico como resultado
de políticas de estado de carácter fiscal, social, monetario y financiera.
En el caso de América Latina, según Cimolli y otros (2007) el tema de las
políticas de estado adquiere una particular importancia, primero porque su historia
republicana está marcada por una suerte de pugna entre la inestabilidad política,
generada por las sediciones contra el poder, y la institucionalización democrática; y
segundo, porque a partir de la década del 70 del siglo XX se encuentra en un
proceso de construcción del nuevo estado democrático con marcado énfasis en lo
social.
Por su parte, De Banon y Bañón (2005) señalan que hoy las políticas del estado
se conciben como una totalidad coherente y conexa de valores ético-políticos; de
manera tal, que su identidad material descansa precisamente en el conjunto de
valores supremos y principios fundamentales que la caracterizan y la distinguen de
cualquier otra normativa legal.
Asimismo, para los mencionados autores, es indudable como éste es uno de los
temas de vital importancia en el momento de buscar un tipo de organización
orientada no solo a la búsqueda de perpetuidad en el tiempo, sino ofrecer
respuestas a la sociedad donde está inserta; ésta representa el centro de atención
de la llamada Empresa Ciudadana.
Es importante acotar, según Pisanni (2000) que en América Latina, y
específicamente en Venezuela, cualquier institución pública o privada requiere de
una credibilidad, un consentimiento de la sociedad para poder actuar y realizar sus
objetivos. Esta legitimidad social depende de su capacidad para responder a los
problemas y necesidades de la sociedad, de los bienes y servicios que pueda
aportar, por su utilización eficiente de determinados recursos escasos, esto le otorga
la categoría de Empresa Ciudadana. De esta capacidad y del cumplimiento de las
expectativas que la sociedad ha depositado en cada una de sus actuaciones, deriva
su responsabilidad frente a grupos internos y externos.
La responsabilidad en la empresa se basa en lo que están dispuestas a hacer, y
no en lo que deben hacer. Se trata de oportunidades, no de obligaciones ni de
nuevas reglas, En pocas palabras, es modo de añadir valor a su empresa mediante
un análisis más detenido de algunos de los aspectos sociales y medioambientales
de las actividades empresariales, esto la define como Empresa Ciudadana.
De allí que esta categoría se convierta en nueva estrategia corporativa que
implica el compromiso de las empresas, a través de la aplicación sistemática de
recursos, para respetar y promover los derechos de las personas, el crecimiento de
la sociedad y el cuidado del ambiente. Este compromiso, se traduce en acciones
concretas que buscan el beneficio de todos los actores involucrados en las
actividades de la empresa, (accionistas, trabajadores, proveedores, distribuidores y
la comunidad en su conjunto) alcanzando un mejor desempeño y logrando su
sostenibilidad y la de su entorno.
Surge de allí la motivación de la presente investigación, cuyo objetivo es analizar
el desarrollo de las políticas de estado como sustento de las organizaciones
ciudadanas en el período 1998-2007; caracterizado según Vallaeys y Carrizo (2006)
por una corriente derivada del constructivismo humanismo, no perfilada en su
totalidad, con un corte populista, donde el estado es en parte actor estratégico del
desarrollo de los sectores de actividad; no obstante, hasta la fecha se ha denotado
una ausencia manifiesta de políticas de estado, en términos de fortalecer las
empresas ciudadanas.
Por supuesto, la estabilidad de una política es una cualidad muy deseable,
porque da a las conciencias de los ciudadanos una sensación de seguridad que
redunda en beneficio del orden, la industria y la y la economía; y a la vez porque
permite acumular experiencias que hacen posible el mejoramiento de las
expectativas de los agentes sociales.
En consecuencia, se hace necesario el desarrollo de políticas de estado
capaces de enfrentar la restricción positiva de los derechos de la ciudadanía, el
cuestionamiento y reducción de espacios públicos y la mercantilización generalizada
de una política social, que transforma en clientes de una serie de acciones
focalizadas y complementadas por el desarrollo y estímulo oficial de iniciativas
filantrópicas, donde se cristaliza un nuevo estado y escenario proclive a las acciones
de resistencias y condiciones de lucha social.
