GESTIÓN DE LA BANCA PÚBLICA: UNA ALTERNATIVA PARA LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA NO BANCARIZADOS

(Bank management for alternative public sectors of the economy unbanked)

Recibido: 23/04/2013   Revisado: 22/05/2013  Aceptado: 03/06/2013

Chirinos, Damari
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela
Email-damarichi1964

Prieto, Ronald
Universidad de la Costa, Colombia
ronaldprieto1@hotmail.com

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo analizar la gestión de la Banca Pública como alternativa para los sectores de economía no bancarizados, la metodología utilizada fue documental-descriptiva con un diseño bibliográfico. Una de las funciones principales del gobierno nacional de la República Bolivariana de Venezuela a través de la banca pública es darle impulso e insertar en el sector productivo a todos aquellos emprendedores y empresas que deseen contribuir con el desarrollo económico del país. Por ello, la banca pública debe realizar esfuerzos organizacionales, para proyectar sus productos y/o servicios financieros, a través de los medios y herramientas, a aquellas personas que no tienen acceso regular a los servicios de la banca tradicional, vale decir servir a la gente emprendedora que está inserta en la llamada economía informal. Es decir, poder contar con una banca oficial transparente como eficiente que contribuya a promover el ahorro, canalizar el crédito hacia proyectos de crecimiento, enfocados a cumplir con las políticas del estado venezolano y no a intereses particulares.

Palabras clave: Gestión, Banca pública, Sector no bancarizado.

ABSTRACT

This article aims to analyze the management of public banks as an alternative for unbanked economy sectors; the methodology used is descriptive documentary bibliographic design. One of the main functions of the national government of the Bolivarian Republic of Venezuela through public banks is to give impetus and insert in the productive sector to all entrepreneurs and businesses who wish to contribute to the economic development of the country. Thus, public banks organizational efforts in projecting their products and / or financial services, through the media and tools, especially those people who do not have regular access to traditional banking services, namely serving enterprising people that is embedded in the so-called informal economy. That is, to have a transparent and efficient official bank that would promote saving, channel credit to growth projects, aimed at meeting with Venezuelan state policies and not special interests.

Key words: Management, Public bank, Sector unbanked.

INTRODUCCIÓN

Los vertiginosos cambios presentes en la economía mundial, producto de la globalización, han propiciado una reorientación de sus recursos disponibles (humanos, técnicos, materiales, entre otros) en las organizaciones, dada la competitividad en los mercados de los bienes y servicios, de manera muy particular en aquellas que tienen por finalidad la prestación de servicios financieros, es decir, las Instituciones Financieras, específicamente la Banca Pública.

Con base en lo anteriormente expuesto, se han evidenciado grupos sociales en diversos países latinoamericanos, tales como: Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, entre otros, exigiendo una participación en los ámbitos económicos como sociales de su entorno, dentro de esas exigencias se encuentra la incorporación de sectores populares no bancarizados al sistema económico así como financiero.

Esta nueva tendencia lleva a las entidades financieras en estos países latinoamericanos a emplear estrategias de desarrollo social y comunitario para cubrir las necesidades se esos sectores, como el caso del movimiento Cooperativo Financiero del Canadá con sede en la provincia de Québec, quienes iniciaron el proyecto de bancarizar a los pobladores para darles participación directa en la maquinaria financiera que mueve al país teniendo este proyecto un fuerte arraigo en los pobladores.

En cuanto a Venezuela, el Presidente de la República, Hugo Chávez, en marzo del año 2001, previo a los antecedentes ya mencionados, considerando que el gobierno tiende a ser participativo y popular, emite un decreto de fuerza de Ley de creación así como desarrollo del Sistema Microfinanciero (Ejecutivo Nacional, 2001). El mencionado decreto tiene como objetivo crear, estimular, promocionar para atender las economías populares y alternativas, a los fines de su incorporación a la dinámica del crecimiento económico y social del país.

