Recibido: 19/03/2012 Revisado: 07/05/2012 Aceptado: 14/05/2012
Kadi, Omar
PDVSA, Venezuela
ingenierokadi@gmail.com
Forero, Ayma
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Venezuela
aymaforero@gmail.com
García, Oscar
Universidad del Zulia, Venezuela
oscarg2180@gmail.com
El presente artículo tuvo como objetivo analizar la perspectiva de conciencia ecológica bajo fundamentos de políticas de estado ampliamente sustentables. El estudio fue de tipo descriptivo, con un diseño no experimental documental. Bajo un análisis comparativo, buscando explicar el papel que juegan las políticas de estado para el desarrollo de una gestión ambiental transparente que incentive a una educación en todos los niveles sectoriales para la sustentabilidad como mecanismo activador de la conciencia verde en la persona. Basado en los aportes doctrinarios de: Goleman (2009); Arellano (2011), Gomera (2008), Febles (2004), Vargas (2007), entre otros, quienes han desarrollado investigaciones sobre las políticas públicas ambientales. En tal sentido, existen debilidades institucionales con respeto a la existencia de derechos de propiedad y uso inadecuados; la falta de información y de oportunidades para que los implicados locales participen en la toma de decisiones; y la escasa implantación y supervisión de las normas ambientales. En virtud de ello, dentro de un sistema de controles directos como el que actualmente existe, no se garantiza el óptimo aprovechamiento y asignación de los recursos naturales. En este orden de ideas, se concluye que a nivel organizacional la gestión ambiental sustentable no es un fin en sí mismo, sino un medio que tiene que ser construido con mucho cuidado por apego más a ley que a un valor de acción compartida.
Palabras clave: Conciencia ecológica, Conciencia verde, Política de estado, Sustentable.
This article aims to analyze the perspective of ecological consciousness in fundamentals of state policy sustainable widely. The study is descriptive, with no experimental documentary. Under a comparative analysis seeks to explain the role of state policy for the development of environmental management transparent that encourages education sector at all levels as a mechanism for sustainability activator of green consciousness in the person. Based on input doctrinaire, Goleman (2009), Arellano (2011), Gomera (2008), Febles (2004), Vargas (2007), among others, who have conducted research on environmental public policy. In that sense, today there are institutional weaknesses with respect to the existence of property rights and misuse, lack of information and opportunities for local participation involved in the decision-making and poor implementation and monitoring of environmental standards. Under this, within a system of direct controls such as currently exists, does not guarantee the optimal use and allocation of natural resources. In this vein, we conclude that at the organizational level sustainable environmental management is not an end in itself, but rather, a means must be carefully constructed for attachment to the law more than a value shared action.
Key words: Environmental awareness, Green awareness, State policy, Sustainable.
Desde una visión teórica se hace necesario rescatar la importancia de la gestión
ambiental como manejo de las actividades o conductas del hombre, que influyen de
manera relevante sobre el ambiente, haciendo énfasis hacia la protección
medioambiental; no debe entenderse como función exclusiva del Estado, razón por la cual
el derecho a la información y a la participación ciudadana es constitutivo del derecho a un
entorno sano, en línea a lo sostenido tras el desarrollo del VII Congreso Venezolano de
Derecho Ambiental (2001).
A ello se le engloba el hecho de los ordenamientos jurídicos de los países de América
Latina, donde se aprecia homogeneidad en cuanto a la consagración y desarrollo del
derecho humano a un ambiente sano, a través de la incorporación en los textos
constitucionales y en leyes ambientales (Políticas Públicas), que incluyen pautas,
principios y políticas de carácter general.
Lográndose así, armonizar la protección del ecosistema con el contexto socio -
económico y cultural de la población (sustentabilidad); para que a la par la educación
verde se haga más aplicable y efectiva hacia la ejecución de las normas jurídicas
ambientales. En este sentido, el derecho ambiental como fuente e instrumento de la
política de la misma estimularía la función ciudadana de la gestión propiamente
desarrollada.
Por otra parte y apegados a Planas (2000), todo desarrollo ecológico debe ser dirigido
hasta las esferas superiores de cualquier organización para fundar en ella la necesidad de
conciencia sobre las acciones medio ambientales, sin fallas a leyes o doctrinas que rijan
el tema; evitándose así que estos se involucren en delitos penales por decreto ambiental.