El estudio se desarrolló, tomando como unidad de información a los gerentes y
representantes de empresas, cooperativas y empresas de producción social
legalmente registradas, activas y disponibles para acceder a la información
requerida, ubicadas en el municipio Maracaibo. La investigación abarcó el período
Septiembre 2007 a Julio 2008, insertándose en la línea de investigación Gerencia
Pública y Gobierno, específicamente en el contexto de Políticas Públicas bajo los
enfoques teóricos de Sansón (2006), Mokate y Saavedra (2004), y Morales (2005);
en tanto que en el ámbito de las Empresas Ciudadanas, se consideró los estudios
de González (2006), Lozano (2002).
Desde el surgimiento de la teoría del estado con Maquiavelo, padre de la ciencia
política, se explicaba a la divinidad no sólo como un fin del Estado, sino como fin de
la existencia y de la trascendencia universal. Con el transcurrir del tiempo, las
concepciones del Estado y sus fines, cambiaron su foco al humanismo, primero con
una clara tendencia individualista que fue sustentada por el liberalismo que apenas
se gestaba.
Al respecto, Ferrater Mora (1985) citado por Xirau (2002) plantea que el Estado
se contempla como el baluarte que garantiza la realización de los valores como la
libertad, la justicia, la seguridad y los servicios públicos, estos últimos se
transforman entonces en las aspiraciones que se espera alcancen en la entidad
estatal. Por lo tanto, esos juicios de valor son los fines que el ser humano pretende
conseguir al convivir inmerso en la realidad del estado, valores que tiendan a la
realización del bien general, que es la meta última de todos los Estados.
Agrega también Xirau (2002) que una de las consecuencias del humanismo
racionalista, fue el estudio del poder que asumían los reyes. Montesquieu, a partir
del análisis que realizó a la organización política británica, patentizó que en todo
gobierno existen tres funciones fundamentales e indispensables para la efectiva
realización del acto de gobernar. Esas tres funciones son la legislativa o creación de
preceptos jurídicos abstractos; la ejecutiva que consiste en la aplicación de la ley a
casos concretos, y la judicial que se refiere a la resolución de controversias jurídicas
entre los individuos y entre los órganos gubernamentales.
Del mismo modo Montesquieu, mencionado por Xirau (2002) propuso, que la
única forma en que se podía garantizar la libertad y la justicia a los ciudadanos, era
que el rey, que hasta entonces había concentrado en su persona el poder total, ya
no tuviera facultades absolutistas.
De las teorías de ese pensador surgen tres órganos en los cuales se depositan y
distribuyen ese trío de funciones y que comúnmente se conocen como poderes. El
congreso o parlamento, dividido generalmente en dos cámaras, la de senadores y la
para la creación de la Ley.
El ejecutivo, cuyo titular en algunos Estados es un órgano Colegiado y en otros
casos un rey, o presidente constitucional como en México, cuya función es la
aplicación o la ejecución de la Ley. Por último, el Judicial cuya función consiste en la
resolución de conflictos mediante la actualización de los preceptos a los conflictos
de casos concretos.
Por otra parte, cuando se hace referencia a las atribuciones del Estado, se habla
de derechos y obligaciones que la Ley otorga como prerrogativa o facultades
expresas a los órganos que componen el gobierno. En la Constitución se expresa el
contenido fundamental de la actividad que corresponde realizar a cada uno de los
órganos depositarios de las funciones gubernamentales.
La Constitución aporta a los ciudadanos la certeza jurídica de que la actividad
que cada uno de los órganos públicos desempeña, se realiza conforma a derecho y
por lo tanto sujetas a las atribuciones conferidas por la Ley Suprema, y de no ser así
la propia Carta Magna contempla las defensa que los ciudadanos pueden esgrimir
en caso de arbitrariedades.
En otro orden de ideas, los cometidos del estado son las tareas que realizan los
órganos estatales al efectuar cada una de las facultades tendientes a la realización
de las funciones de que sean depositarios.
Una de las características de los cometidos del estado es que en realidad la
definición de servicio público les es a todos inherente, considerando entonces las
tareas que realiza al interactuar en la realidad social para efectuar el fin último del
país que es el bien común.