Entendiéndose como Sistema Microfinanciero, según Ortega (2012), al conjunto de entes u organizaciones públicos o privados que mediante el otorgamiento de servicios financieros y no financieros; fomenten, promocionen, intermedien o financien tanto a personas naturales; sean autoempleadas, desempleadas como para aquellas que se encuentran asociadas y desarrollan o pretendan desarrollar una iniciativa económica, es imprescindible la creación e instrumentación de este sistema, permitiendo democratizar el acceso al capital, con o sin intereses, como un factor clave para la promoción y desarrollo de las iniciativas económicas alternativas de los usuarios de este sistema; así como oportunidad para fortalecer un proceso económico en los sectores populares que se inserte con éxito en la planificación del desarrollo armónico de la nación.

Es por ello que este Decreto de Ley se sustenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título III, Capítulo V, “de los Derechos Sociales y de las familias”, Capítulo VII “de los derechos económicos” y el Título VI, Capítulo I “del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía” (Asamblea Nacional Constituyente, 1999); la cual prevé el derecho al trabajo, el derecho que tiene toda persona a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, el deber del Estado de fomentar el empleo, de promover la iniciativa privada así como la organización social garantizando la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población.

Asimismo, el derecho de dictar medidas para planificar, racionalizar como regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país; con fundamento en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, productividad y solidaridad, a objeto de asegurar el desarrollo humano integral, una existencia digna como provechosa para la colectividad.

Por ello, es relevante resaltar la realidad venezolana, pues existe un sector de la población en forma organizada o no, que por sus características socioeconómicas no cuentan con las oportunidades necesarias para su desarrollo económico y social. El Decreto Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero (Ejecutivo Nacional, 2001), tiene como finalidad que estos sectores accedan a una ocupación productiva por sí mismos o en forma asociativa, al autoempleo, creen nuevas fuentes de empleo e ingresos generando un flujo de bienes y servicios que potencien sus capacidades productivas a objeto de asegurarse una existencia digna como provechosa y su participación equitativa en el disfrute de las riquezas.

A consecuencia de esto, se propicia el desarrollo de una nueva generación de emprendedores aspirantes a créditos que desean ser independientes, productivos, manejar un negocio propio o asociado con familiares o amistades e incursionar con el apoyo financiero de estas instituciones cancelando unos intereses por debajo a los que ofrece la banca privada. En este sentido, nace la Banca Pública, cuya misión es crear y desarrollar soluciones financieras y de valor a los clientes como usuarios a través de la entrega de productos y servicio adaptándolos a sus necesidades, garantizando el crecimiento y acceso de todas las personas a los servicios bancarios.

Es importante resaltar que la manera como el gobierno venezolano aspira lograr esta meta es exigiéndole a la Banca Pública como Privada una gaveta de estos proyectos de un veinte por ciento (20%) de su créditos y microcréditos. Ante esta medida establecida, la banca debe reaccionar de manera enérgica, creando productos adaptables a los sectores económicos más populares de la nación.

Un ejemplo de ello, es uno de los principales bancos privado del país tal es el caso de Banesco Banco Universal, que decide crear la Banca “Comunitaria”, la cual tiene la finalidad de atender la demanda de servicios y productos financieros a las personas y sectores no bancarizados que viven en zonas populares del país, cubriendo de esta manera el estatuto legal planteado por el gobierno nacional.

Por ello, es necesario para la Banca Pública propiciar el mejor uso de los recursos, fomentando esfuerzos en alcanzar niveles óptimos en sus procesos productivos; optimizando operaciones; como el otorgamiento de créditos a través de la minimización del riesgo, de tal forma que se obtenga un liderazgo organizacional así como un funcionamiento eficiente en la gestión funcional; en virtud a su entorno financiero de alta exigencia y competitividad.