El mismo autor refiere la necesidad de preguntarse en el nivel más alto, corporativo o
empresarial ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa en la sociedad y en la economía?
La respuesta de los textos de gerencia habla de la producción de utilidades para los
accionistas. Dicho enfoque ha sido uno de los más extendidos en el mundo occidental de las escuelas de negocios, no obstante, muestran a las utilidades como una necesidad de
supervivencia de las empresas, pero no su misión, ni lo que justifica su existencia o
presencia en el mundo verde para posicionarse con productos de calidad y protección al
consumidor.
En virtud de ello, la responsabilidad ética corporativa así como la responsabilidad
ecológica derivada de esta, debe trascender los linderos del mero cumplimiento de la
normativa legal establecida (Políticas de Estado) así como de la obtención de resultados
exclusivamente económicos a corto plazo, por lo que supone, en concordancia con
Cortina (1996), un planteamiento de tipo estratégico capaz de afectar tanto la toma de
decisiones como la operatividad de toda la organización, crear valor en el largo plazo
logrando contribuir significativamente a la obtención de ventajas competitivas, duraderas y
por sobre todo comprometidas ético-ambientalmente-rentable, siendo a su vez esto último
la propuesta de ser para dicha investigación teórica.
El tema de sustentabilidad viene enfocado a través de la base epistémica del
desarrollo sustentable, a lo cual Gomera (2008) expone como ese equilibrio entre lo
ecológico, lo social y lo económico, esa garantía de que las generaciones presentes
puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer las posibilidades de las
generaciones futuras de hacer lo propio.
Las percepciones y el conocimiento de las personas sobre los problemas ambientales
suelen ser tangenciales, haciendo uso de los recursos naturales sin ser realmente
conscientes de ello (ni cualitativa ni cuantitativamente), esto lo expone el mencionado
autor; debido al hecho de ser conductas, actitudes o hasta dimensiones que en conjunto
conforman el concepto de conciencia. Siendo esta la contribuyente directa hacia la
formación integral de la persona, dentro de su educación como acción a todos los niveles.
De ello que la educación para la sustentabilidad pretenda ser ese eslabón activador de
la conciencia ecológica en la persona. Este término es definido como el sistema de
vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación
con el medio ambiente (Febles, 2004 en Alea, 2006). Se trata de un concepto
multidimensional en el que han de identificarse varios indicadores (Chuliá, 1995, citado
por Moyano y Jiménez, 2005); de los cuales concretamente se pueden distinguir cuatro
dimensiones:
• Cognitiva: referida al grado de información y conocimiento sobre cuestiones
relacionadas con el medio ambiente. Se habla en esta dimensión de IDEAS.
• Afectiva: enfocada a la percepción del medio ambiente, creencias y sentimientos en
materia medioambiental. Se refiere esta característica a las EMOCIONES.
• Conativa: dirigida a la disposición para adoptar criterios proambientales en la
conducta, manifestando interés o predisposición a participar en actividades y aportar
mejoras. En esta cualidad se evalúan ACTITUDES.
• Activa: es la realización de prácticas y comportamientos ambientalmente
responsables, tanto individuales como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o
de presión. Se estudian CONDUCTAS.
Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo sustentable tal, que
integre la variable ambiental como valor en su toma de decisiones diarias, se hace
necesario que este alcance un grado adecuado de conciencia ecológica a partir de unos
niveles mínimos en sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y conativa. Dejando en
claro la acción de estos niveles en forma de sinérgica, así como dependientes del ámbito
geográfico, social, económico, cultural o educativo en el cual el individuo se posiciona.
Finalmente, toda acción dentro de la educación ambiental es facilitar la resolución de
un determinado problema ecológico. La conciencia ambiental o ecológica del individuo
determina sus decisiones en este ámbito, por lo que analizarla, diagnosticarla y
desarrollar herramientas para potenciarla constituye un paso básico a la hora de diseñar e
implementar planes y programas eficientes de materia de políticas de estado que desean
regular aceptablemente para todos el tema.