En esos casos, para Sansón (2006) más que considerar el mérito intrínseco de
proyectos y propuestas en cuanto a su capacidad de contribuir al desarrollo nacional
o local, prevalece una actitud de desvirtuar al adversario y negar validez a cualquier
iniciativa originada en otra tienda política; esto es, una práctica muy generalizada en
el ámbito político. A decir del autor citado, el adversario es transformado en enemigo
y las afrentas van cristalizando irreconciliables distancias y rencores. Mientras tanto
no se logran resolver los problemas de fondo.
En esa lucha, no es de extrañar que los formadores de opinión terminen
cayendo bajo el fuego cruzado de presiones, favores, amenazas o prebendas. La
dinámica que se impone es tan perversa que arrastra aun a aquéllos que no
comparten esa mezquina forma de hacer política. Personas de bien y políticos
honestos se ven ante la disyuntiva de desviar energías para rebatir la mentira y el
engaño, o concentrarse en el trabajo constructivo sin enfrentar la diatriba, con lo que
facilitan que la manipulación o la corrupción ocupen crecientes espacios de
conducción.
Cuando el problema toma dimensiones sistémicas ya no es posible dejarlo en
manos de los individuos que nos representan; no pueden ellos por sí mismos
revertir la situación. Es la hora entonces de una movilización ciudadana que fuerce
un cambio sustancial en la forma de conducir la interacción política. Es necesario
imponer a todas las fuerzas políticas significativas el mandato de adoptar de forma
consensuada ciertos acuerdos estratégicos de mediano y largo plazo que nos
permitan avanzar como Nación: es decir, luchar para que se elaboren y aprueben
Políticas de Estado.
Por otro lado, la Revista Movimiento Ciudadano Metropolitano (2006) de la
Universidad Autónoma de México, describe que la politiquería amenaza
permanentemente la salud social. Es uno de los tantos desafíos que las sociedades
enfrentan. Si bien existen leyes y normativas que buscan frenar esas desviaciones y
gente de coraje que permanece firme a pesar del clima adverso, ese permanente
forcejeo de baja política da paso a peligrosas y costosas discontinuidades en la
gestión de la cosa pública. Políticas y proyectos de la más alta prioridad estratégica
para el país terminan siendo botín de luchas subalternas e intereses disfrazados.
El problema de las discontinuidades es político con gravísimas consecuencias
sociales y económicas. La falta de horizontes y trayectorias estratégicas firmemente
consensuadas atenta contra una plena utilización del potencial nacional o local de
desarrollo. No son pocos los ejemplos de desafíos que requieren ser encarados con
horizontes más largos que uno o dos períodos de gobierno. Hay temas de fondo en
prácticamente todas las esferas del desarrollo que requieren de una visión de
mediano plazo y continuidad de tratamiento, ya sea en educación, salud,
infraestructura básica, financiamiento de la política, seguridad, medio ambiente,
política industrial, pesquera, agropecuaria, minera, turismo, entre muchas otras.
En este orden de ideas, Sansón (2006) explica que para hacer frente a esos
desafíos que trascienden la coyuntura política existen las Políticas de Estado.
Entendiendo por estas, los acuerdos estratégicos que se adoptan por consenso de
las fuerzas políticas significativas de un país, una provincia o una localidad, para
asegurar que ciertas líneas de acción se mantendrán más allá de los
circunstanciales cambios que pudieran sucederse en la conducción política de un
país, provincia o municipalidad. De este modo se establece un compromiso público
de sostener en el tiempo esfuerzos considerados estratégicos y que, como tales, no
se los somete a los vaivenes de los humores políticos de cada elección.
Las Políticas de Estado, según el referido autor, podrían ser adoptadas con
cláusulas que resguarden y aseguren su vigencia y prioridad. Por ejemplo, podría
aprobarse una norma que estableciese que las principales asignaciones
presupuestarias, debieran ser explícitamente justificadas en términos de las
Políticas de Estado vigentes.
En este sentido, Mokate y Saavedra (2004) manifiestan que la adopción de
políticas de estado será siempre un proceso de compleja definición. Pero aun así,
es preferible avanzar paso a paso en este propósito y luchar después porque estos
acuerdos efectivamente se cumplan que carecer por completo de acuerdos
estratégicos.