DESARROLLO DE UNA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA VENEZOLANA DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL

El sistema bancario venezolano, según Giordani (2010), se encuentra caracterizado por el dominio de la banca privada nacional que para enero de 2007 abarcaba 58,4% de los activos totales del mercado, mientras que la banca extranjera ocupaba 30,4%, y el resto estaba en manos del Estado (11,2%).

Seguidamente, Gómez (2011) refiere que en noviembre de 2009, el gobierno venezolano detectó una serie de irregularidades en distintas instituciones financieras, entre ellas se encontraban: Banco Real, Mi casa Entidad de Ahorro y Préstamo (E.A.P), Bolívar Banco, Central Banco Universal, BaNorte, Inver Union, Banco Canarias, Confederado, Baninvest, Ban Pro, y Banco del Sol; en lo que concierne a incremento de capitales sin demostrar el origen de estos, por otro lado, transferencia de fondos de una institución a otra, así como negociaciones fraudulentas con dinero de los ahorristas y escasez de liquidez para asumir sus responsabilidades.

Igualmente, el autor antes citado refiere que las razones que llevaron al gobierno y autoridades nacionales a tomar decisiones luego de los estudios y análisis de rigor, como fue la liquidación de todas estas instituciones y a su vez asumir el pago de los ahorristas, mediante garantías establecidas en la ley, hasta 30 mil, para lo cual, se valió de la colaboración de la banca pública como privada.

Asimismo, reveló que el gobierno nacional consideró pasar a la banca pública las instituciones Confederado, Central, Bolívar Banco, y BaNorte, entidades financieras, en fusión con Banfoandes, banco estatal que demostró un crecimiento acelerado en los últimos años, las cuales formaran parte de Bicentenario Banco Universal, el cual empezó funciones de manera oficial el 21 de diciembre de 2009, según gaceta oficial en la edición 39.329, resolución 682.09.

Seguidamente, manifestó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías (Chávez, 2011), la intención de la creación de esta institución es fortalecer la actividad financiera del Estado, reforzar especialmente aquellas que prestan servicios de banca universal, es decir, reagruparlas y hacer a la población venezolana cliente de los bancos, que hasta la fecha no han tenido acceso a los servicios que prestan los organismos financieros privados. Es por ello que la creación de la Banca Pública, viene a brindar una oportunidad de crecimiento para los sectores más vulnerables de la sociedad, al brindarles un acceso a los distintos productos financieros que se ofrecen, contribuyendo al empoderamiento y a generar una mejor calidad de vida para la población.

Se puede concluir que el enfoque principal de la Banca Pública está en aras de mejorar la calidad de vida de la población mediante la creación de oportunidades para su crecimiento económico y el aumento en las fuentes de trabajo, para las personas naturales autoempleadas o desempleadas, como para aquellas que se encuentran asociadas o pretendan crear una iniciativa económica, es imprescindible la creación e instrumentación de este Sistema Microfinanciero, para democratizar el acceso al capital, con o sin intereses, como un factor clave para la promoción y desarrollo de las iniciativas económicas alternativas de los usuarios de este sistema; y como oportunidad para fortalecer un proceso económico en los sectores populares que se inserte con éxito en la planificación del crecimiento armónico de la nación.

BANCA PÚBLICA PROMOTORA DEL DESARROLLO SOCIAL

Al respecto, Ortega (2012) señaló que la participación de la banca pública en el mercado financiero venezolano está en función de las características propias del sistema, así como también al marco institucional, la política enfocada a que dicha participación crezca o al menos se mantenga estable en el tiempo. Por ello, la presencia de las instituciones financieras públicas ha ido creciendo en forma paulatina, en lo relativo a su cartera vigente, aunque su participación en el número de operaciones crediticias presenta un leve crecimiento desde el año 2010.