En Venezuela la política ambiental se caracteriza por la aplicación de controles
directos; por lo que cualquier experiencia en instrumentos económicos es escasa y
aislada, así lo afirma Ortega y Sbarato (2007); seguido expone el nacimiento de una
consecuencia abierta, la desmotivación al cumplimiento con el medio ambiente.
La gestión de la contaminación, así como de los recursos naturales, se apoyan en el
cumplimiento tanto de una extensa como una compleja legislación, que es ejemplo en el
mundo en la parte amonestataria por su dureza y a la vez por su apertura ante las
sanciones sobre fallos medio ambientales; sin embargo la contabilización tanto de los
costos ambientales como de políticas de fijación de precios de los recursos naturales no
han sido desarrollados dentro del actual sistema de mercado (desconocimiento y no
cumplimiento por vocación dentro de las organizaciones).
Según la teoría económica de política ambiental, los instrumentos de mercado pueden
conducir a que se logren objetivos sociales y ambientales que reflejen una rentable
eficiencia económica. Por su parte, otra ventaja de los mecanismos existentes, tales como
los cargos por emisión; es que estos permiten la obtención de ingresos para el ejecutivo
nacional mediante el control de la contaminación.
Con base en lo expuesto, y con el fin de evaluar los incentivos de mercado existentes
como instrumentos de política ambiental en Venezuela, se desarrolló un estudio
(Economic Instruments for Environmental Management Country Background Study: Venezuela, noviembre, 1996) el cual analizó el actual marco legal e institucional
relacionado con la política ambiental en Venezuela.
Por otro lado, la evaluación macroeconómica, social y sectorial de la gestión ambiental
a través de los instrumentos microeconómicos es de enorme importancia para Venezuela,
dado los actuales cambios sociales, políticos y económicos que atraviesa el país para los
actuales momentos del año 2012, que son ampliamente vigentes ahora y comparables
para cuando fueron medidos por el recién nombrado.
Con base en los análisis desarrollados por Ruitenbeek y Seroa (1997), avalados por el
Gobierno Venezolano, se presentan a continuación, como aval de preocupación en la
nación suramericana por repuntar avances en la creación de una política pública
comprometida con su medio ambiente, considerando que Venezuela junto a Brasil son los
pulmones naturales del continente americano por contar con los reservorios amazónicos
que los posicionan en tal renglón.
La política ambiental en Venezuela registra un cambio considerable en las últimas dos
décadas del siglo XX, pasando de intentos conservacionistas a el uso racional de los
recursos naturales como parte de políticas de desarrollo del gobierno actual. Los objetivos
ambientales y las estrategias políticas son más independientes desde que se elaboró el
Sexto Plan de la Nación, con el cual se incluyó la posibilidad de emplear impuestos
piguvianos para la gestión ambiental, consolidándolo luego con la creación del Primer
Plan Socialista de la Nación, en el año 2007, en el que se involucra nuevamente el tema
dentro de las líneas potenciales referidas a la Suprema Felicidad Social (Ambiente
Sustentable) y a la de Venezuela: Potencia Energética Mundial (Tratados Ambientales
mundiales en el área).
A nivel de gobierno central la autoridad es el Ministerio del Ambiente, el cual fue
creado en 1976. El principal curso de acción del citado organismo ha sido la provisión de
fondos públicos para obras de saneamiento. De esta manera, la gestión ambiental
conjunta que incorpora a empresas privadas y ONG no recibe recursos humanos y
financieros suficientes. La organización del Ministerio ha evolucionado desde una
estructura centralizada hasta una horizontalmente dispuesta, en la cual cada área de
problema ambiental específico tiene una división correspondiente dentro del Ministerio.
Algunas de las divisiones más importantes dentro de la actual organización del MPP
para el Ambiente (2012) son: conservación de cuencas, calidad del aire, y educación
ambiental. Sin embargo, estas divisiones no son financieramente independientes y el
presupuesto total del Ministerio depende del tesoro público nacional. Los factores antes
mencionados son de suma importancia al discutirse y analizarse la factibilidad que tiene la
aplicación de instrumentos de mercado como mecanismos de gestión ambiental en
Venezuela.