Por tanto, lo que debiera quedar claro, según los precitados autores, es que no
habrá nada de mágico en la adopción de Políticas de Estado y que, una vez más,
liderazgo automático podrá reemplazar el esfuerzo de las organizaciones
ciudadanas por mantenerse alerta. Pero al menos, se contará con referencias de
mediano plazo para contrastar la acción de los gobiernos de turno y obligarlos a
rendir cuentas en función de esos acuerdos estratégicos de fondo.
Además, para sustentar adecuadamente las Políticas de Estado debe producirse
una importante convergencia de intereses y percepciones. Ello permitirá escoger
aquellos lineamientos estratégicos que reúnan suficiente consenso como para
asegurar que tendrán un sustento adecuado con el paso del tiempo. Los demás
temas donde aún no pudiera lograrse un aceptable consenso se mantendrían en la
esfera de la legítima disputa política.
Por otra parte, para Ortega (2003) sería ilusorio pensar que las orientaciones
estratégicas sobrevivirán inmutables el paso del tiempo. Si todo el contexto fáctico
va transformándose con los años, no debiera sorprender que también las Políticas
de Estado requiriesen de ajustes para poder acompañar con más efectividad los
nuevos desafíos y requerimientos que surgen de las realidades cambiantes. Pero
una cosa es la frecuencia con la que cambian las administraciones y, otra muy
distinta, la evolución y transformación de circunstancias básicas del funcionamiento
nacional o local.
Lo que se impone es una prudente periodicidad para encarar ajustes y que los
cambios estratégicos cuenten con los mismos niveles de consenso con que
originalmente esas Políticas de Estado fueron aprobadas: es crucial asegurarles un
piso de sustentabilidad. Por ejemplo, las Políticas de Estado podrían ser revisadas
cada cuatro u seis años, salvo excepciones fundadas en circunstancias inesperadas
o razones de fuerza mayor.
El ajuste de las Políticas de Estado debiera ser objeto de un tratamiento especial
alejado en lo posible de los períodos electorales que son más proclives al
canibalismo político, la diatriba, las promesas irresponsables y la liviandad de las
conductas.
En otro orden de ideas, Sansón (2006) indica que el sostenimiento en última
instancia de las Políticas de Estado será siempre la voluntad popular; por lo que
habrá que trabajar permanentemente sobre el esclarecimiento de todas las
personas. Ése, es un trabajo que las organizaciones sociales pueden cumplir como
complemento y control de quienes hacen política partidista y de quienes hacen
política sectorial.
Sin embargo, las Políticas de Estado se formalizan a través de normas legales
que se adoptan por acuerdo entre quienes representan a los partidos políticos. La
acción ciudadana sirve para forzar a los partidos a establecer esos acuerdos y,
reemplazarlos. Como la adopción de estas políticas suele imponer importantes
restricciones para los gobernantes de turno, es muy posible que se desarrollen
intentos para desvirtuarlas y evadir esas restricciones.
En este mismo contexto, Morales (2005) plantea que existen muchas formas de
desvirtuar las políticas de estado: “la más inconveniente es dejarlas como letra
muerta, como enunciados vacíos que no se corresponden con las decisiones
concretas que conforman las regulaciones y los presupuestos públicos” (Pág.17).
Esto puede enfrentarse con un monitoreo constante de la consistencia entre lo
estratégico y lo coyuntural, a través de organizaciones civiles especializadas
apoyadas por los medios de comunicación independientes.
Una manera de viciar la vigencia de las políticas de estado ya aprobadas es por
la vía cuantitativa: se asignan algunos recursos a esos propósitos para poder
justificar que se los está respetando pero, los mayores recursos en proporciones
muy superiores se los dedica a otros propósitos que no encuadran en las Políticas
de Estado.
Asimismo, una opción de adulterar las Políticas de Estado es a través de la
corrupción. Se toman decisiones que encuadran y son consistentes con las Políticas
de Estado pero, al mismo tiempo, se contrabandea corrupción, clientelismo o
liviandad de compromisos.