Asimismo, señala que al analizar el destino del crédito de la Banca Pública, ya sea por tipo de crédito, actividad económica, destino geográfico y plazos, se otorga en condiciones distintas de como lo hace la banca privada, lo cual sin duda obedece a su condición de banca de desarrollo, la cual se enfoca en aquellos agentes económicos que por su actividad y condiciones financieras no son sujetos de crédito de la banca privada.

Es importante señalar que la Banca Pública ha incrementado su cartera crediticia al sector productivo en más de 48% para el 2011 en comparación con el 2010, según información oficial, estos créditos fueron los que registraron un dinamismo en los últimos doce meses, según el último informe de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN, 2011). Por otro lado, la actividad agrícola incrementó cerca de 53% y la manufactura con 71%, muy por encima a la inflación anualizada que ronda 27%. También, otros sectores que forman parte de las carteras dirigidas como el hipotecario, microempresarios y turismo mostraron un comportamiento positivo.

De igual manera, según cifras manejadas por la (SUDEBAN, 2011), al cierre del mes de septiembre de 2011 se observó una disminución de 0,28 puntos porcentuales en el índice de morosidad, este indicador financiero mantiene una tendencia hacia la baja, al registrar una disminución en los últimos 12 meses de 1,87 puntos porcentuales, indicó el reporte mensual del ente regulador.

Asimismo, este reporte, hizo referencia sobre la cobertura, medida a través de la relación provisión para cartera de créditos entre la cartera inmovilizada bruta, se ubicó en 233,98% al cierre del mes de septiembre de 2011, reflejando un aumento de 24,77 puntos porcentuales en relación con el mes anterior (209,21%), en comparación al cierre del mes de septiembre de 2010, este indicador se ubicó en 139,79%. A continuación se presenta la tabla 1 que muestra la distribución de la cartera crediticia en la Banca Pública.

Tabla 1. Distribución de la cartera crediticia en la banca pública

Fuente: SUDEBAN (2012).

Por otro lado, el presidente del Banco de Venezuela Rodolfo Marcos Torres (Torres, 2012) manifestó en una entrevista que la banca pública está enfocada en transformar el sistema financiero venezolano mediante el proceso de socialización en todo el país. El mismo, se trata de un proceso en el cual las instituciones bancarias van a las comunidades para fomentar la cultura del ahorro, lo cual se ha convertido en un trabajo de sensibilización, incluyendo la realizaron de talleres de formación realizados por esta Banca Pública, los cuales se han articulado de la mano con los Consejos Comunales.

De igual manera, manifestó el presidente del Banco Venezuela que este es un segmento poco atractivo para la banca capitalista, pero la banca pública está enfocada hacia el mismo, pues actúa bajo la percepción de la revolución impulsada por el presidente de la república. En ese sentido, la Banca Pública sí toma en cuenta a la población de menores recursos, que no han podido acceder a la banca privada, estas acciones se hacen bajo la concepción de inclusión social. Por otra parte, aseguró el servidor público al revelar que para el próximo año (2013) esta banca tendrá operando más de mil terminales bancarios comerciales (TBCom), todo ello gracias al convenio firmados por los gobiernos de Brasil y Venezuela.

En este orden de ideas, se puede entender como terminales bancarios comerciales aquellos canales electrónicos, puntos de venta un poco más grande, que permiten el manejo de dinero en las comunidades, mediante un operador elegido por los Consejos Comunales, los mismos sirven de gran ayuda en quincallas, ferreterías, abastos, panaderías, carnicerías o farmacias.

Dichos (TBCom), están conectados en línea a la institución financiera mediante el operador de telefonía del estado Movilnet, con la finalidad de movilizar las cuentas de los usuarios o con la tarjeta de débito hacer una compra en ese establecimiento, en esta primera fase cada terminal puede realizar 10 depósitos diarios, con un límite máximo de 500 bolívares cada uno, y 10 retiros, con un máximo de 300 bolívares. A continuación se presentan estadísticas de los terminales bancarios comerciales, información suministrada por el Banco Central de Venezuela:

Tabla 2. Registro de Operaciones TBCom (2012)

Fuente: Banco Central de Venezuela, citado por Torres (2012).