El marco legal ambiental en Venezuela a juicio de Antakly (1998), es considerado
muy avanzado en términos de sus normas ambientales y de su alcance. Sin embargo,
varios autores señalan el hecho que otorga un excesivo poder discrecional y asigna
responsabilidades que se superponen entre diversas entidades. En algunos casos los
Ministerios de Energía y Defensa comparten la responsabilidad de hacer cumplir las
regulaciones ambientales con el Ministerio del Ambiente. Igualmente, los Ministerios de
Agricultura y Salud participan en la formulación de normas ambientales. Algunas normas
ambientales son fijadas a niveles excesivamente altos como para ser cumplidas o no toman en cuenta las condiciones y características particulares de los ecosistemas en
cuestión.
Los principales instrumentos legales que abordan aspectos relativos a la calidad
ambiental son la Ley Orgánica del Ambiente (Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, 1976) reformulada y referida nuevamente por el Gobierno
Bolivariano en 2006, y la Ley Penal del Ambiente (Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, 1992) plenamente vigente a la actualidad. Este último
instrumento define crímenes y sanciones ambientales (multas y arresto).
A nivel local, las agencias regionales especiales asumen un papel cada vez más
importante en la tarea de hacer cumplir las normas, en los programas de saneamiento, y
en el desarrollo de la educación ambiental. Los municipios son directamente responsables
de la gestión de los desechos sólidos. Desde el decenio de 1990 (para cuando nacen
dichas doctrinas de gobierno) estas instituciones se han estado fortaleciendo política y
financieramente. Los municipios tienen el derecho, dentro de su jurisdicción, de cobrar
sus propios impuestos y ejercer el control sobre los establecimientos comerciales,
industriales, y agrícolas.
Como se mencionó en párrafos anteriores, dentro de la gestión ambiental desarrollada
en Venezuela ha predominado un esquema de comando y control. Además de las
normas, las cuales se hacen cumplir mediante multas y demandas por perjuicios
ambientales; restricciones sobre la utilización de tierras son ejercidas para proteger
bosques, cuencas, y otros ecosistemas. Actualmente también se está empleando el
otorgamiento de licencias como instrumento para la gestión ambiental.
Es importante resaltar que los instrumentos de mercado per se no han sido
considerados, aunque existen algunas experiencias que han considerado instrumentos
económicos o contabilizado los costos ambientales de la degradación ambiental. Algunos
de estos instrumentos implícitamente reconocen los problemas ambientales como una
externalidad, aún cuando ninguno de los costos ambientales se considera en el sistema
de precio al momento de aplicar un determinado instrumento:
a) Incentivos fiscales: la exoneración de impuestos corporativos fue implantada
durante las décadas de 1970 y 1980, para ser luego derogada en 1994 por reformas a la
ley de Impuestos a los Activos Empresariales. El propósito había sido el compensar a
aquellos que invirtieran en equipos, tecnologías o infraestructura destinada al
mejoramiento o a la conservación del medio ambiente. La exoneración fue hasta de 15%
durante 5 años. Este instrumento no produjo mejoras en la asignación de recursos y pudo
haber generado una excesiva inversión de capital en sistemas de abatimiento de la
contaminación.
b) Sistemas de tarifas Industriales basadas en Volumen de Desechos Sólidos: el
propósito de este instrumento es la recuperación de los costos del sistema municipal de
recolección y disposición final de los desechos sólidos. Ha sido implementado con relativo
éxito en la región Nor-central y en el estado Zulia. Los principales problemas enfrentados
son la escasez de rellenos sanitarios y dificultades de monitoreo. Las tarifas cobradas por la disposición final de los desechos sólidos son importantes en los costos operacionales
de ciertas industrias que innovan para reducir la producción de desechos sólidos.
c) Compensación financiera debido a la explotación de los recursos naturales:
tradicionalmente, esto ocurre en la economía venezolana dentro del régimen de
concesión para la explotación petrolera. El objetivo general de este instrumento es
estimular la utilización racional de los recursos. Las regalías, junto con los ingresos de los
impuestos al sector petrolero, constituyen la principal fuente de ingresos para el gobierno.
d) Impuestos a la deforestación: los impuestos para la reposición de los bosques
nacionales son pagados por los usuarios que no efectúan actividades de reforestación a
fin de financiar proyectos públicos de reforestación. Los impuestos a la deforestación no
han sido efectivos porque el nivel del impuesto no corresponde al costo marginal de la
reforestación.
e) Incentivos sobre la demanda final: entre estos se incluyen las prácticas de gestión
ambiental auto-impuestas de acuerdo a las normas internacionales y a la imagen
corporativa doméstica.