Bajo esta premisa, Morales (2005) agrega no debiera sorprender que sea difícil
sostener las Políticas de Estado. El manejo de la cosa pública implica alinear y
administrar múltiples intereses que van evolucionando con el tiempo. Esto no es
sencillo, pero al disponer de referencias de mediano plazo se generan mejores
condiciones para vigilar e incidir sobre las trayectorias deseadas. Como se indicó,
no hay mejores custodios de esas trayectorias que la propia población involucrada,
alerta y organizada.
En el mismo orden de ideas, Pisanni (2000) citado por Mokate (2004) indica que
algunos dirigentes, con la mayor buena fe y muchos, indudablemente, pensando
que ayudan al sector, han promovido la idea de hacer una "legislación especial"
para "proteger" las micros y pymes. Acotando el autor citado, que nada más
equivocado pues no tiene ningún sentido pensar en legislaciones especiales para
regular la actividad económica mayoritaria.
Para Morales (2005) las leyes impositivas no hacen diferencias. Exactamente el
mismo tratamiento y los mismos requisitos que se establecen para una gran
empresa, deben ser cumplidos por una pequeña empresa. En un país en el cual -al
menos hasta ahora- es casi un delito ser emprendedor, el sistema tributario ha sido
concebido como un castigo así como las obligaciones laborales, los trámites de
registro y formalización, las obligaciones ambientales o el ordenamiento territorial.
Queda claro que para abordar este orden contraproducente, o este desorden sin
más, no se debe esperar lo que ofrezca un candidato o un programa de gobierno.
Hay que hacer otra cosa: identificar y reunir los socios potenciales entre los
empresarios, la gerencia financiera, los académicos y los ejecutivos institucionales,
para diseñar y echar adelante una agenda que no es propiamente la de un sector, la
de las cooperativas, las micro, pequeña y mediana empresas (Comipyme), sino un
proyecto de solución económica para el país que tiene que ver con la verdadera
generación de riqueza en lugar de la simple administración de la riqueza petrolera a
favor de los "sectores excluidos". Se da la oportunidad, de poner a trabajar juntos la
ciencia, la tecnología y el sector financiero con el sector productivo, en una
operación en la que todos ganan.
Si acaso alguna vez, afirma el citado autor, el petróleo en Venezuela ha dejado
de ser la respuesta a los problemas estructurales del país para llegar a convertirse
en un fenómeno de gran importancia coyuntural que tiene su propio futuro en riesgo
por cuanto de sus ingresos los administradores de la Nación han puesto a depender
la nómina y el déficit fiscal del gobierno de turno.
En este sentido, Calderón Berti (2007) afirma “hoy día el petróleo es el factor de
mayor importancia coyuntural en una economía dominada estructuralmente por el
papel que juegan las empresas básicas” -aquellas que sostienen 6 de los 7.4
millones de habitantes que trabajan en el sector privado de la economía- es decir, la
micro, pequeña, mediana empresa y cooperativas (Revista Producto)
Para este especialista, en la época sin inflación y con enormes ingresos
producidos por el boom petrolero del 73 - 74, la banca venezolana llegó a
intermediar un 25% del Producto Interno Bruto (PIB) lo cual, si bien era una cifra
relativamente importante, estaba muy por debajo del 40% o 45% que en los países
industrializados.
Actualmente, agrega, esa misma banca apenas media entre un 5% y un 7% del
PIB, dejando que sean los agiotistas y los proveedores de insumos quienes hagan
el gran negocio financiando las micros, pequeñas y medianas empresas y
substituyéndolos en lo fundamental de su negocio. Si bien es cierto que la banca, en
términos generales, no se ha distinguido hasta ahora por ser moderna, eficiente ni
arriesgada, las dificultades que estructuralmente sufre el sector productivo y el de
ciencia y tecnología para acceder al financiamiento tiene mucho que ver con la
mentalidad general a la que se ha hecho referencia.
Es decir, ya que buena parte del problema se debe a que las leyes y
regulaciones que rigen al sector financiero fueron concebidas pensando en la
relación que mantienen las grandes empresas con la banca, exigiéndose
seguridades, índices de garantías y requisitos que sólo las empresas de gran
tamaño pueden cumplir y que luego -por el mal uso que se ha hecho del principio de
"igualdad ante la Ley"- se constituyen en trabas insalvables para las micros y
pequeñas y medianas empresas aún en aquellos casos en los que los bancos
quisieran prestar.