Con base en lo anterior, se evidencia cómo los terminales bancarios comerciales (TBCOM) comienzan a reflejar el dinamismo económico que acontece dentro de las zonas populares del país, en promedio los retiros mensuales ya superan los siete millones de bolívares, mientras que los depósitos llegan a casi 11 millones. También se señala que estas son herramientas tecnológicas para que la comunidad se articule e integre a través de las operaciones comerciales, buscando con ello, despertar las potencialidades productivas ofreciéndoles instrumentos que le facilitan el manejo de sus iniciativas.

Asimismo, el Torres (2012) refiere que el Terminal Bancario Comunal (TBCOM) está dirigido a personas jurídicas cuya razón social define su actividad económica en el sector comercial o de servicios, ubicados en lo más céntrico de las comunidades o barriadas que se encuentran muy apartadas de un banco, las cuales han acordado con instituciones financieras públicas la posibilidad de servir de canales de distribución de Servicios Financieros hacia personas naturales y jurídicas, a nombre y por cuenta de tales instituciones.

Es decir, son canales de distribución de servicios financieros hacia personas naturales y/o jurídicas, servicios que son prestados desde algún establecimiento comercial o de servicios, a nombre de la institución Bancaria Pública y que representan bajos costos operativos a la misma, esta debe estar avalada por el consejo comunal u organización del poder popular correspondiente al ámbito geográfico donde éste se pretenda ubicar. Asimismo, refiere que con este servicio el usuario podrá realizar operaciones bancarias sin movilizarse hacia las oficinas, sucursales y agencias de la institución financiera y sin establecer discriminaciones o diferenciaciones entre categorías de canales de distribución de los servicios financieros. Es decir, se trata de un proceso en el que la institución bancaria va a las comunidades para fomentar la cultura del ahorro, convirtiéndose en un trabajo de sensibilización siempre de la mano con los consejos comunales.

IMPULSO DE LA POLÍTICA DE SOCIALIZACIÓN DE LA BANCA PÚBLICA

Al respecto, Ortega (2012) manifestó que la política de socialización de la Banca Pública va más allá, en comparación a la Banca Comunal, está enfocada al impulso de una política de financiamiento de créditos para adquisición de viviendas, líneas blanca y marrón, participación en la formación de talleres comunales, inclusive los subsidiados así como también los recursos destinado a construirlas ha superado parámetros relacionadas a la Banca Capitalista.

De igual manera, refiere que se ha incrementado en 131% la cartera de crédito hipotecario desde la nacionalización a partir del 2009, lo cual ha llevado a la banca pública a ser líder en este producto social, dejando claro que no se ha dejado de atender a las personas de todas las clases sociales, tienen acceso a estos productos. Por otro lado, el gobierno nacional buscó darle impulso al sector agrícola destinándose la mayor cantidad de fondos adicionales, donde el plan agrícola oficial recibió 11,7 millardos de bolívares a través de la Ley de Endeudamiento, créditos adicionales y fondos paralelos.

Por su lado, PDVSA sumó 2,3 millones de dólares al pote del sector agrícola, y la banca hizo también su aporte a través de la cartera agrícola, dándole con ello cumplimiento al Decreto Nº 8.012, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola (Ejecutivo Nacional, 2011).

Con esta ley, el Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela ha asumido como suprema voluntad para la reconstrucción de la patria el logro de la seguridad y soberanía alimentaria. Esto se consagra con un pueblo cada día mejor alimentado con el balance dietético adecuado y el acceso a los alimentos libres de la condición de mercancía que impone el capitalismo para las clases más desposeídas.