- Reciclaje: los sistemas de depósito-devolución han sido muy efectivos en el reciclaje
de vidrio. El reciclaje de latas de aluminio y de papel está aumentando
considerablemente.
Según Hernández (2009), las políticas públicas son un instrumento de trabajo
mediante el cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente,
ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil. De igual manera lo
señala Kelly (2003), como el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen
político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las
mismas o llevarlas a niveles manejables. Afirma también la autora, que no se debe
confundir la política pública con la ley o la norma, ni tampoco se asimila a la política
económica. La política pública implica:
- Un acto de poder.
- La materialización de las decisiones de quienes detentan el poder.
- La suposición de tomas de posición que involucra una o varias instituciones
estatales.
En síntesis, para los autores de esta investigación se conceptualiza como política
pública a todo cúmulo y curso de acciones de gobierno, las cuales propongan adecuar,
continuar o generar nuevas realidades deseadas en el nivel territorial e institucional,
contrastando intereses sociales, políticos o económicos, articulando los esfuerzos de los
actores y organizaciones que ejercen presión en defensa de dichos intereses, dejando por
sentado que para que una política es verdaderamente pública, cuando al menos un 60%
de su acción de desarrollo se orienta al beneficio social.
Con ello los artífices de dicho artículo exponen la política pública en su función de una
cualidad mediadora entre diversos intereses. Entendiendo también la política como un
solo al desarrollo de procesos de negociación y conciliación entre grupos con diversos
intereses. Seguidamente se afirma que para el estudio dado en el caso de las políticas
públicas en ambiente, se tiene que:
- Las políticas públicas en ambiente son originadas y operativizadas por un actor
público revestido de autoridad; en este caso, los diversos niveles de gobierno estatal. Sin
embargo, otros actores públicos o de la sociedad civil pueden e incluso deben ejercer
influencia en la intencionalidad y participar en acción de las políticas, pero su impulso
originario es competencia de quien está revestido de autoridad.
- El análisis de la política pública en ambiente debe tener en cuenta la intencionalidad
de la misma política, sus determinantes y en especial el objeto de análisis es la acción
pública que ya se mencionó con la denominación de output. En este sentido, el análisis de
la política pública es esencialmente pragmático.
- La política pública en ambiente involucra los objetivos y los medios para alcanzarlos.
En este sentido, el ente territorial dispone de una autonomía relativa para definir las
intervenciones que se realizan a través de regulaciones, planes, programas y proyectos
de ambiente.
- La política pública en ambiente no tiene siempre como intencionalidad solucionar un
problema en forma definitiva, sino que, tal como se señaló, solo pretende la mayoría de
veces llevarlo a una situación manejable.
- Para realizar el análisis de las políticas públicas en ambiente se pueden utilizar
varios enfoques tales como el de etapas o modelo secuencial que divide el proceso de
producción de políticas en una secuencia lineal y progresiva. El enfoque de las etapas o el
modelo secuencial se fundamenta sobre el principio que la producción de políticas
públicas se centra en la resolución de problemas, tal como se esquematiza en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1. Modelo Secuencial para producir una PP en base a la solución del problema
| RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| 1. Reconocimiento del problema | 1. Fijar la agenda |
| 2. Proponer solución | 2. Formular la política |
| 3. Escoger una solución | 3. Tomar decisiones |
| 4. Aplicar la solución | 4. Implementar la política |
| 5. Apreciar los resultados | 5. Evaluación |
Fuente: elaboración propia.
Con estas premisas resumidas en el cuadro anterior se establece la ventaja del abordaje para la creación de políticas públicas por etapas; donde se facilitan las compresiones del proceso de producción de estas desde la base del problema con enfoque inequívoco hacia la solución.
La sustentabilidad ambiental debe ir acompañada de una serie de políticas
encaminadas a atenuar los daños al medio ambiente y mejorar la gestión de los
ecosistemas. Este desafío presenta dos dimensiones:
- Por un lado, hacer frente a la escasez de recursos naturales para las personas
pobres del mundo.