Considerando lo antes expresado, en América Latina se han desperdiciado
muchas oportunidades y perdido mucho tiempo, pero, si realmente se quiere dar un
salto hacia adelante, hay que comprender que las políticas económicas no son
solamente financieras. En el hecho productivo confluyen diversas áreas de cuya
interacción depende la competitividad del país.
El principal instrumento de política hoy, aquel que vendría a llenar el más
importante vacío en esa materia, es definir una estrategia que apoye el aparato
productivo que se tiene, que no es otro que uno compuesto por cientos de miles de
emprendedores que quieren desarrollar sus ideas e iniciativas y no encuentran un
terreno propicio para construir empresas prósperas y modernas a tono con la
realidad mundial.
Para Morales (2005) las políticas de estado deben diseñarse, de manera tal que
se logre fortalecer el desarrollo de programas sociales y las diversas modalidades
de participación de los sectores de la sociedad civil. Con esto, se logrará disminuir la
brecha existente en el ámbito económico y social, generándose oportunidades de
crecimiento productivo, disminuyendo la pobreza.
Bajo esta perspectiva, la gestión del estado al fomentar garantía efectiva de
derechos y la participación de los actores sociales que hacen vida en el país,
ampliará la esfera pública y motivará la interacción estado-sociedad civil y sociedad
civil-estado, de modo que ambos compartan esfuerzos y responsabilidades, a la
hora de optimar las condiciones y calidad de vida de la población.
Al respecto Sansón (2006) plantea, que desde el estado se debe planificar
acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a fortalecer las capacidades de
los ciudadanos, para ampliar sus opciones u oportunidades de alcanzar una vida
digna, sin discriminación, pobreza, injusticias; creando valores de libertad, equidad,
inclusión, respeto a la diversidad, entre otros aspectos.
Según el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2001-2007) las
políticas económicas del gobierno venezolano, están orientadas a desarrollar la
economía productiva. Esto implica, una diversificación de los sectores públicos y
privados con la intención de alcanzar un crecimiento sostenido y diversificado, a
través del aumento de la economía exportadora no petrolera.
Asimismo, el citado documento gubernamental menciona la gestión para
eliminar la volatilidad económica, mediante la reducción de la incertidumbre y los
costos generados por los cambios no previstos en el mercado. Igualmente se
pretende con estas políticas económicas, el mejoramiento y rentabilidad de la
producción, con la colocación de productos primarios y secundarios en mercados
internos y externos.
Por su parte, el Ministerio de Planificación y Desarrollo según decreto con
Fuerza de Ley Orgánica de fecha 13-11-2001, establece que al formular estrategias
de desarrollo económico para la nación, se pretende ampliar y profundizar la
democracia económica enfatizando en la cultura del trabajo productivo, diversificar
la economía no petrolera; también se busca estimular la economía social
equilibrando la participación autogestionaria, además de hacer converger diversas
formas de propiedad con relaciones de producción y consumo urbano-rural.
El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2001-2007) establece
que el objetivo de sus políticas tiene como objetivo alcanzar la justicia social,
mediante la ampliación y profundización de la democracia social en todos los
campos que le conciernen, a saber; educativo, de alimentación, salud, vivienda, la
cultura, recreación y seguridad.
En este sentido, el citado documento indica que se plantea una
corresponsabilidad del estado y la sociedad en su conjunto, como legítimo y efectivo
poder ciudadano de participación y protagonismo; lo cual se evidencia en la
incorporación de nuevos actores, destacando la acción comunitaria, para formular,
ejecutar y evaluar políticas públicas y rendición de cuentas; constituyéndose así el
control social en una pieza clave de la intervención del estado.
Cuando se hace referencia de empresa ciudadana, se trata según Lozano
(2002) de constatar una tendencia que comporta un notable cambio de perspectiva.
Una propensión que implica la asunción de que la empresa no constituye solamente
una institución económica, sino también una institución social. O, dicho con otras
palabras, que ser una institución económica es su manera específica de ser una
institución social.