Otro de los objetivos que se planteó, refiere Ortega (2012), es el otorgamiento de créditos a todos aquellos usuarios que mantengan sus cuentas nóminas con estas entidades, dichos artículos están estipulados en el convenio entre la República Popular de China y Venezuela, acordado en septiembre del año 2010, en el cual se busca promover un comercio justo, dotando a las comunidades más necesidades y la creación de un nuevo sistema de distribución de productos de primera necesidad y erradicar la especulación, los mismos serán cancelados a una tasa del 15% de interés con un máximo de tiempo de 36 meses.

Asimismo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, anunció que el gobierno trabaja en la creación de dos tarjetas, tituladas “tarjetas del buen vivir”, la primera de identificación con la que los ciudadanos podrán comprar alimentos y otros productos en las redes de los abastos Bicentenario del país, acotando que este producto no es para promover el consumismo sino para comprar lo justo, es decir, para la adquisición de productos de la cesta básica, así como de líneas blanca y marrón, a través de un financiamiento que puede ser descontado de las cuentas nómina de los ciudadanos en los bancos públicos a tasas considerables (Chávez, 2011).

De igual manera, la segunda tarjeta fue creada para fomentar el “turismo Nacional”, cuya finalidad es para que las personas puedan acudir a establecimientos de la estatal Venezolana de Turismo (Venetur), la operadora turística más grande del país, para disfrutar de sus vacaciones financiadas.

Por otro lado, se reseña el convenio firmado de cooperación interinstitucional entre el Banco de Venezuela y la Universidad Experimental de la Fuerzas Armadas (UNEFA) para formar talento humano, efectuado el 28 de junio de 2012, cuyo propósito es coadyuvar en la planificación y desarrollo de acuerdos complementarios, estrechando las relaciones entre las dos instituciones para brindarle especializaciones en el área financiera, socialización bancaria, productos y servicios a todos los trabajadores y estudiantes de la casa de estudio.

Seguidamente, por declaraciones suministradas por la Superintendente de Bancos (SUDEBAN, 2013), se dio a conocer que el Instituto Nacional de los seguros Sociales, el Consejo Nacional Electoral y la Superintendencia de Bancos, coordinó la entrega de las tarjetas de débitos a los pensionados, como jubilados así como de quienes gozan de las misiones sociales, cuyo propósito principal es descongestionar las oficinas bancarias y ofrecerles un trato más humano a las personas de la tercera edad, así como a la población en general, que acuden a efectuar el cobro de su pensión y acceder a los créditos para artículos de mi casa bien equipada.

Con base en lo anterior, se infiere que es evidente que el gobierno nacional impulsa políticas de índole social mediante la Banca Pública, cuya finalidad es favorecer a los segmentos de la población de más bajos recursos, brindándoles diversas oportunidades, enfocados en transformar el sistema financiero venezolano mediante el proceso de socialización y bancarización en todo el país, siempre en la búsqueda del bienestar de la sociedad, su integración y amortiguación de las desigualdades.

RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPROMISO DE LA BANCA PÚBLICA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNIDAD

En Venezuela, en la última década del siglo XXI, la política del Estado ha hecho énfasis en la creación de cooperativas y empresas de producción social como fuente predominante de la actividad económica del país, coexistiendo con las organizaciones tradicionalmente conocidas. Dentro de la concepción de modelo alternativo al capitalismo, el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un medio estratégico importante, para ganar reputación y privilegios debido a que los cambios ocurridos en los países de América Latina, y puntualmente los acontecidos en Venezuela, implican exigencias para atender las necesidades de la población considerada como desatendida históricamente (Diez, citado por Prieto, Paz y Sulbarán, 2011).

Por su parte, Pelekais y otros (2007) afirman que la Responsabilidad Social se ejerce a través de una práctica de vida basada en principios y valores que posibilitan el desarrollo de las personas y la sociedad en un ambiente de respeto y de progreso económico, cultural y espiritual. La misma constituye un conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos con los grupos de interés que se derivan de los impactos que la actividad y operaciones de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos.