- Por el otro, mitigar los daños al medio ambiente derivados del alto consumo de las
personas posicionadas.
Muchos de los problemas medioambientales derivan de la pobreza, creándose a
menudo un círculo vicioso en el que esta condición agrava la degradación ambiental;
haciendo que esta a su vez agudice la penuria, creándose entonces un ciclo crítico difícil
de abandonar. De ello que se derive el siguiente cuadro donde se objetivan las acciones
ambientales que coadyuven en la problemática.
Cuadro 2. Desarrollo – alcance y conjunción del los objetivos ambientales
| OBJETIVOS | RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE |
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre |
El sustento y la seguridad alimentaria de los pobres dependen a menudo de los bienes y servicios del ecosistema. Los pobres suelen tener pocos derechos sobre los recursos ambientales y un acceso inadecuado a los mercados, a la toma de decisiones y a la información ambiental, lo que limita su capacidad de proteger el medio ambiente y mejorar su sustento y bienestar. La falta de acceso a los servicios energéticos también limita las oportunidades de producción , especialmente en las zonas rurales. |
2. Lograr la educación primaria universal |
El tiempo dedicado a ir a buscar agua y leña reduce el tiempo disponible para la educación. Además, la falta de energía, agua y servicios sanitarios en las zonas rurales desanima a los maestros cualificados a trabajar en los pueblos pobres |
| 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer |
Generalmente, son las mujeres y las niñas las que cargan con la recogida de agua y combustible, lo de la mujer que reduce el tiempo y las oportunidades de que disponen para la formación , alfabetización y realización de actividades generadoras de beneficios. A menudo, las mujeres tienen menos derechos que los hombres y carecen de tenencia segura de la tierra y otros recursos naturales, lo que limita sus oportunidades y capacidad para acceder a otros bienes de producción. |
4. Reducir la mortalida infantil |
Las enfermedades ligadas a la suciedad del agua y a una higiene inadecuada (como la diarrea) y las infecciones respiratorias relacionadas con la contaminación son las principales responsables de la mortalidad de los niños menores de cinco años. La falta de combustible para hervir el agua también contribuye a la existencia de enfermedades transmitidas a través del agua que se pueden prevenir. |
5. Mejorar la salud materna |
Respirar aire contaminado en el interior de las viviendas y transportar grandes cargas de agua y leña perjudica la salud de las mujeres, que como consecuencia de ello pueden tener más problemas y complicaciones durante el embarazo. Sin energía para iluminación ni refrigeración y sin condiciones higiénicas adecuadas, la atención médica es muy precaria, especialmente en las zonas rurales. |
6. Combatir las principales enfermedades |
Hasta el 20% de las enfermedades que afectan a los países en desarrollo puede deberse a factores de riesgo ambiental (tal y como sucede con la malaria y las infecciones parasitarias). Las medidas preventivas para reducir tales peligros son tan importantes como el tratamiento en sí y a menudo son más rentables. Las nuevas medicinas obtenidas de la biodiversidad son una promesa para luchar contra las principales enfermedades. |
7. Formentar una asociación mundial para el desarrollo |
Muchos problemas ambientales mundiales (el cambio climático, la pérdida de la diversidad de especies, el agotamiento de las reservas pesqueras mundiales) únicamente pueden solucionarse mediante asociaciones entre países ricos y pobres. Asimismo, las inversiones depredadoras de recursos naturales pueden hacer aumentar la sobreexplotación de los activos medioambientales en los países pobres. |
Fuente: elaboración propia.
Bajo las premisas expuestas anteriormente en el cuadro, se logra inferir por los
autores de esta investigación que las políticas ambientales deberían descansar sobre
seis principios:
- Consolidación de las instituciones y de la gobernabilidad.
- Integración de la sustentabilidad ambiental en todas las políticas sectoriales.
- Mejora de los mercados y supresión de las subvenciones nocivas para el medio
ambiente.
- Refuerzo de los mecanismos internacionales de gestión ambiental.
- Inversión en ciencia y tecnología para el medio ambiente.
- Aumento de los esfuerzos para conservar ecosistemas esenciales.