Así pues, se trata de gestionar, dirigir y valorar las empresas a partir de la
integración de todas las dimensiones sociales que las configuran. Reducir una
empresa a su dimensión económica, constituye una burda simplificación que ya no
resulta ni tan siquiera útil para comprender y gestionar su complejidad. Se podría
decir que una empresa contemporánea gestiona cuatro capitales: el económico, el
humano, el social y el medioambiental. En consecuencia, su actuación ha de ser
valorada en relación con estos cuatro capitales, y no sólo en relación con el primero
de todos ellos.
Esta comprensión integrada de la empresa, capaz de enfocarla a un tiempo
desde el mercado y desde la sociedad es lo que, hace plausible hablar de la
empresa ciudadana; o sea, de una organización que se concibe como empresa de
carácter social y no como substituta o invasora del Estado; o como neutralizadora
de los movimientos sociales o de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
Pero la asunción completa de sus responsabilidades resulta compleja: incluye un
compromiso económico, humano, social y medioambiental. Una empresa es
ciudadana en la medida en que se valora desde su contribución a la sociedad, y no
simplemente desde su capacidad de maniobra en el mercado y ante la legislación.
Es evidente que esta tendencia hacia una empresa ciudadana no es automática, no
se desarrolla por el mero hecho de hablar de ella (como si la palabra tuviera en este
punto poderes mágicos), ni es la única tendencia posible que se nos ofrece.
Así, requiere también, por ejemplo, de una cierta predisposición por parte de los
poderes y las administraciones públicas y, ciertamente, de presión y movilización
sociales. Como explicaremos a continuación, la experiencia nos permite comprobar
que muchos cambios se han producido a causa de una combinación, en dosis
variables, de presión social hacia las empresas, por una parte, y de voluntad y
disponibilidad a la apertura y al diálogo por parte de las empresas, por otra. De
hecho, resulta sintomático que muchas de las metodologías que están
desarrollándose tengan en común el hecho de centrarse en propiciar
sistemáticamente el diálogo de la empresa con su entorno, y en traducir este diálogo
en instrumentos de gestión.
De allí que, para Lozano (2002) la idea de empresa ciudadana constituye la
última etapa, adaptada a los nuevos tiempos, de una preocupación por las
relaciones entre empresa y sociedad. Una etapa que incluye una nueva
denominación y tal vez la incorporación de elementos nuevos en la visión de la
gestión empresarial, pero que, en cualquier caso, es el resultado de un proceso
evolutivo quizá ligado al gran paraguas de la globalización. De allí que, hablar de
empresa ciudadana comporta un cambio cualitativo que va más allá de una
reconversión apropiada para los tiempos de la globalización.
De hecho, desde la perspectiva más continuista se habla más de ciudadanía
corporativa que de empresa ciudadana, aunque quizá sea esto afinar en exceso. En
cualquier caso, la apuesta por la empresa ciudadana es, la apuesta por una
determinada comprensión de la empresa, aunque muchos de los elementos que la
componen puedan compartirse con otras comprensiones. Por todo ello, antes de
ensayar la propuesta de lo que configura una empresa ciudadana, quizá resulte
conveniente señalar algunas temáticas y preocupaciones más concretas que han
convergido en la configuración de la agenda de la empresa ciudadana.
Por su parte Vallaeys y Carrizo (2006) entienden por empresa ciudadana aquella
que alcanza un rendimiento extraordinario en todos los campos (rentabilidad,
crecimiento, perdurabilidad y prestigio), gracias al esfuerzo de incorporar a las
estrategias corporativas tanto la eficiencia empresarial como la responsabilidad
ciudadana.
El proyecto “Empresa Ciudadana” pretende con el tiempo la conversión de
buena parte de las organizaciones colombianas en empresas ciudadanas,
comenzando con un mínimo de 15 empresas líderes, visionarias, interesadas en
lograr de manera simultánea la maximización de resultados y la construcción de un
mejor país, en el que imperen la paz y el bienestar general.