Aunado a lo planteado anteriormente, Córdoba (2006) refiere que en los últimos años se ha producido en el sector bancario mundial una importante evolución en el tema de la Responsabilidad Social, al ser integrados por parte de estas instituciones criterios ambientales-sociales en sus procesos, productos o servicios, y al articular positivamente su accionar en respuesta a requerimientos y necesidades de las diversas partes interesadas.

Es decir, desarrollo de productos socialmente responsables, que permitan la adaptación de servicios bancarios por internet para atender minorías con necesidades especiales auditivas o motoras, la inclusión de personal con conocimiento de lenguas específicas para atender grupos étnicos minoritarios presentes en la región. Por ello, la Banca Pública debe basarse en sistemas éticos, sostenibles y responsables, combinando los beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad económica de la entidad financiera.

En este sentido, refiere el mencionado autor que se colocará al ser humano sobre lo material, buscando con ello sensibilizar el sistema capitalista actual, creando un fondo de inversión con criterios explícitos de preselección de las inversiones basados en valores éticos y morales de responsabilidad social sustentable y de poco impacto medioambiental; pero que generen un alto bienestar social, para ello es necesario combinar los objetivos financieros con valores sociales, buscar una manera de equilibrar ambas parte de la ecuación.

A continuación, se señalan algunas de las acciones sociales ejecutadas por la Banca Pública, están referidas a los aportes de recursos destinados para aquellas comunidades afectadas por las lluvias que han quedado damnificados, igualmente, abrieron además una cuenta corriente especial denominada "Solidarios con Venezuela" para que los trabajadores y empleados de los sectores público y privado que deseen colaborar depositen un día de salario.

Adicionalmente, se hace referencia de los centros de acopios manejados por la Banca Pública, y oficinas de las instituciones tales como FOGADE, SUDEBAN, y otras instituciones del estado, cuya finalidad es recibir los aportes que la gente pueda hacer en alimentos y otros bienes, para ser trasladados a estas comunidades necesitadas.

Por otro lado, se hace mención de las donaciones efectuadas por estas instituciones gubernamentales, 2.500 combos conformados cada uno por lavadora, cocina, nevera, una cama matrimonial y dos literas. Los mismos, serán para el equipamiento de las viviendas que adquirió el Gobierno para entregárselas a través del ministerio para la vivienda y hábitat (MINVIH) a familias afectadas por las lluvias, así como las viviendas que se están terminando y que ha ido adjudicando.

Al respecto, Gómez (2011) refiere que la Banca Pública debe examinar su misión y el rol que tienen en la sociedad y su contribución en el cumplimiento de objetivos globales relacionados con la reducción de la pobreza, la preservación de los recursos naturales y la mejora de los sistemas comerciales, entre otros. Por ello, al evaluar sus productos deberá preguntarse si el crédito que brinda estimula la creación de nuevos empresarios, si favorece la inversión en tecnologías limpias, o bien la construcción de viviendas en zonas de pobreza, una vez obtenidos los resultados deberán ajustar sus estrategias.

En ese sentido, para llegar a la sostenibilidad, la Banca Pública requiere de grandes dosis de innovación que le permitan llegar a nuevos mercados, retroalimentarse de los grupos con los que interactúa construyendo productos y servicios diferentes, en pro del cuidado del medio ambiente como de la comunidad más necesitada. Es por ello que la Banca Pública presentó una valoración significativamente mayor de la responsabilidad social empresarial (RSE) que el resto de entidades financieras. Así habrá un mayor compromiso organizacional en los bancos, que aumenta el deseo de los empleados de permanecer en este tipo de entidades. Además, son los bancos los que aplican un mayor nivel de prácticas flexibles y familiarmente responsables.

Con base en lo anterior, se concluye que estas instituciones financieras públicas son las entidades de crédito que más valoran la inclusión del criterio de sostenibilidad medioambiental en las relaciones con las Administraciones Públicas, también se observa que son las entidades más grandes que tienen en cuenta este criterio. Por otra parte, son las que más valoran la exigencia de la aplicación del código de ética.