Con base en ello se deja en claro que muchos problemas ambientales tienen su
origen en fallos institucionales (de ahí que se rijan por las seis premisas expuestas), así
como en la debilidad de la gobernabilidad. Cabe destacar tres debilidades institucionales
especialmente importantes para la gestión ambiental: la existencia de derechos de
propiedad y usos inadecuados; la falta tanto de información como de oportunidades para
que los implicados locales participen en la toma de decisiones; así como la escasa
implantación y supervisión de las normas ambientales.
Los graves problemas ambientales que se registran en la actualidad deben ser objeto
de una actuación integral, por parte, no sólo de los ciudadanos de cualquier país sino
también de todas las organizaciones que lo conforman en su contexto económico, social,
cultural y político. Cada vez más se identifican en la sociedad personas, grupos sociales y
organizaciones, las cuales manifiestan con sus acciones pro-ambientalistas, un grado de
conciencia ambiental que ayude, desde diversas perspectivas, a dar impulso a las
mejores soluciones posibles para dicha problemática.
Seguidamente y con base al aparte sobre la erradicación de la pobreza bajo premisas
de políticas públicas y resurgimiento de la sustentabilidad ambiental, Goleman (2009)
afirma bajo su teoría económica que el poder de la transparencia ambiental (gestión
ambiental) proviene de información esencial para cambiar las decisiones de los
consumidores, permitiendo a su vez crear nuevos incentivos para los negocios
adaptando sus prácticas a las prioridades de estos y la sociedad.
En la misma línea, los autores en apego a lo expuesto por Arellano (2011),
manifiestan que en las organizaciones (entes de estado reguladores) se debe considerar
que la diversidad de personas y de ideas conlleva a la ambigüedad dentro de la acción
organizacional y esta ambigüedad puede ser en unos casos positiva para mantener el
orden coadyuvante en el logro de la sustentabilidad para la política ambiental. Pero en
otros casos puede ser negativa para ese mismo orden organizacional.
Esto implica a todo entender, que no está comprobado para una empresa o ente de
estado, que políticas más transparentes generen mejores resultados, en cualquier
circunstancia. Por lo cual se concluye, a nivel organizacional la gestión ambiental sustentable no es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual se constituyen con mucho
cuidado por apego más a ley que a un valor de acción compartida.
A los entes de Estado y gobiernos regionales, se les recomienda que regulen el tema
ambiental en defensa y apego de las leyes establecidas en el país Suramericano:
- Eliminación progresiva de los subsidios de energía, entiéndase por ello, aquel que
va direccionado solo al combustible (gasolina) de uso vehicular.
- Precios reales para el recobro por el servicio de agua potable por medio de la red
pública.
- Construcción y gestión de rellenos sanitarios para desechos tóxicos y sólidos,
aislados de los rellenos existentes para el tratamiento de basura comercial y doméstica.
- Revisión de las normas actuales sobre calidad de agua y aire.
- Extender la descentralización del Ministerio del Ambiente a niveles regionales, más
con régimen de acción y sanción, que como meras oficinas de atención o fiscalización.
A los entes empresariales deben demostrar transparencia en sus acciones
ambientales, como sinónimo de gestión ambiental para los autores; pues estas deben
medirse y evaluarse tanto interna como externamente, por los entes reguladores, de
forma que se compruebe su comportamiento ético-ambiental, así como el alcance logrado
en su gestión. La protección del ambiente es una de las razones por las cuales se han
impulsado la creación y aplicación de políticas de responsabilidad social que lleven a la
transparencia de la gestión empresarial.
Al ciudadano común deben crear internamente un despertar por la equidad y el
cuidado de las áreas de esparcimiento urbano y rural, que no se espere hasta tener la
sanción para desarrollar una acción intrínseca que los haga participes del ecosistema
como valor agregado en él y no como factor destructor.
A los medios de divulgación de información, crear líneas de publicidad donde se
profese en el ciudadano, el empresario, el rector de gobierno y en todas y todos los
despertares de la conciencia verde, evitando daños al medio ambiente más por convicción
que por miedo a la penalidad. Estos medios llegan a todos los niveles sociales,
desarrollen de la mano de entes gestionadores de políticas ambientales y educación
programas publicistas-educativos los cuales sean entendidos y aceptados en todo ámbito
sin ambigüedad, manejando un lenguaje universal dentro de la perspectiva constructivista.
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