El punto es que no se trata de construir una empresa que solamente sea
rentable, sino una que genere tal nivel de prosperidad individual y colectiva, que el
mundo sintiera que ha perdido un valor esencial si esa organización llegara a
desaparecer. Y la gran conclusión es que aquellas empresas que generan una
contribución social significativa y duradera, también generan mucha más riqueza.
Otro beneficio destacable de convertir la empresa en empresa ciudadana, es
que mejora la confianza al interior de la organización y, consecuencialmente, el
clima laboral, los índices de rotación del personal, el nivel de compromiso de éste, la
capacidad de innovación y creatividad, la capacidad de asumir riesgos calculados, y
los índices de productividad y rentabilidad.
Según lo reseña Chávez (2004) la tipificación de una investigación, se establece
de acuerdo con el tipo de problema que se desea solucionar, los objetivos que se
pretendan lograr y la disponibilidad de recursos. En este orden de ideas, este
estudio se cataloga por su propósito como documental apoyado en la
fundamentación de Ibáñez (2004) cuando expresa que este proceso implica la
identificación, localización y análisis sistemático de documentos que contienen
información relacionada con el problema abordado.
En este caso, la investigación documental permitirá el análisis crítico de
documentos relacionados con las políticas del estado venezolano, orientadas al
sector productivo. Por otra parte, también se considera aplicado por cuanto se
pretende ofrecer alternativas de solución a la problemática planteada en cuanto a
Políticas de Estado como Sustento de la Organización Ciudadana.
Sobre este aspecto, la citada autora afirma que los estudios aplicados tienen
como finalidad resolver una situación en un periodo de tiempo corto. En relación al
método de estudio la investigación se identifica como un estudio descriptivo de
campo, debido a que se propone conocer grupos homogéneos, al mismo tiempo
busca identificar las características del universo de investigación, determinando
formas de conductas y actitudes, estableciendo comportamientos concretos de
hechos, fenómenos, situaciones o fuentes de hechos.
Según Hernández, Fernández, Baptista (2005) un estudio descriptivo, es aquel
que busca especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis.
En el mismo orden de ideas, Bavaresco (2003) afirma que las investigaciones de
campo o “In Situ”, se realizan en el propio sitio donde se encuentra el objeto de
estudio lo cual permite el conocimiento más a fondo del problema por parte del
investigador. En tal sentido, en los estudios de campo de los datos se recogen de
forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador. Los datos
son originales resultados de la investigación en curso y sin intermediación de
ninguna índole.
Asimismo, su característica de investigación es de campo ya que pretende
formular e indagar en nuevas teorías y de la misma manera incrementa los
conocimientos existentes sobre el tema, por otro lado es descriptiva debido a que se
basa en el análisis para señalar las características del objeto de estudio.
Cuadro 1
Distribución de la Población
| Denominación de la Población | Número de Integrantes |
|---|---|
| Gerentes de empresas inscritas en ACIZ-Maracaibo | 53 |
| Representantes de Cooperativas de SUNACOOP | 49 |
| Representantes empresas Producción Social | 21 |
| TOTAL POBLACION | 123 |
Del Cuadro 1 puede observarse, que la población en estudio puede ser
calificada como finita, siguiendo la fundamentación de Sierra Bravo (2003) quien
indica que este tipo de universos está integrado por menos de cien mil (100.000)
personas. Así como también se tipificó como accesible, por cuanto se hace fácil su
ubicación al momento de aplicar el instrumento.
En cuanto al Primer Objetivo: Revisar las políticas de estado que impactan el
cumplimiento de las demandas sociales por parte de las empresas ciudadanas
(período 1998-2007).
El Estado establece mecanismos institucionales, para lograr que los recursos y
acciones públicas, asociadas con el progreso, se asignen y realicen de manera
planificada, con la misión de encausarlos a los fines y objetivos políticos, sociales,
culturales y económicos descritos en la Constitución.
Sin embargo, existiendo el marco jurídico regulatorio, que permite la
Planificación, Dirección, Evaluación y Control del sector productivo, su nula
aplicabilidad no beneficia a los actores sociales que hacen vida en el País. En
consecuencia, la potenciación de las Empresas Ciudadanas depende básicamente
de darle operatividad a la Carta Magna.