REFLEXIONES FINALES

El nacimiento de la Banca Pública, ha logrado en estos últimos años el otorgamiento de recursos propios y con fondos aportados por el Estado, nuevas líneas de crédito para los sectores de la industria, la agricultura, la vivienda social, la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), y la infraestructura, con lo que no solo cumplieron su rol contracíclico sino que se convirtieron en instrumentos protagonistas para impulsar el sector productivo de la economía e incluir aquellas personas que nunca pudieron tener acceso a la banca privada.

Por ello, la Banca Pública está obligada a realizar su función de intermediación, lo cual logrará impulsando la pequeña y mediana industria, mediante el otorgamiento de créditos para que se desarrolle. Es decir, el gobierno está promoviendo la democratización del crédito para que todos tengan oportunidades en realizar sus aspiraciones, fortaleciendo así la pequeña y mediana empresa, apoyándole en forma real como económicamente.

Una de las funciones de la Banca Pública está referida en el llevar el servicio bancario a las zonas populares, que por años fueron excluidas del sistema financiero, buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de ahorro en los ciudadanos, y mejorar así su calidad de vida.

Asimismo, la Banca Pública desarrolla programas sociales mediante los convenios establecidos con la República China, cuyo objetivo es ofrecer a las familias de escasos recursos electrodomésticos, promoviendo de esta manera un comercio justo, creando un nuevo sistema de distribución de productos de primera necesidad para erradicar la especulación. Los beneficios que se obtienen en la gestión de intermediación en la Banca Pública se socializan, es decir, es una intermediación social entre las empresas sociales, cooperativas, actividades productivas de los consejos comunales y comunas.

La función económica de la Banca Pública no se limita solo a intermediar flujos gestionando adecuadamente riesgos financieros, sino que va más allá tratando de evaluar y gestionar otro tipo de riesgos sociales y medioambientales, así como ofrecer productos y servicios que contribuyan a un desarrollo más humano del planeta, respondiendo así al reclamo de unas personas cada vez más preocupadas por el destino de su ahorro y de unos accionistas más interesados por los impactos económicos de determinados comportamientos poco sostenibles.

La aplicación de la RSE por la Banca Pública refuerza la imagen externa e institucional de la entidad financiera en la medida que legitima su función social, alcanzando mayores cuotas de credibilidad y reconocimiento por la creación de unos valores y una identidad. Igualmente, repercutirá en el prestigio de la entidad, los servicios y productos, creando un valor añadido a sus clientes reforzando su habilidad de competir en el mercado. Es importante resaltar que el comportamiento social de la Banca Pública viene a constituir la parte más importante de su legitimidad social. Es la parte dinámica, la acción que produce efectos hacia el exterior y determina el papel que se quiere desempeñar y la aportación al desarrollo de la sociedad.

Por otro lado, el enfoque social de la Banca Pública se basa en el financiamiento de proyectos que aseguren un desarrollo socialmente responsable, acorde con adecuadas prácticas de gestión medioambiental. Por ello, es importante destacar que en la relación empresa-sociedad tienen que resaltar la transparencia y conceptos como la RSE, los cuales son generadores desconfianza, ventaja competitiva sostenible y progreso social para estas instituciones financieras.

La Banca Pública, para conocer, medir y evaluar su actuación en la sociedad, es necesario que defina indicadores de políticas, procedimientos y prácticas de gestión apropiada al sector; indicadores cualitativos y cuantitativos, que permitan establecer unos objetivos y hacer un seguimiento de la RSE. Estos indicadores no solo son de propósitos sino de resultados, que integren las dimensiones económicas, sociales y medioambientales, tratando de medir activos intangibles como el capital social, capital humano, capital intelectual y capital medioambiental.

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