RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO GESTIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO ZULIA

Social responsibility and public policy management in Zulia state government

Yaritza Villasmil Suárez
Metro de Maracaibo,
yvillas@hotmail.com

Francisco Batlle
Universidad del Zulia
franbatlle@gmail.com

RESUMEN

La investigación se realizó con el propósito de evaluar la responsabilidad social como gestión de política pública en el Gobierno del Estado Zulia. Para ello se revisaron los postulados de García-Marzá (2004), Mattio (2006), Mayntz (2003), Calderón (2008), la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y la Ley de Contrataciones Públicas (2010). El estudio fue de tipo descriptivo con un diseño de campo, no experimental y transeccional. La población estuvo constituida por 23 miembros del Gabinete de la Gobernación del Estado Zulia. Para la recolección de información, se aplicó un instrumento de 31 preguntas cerradas, con escala frecuencial tipo Likert de 03 alternativas de respuesta: siempre, algunas veces, nunca. El cuestionario fue sometido a la validez de contenido a través del juicio de 05 expertos. La confiabilidad se midió aplicando el coeficiente alfa cronbach a los resultados de una prueba piloto, siendo muy alta (0.82). Los resultados se analizaron según un baremo previamente establecido permitiendo concluir que elementos de la responsabilidad social como la participación y la contraloría social deben ser considerados al momento de gestionar las políticas públicas regionales, garantizando no sólo el cumplimiento del marco regulatorio sino también los principios de razón pública como la participación ciudadana, la comunicación, la reciprocidad y la transparencia a través de procesos de diálogo y consenso que viabilicen la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas como un proceso de corresponsabilidad entre todos los actores de la tríada sociedad-Estado-empresa.

Palabras clave: Responsabilidad Social, Política Pública, Gestión, Participación, Contraloría Social

 

ABSTRACT

The research was conducted in order to evaluate the social responsibility as public policy management in Zulia State Government. These postulates were reviewed Marzá Garcia (2004), Mattio (2006), Mayntz (2003), Calderón (2008), the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999) and the Public Contracting Law (2010). The study was descriptive with a field design, experimental and not transactional. The population consisted of 23 members of the Cabinet of the Governor of Zulia state. For data collection, we applied an instrument of 31 closed questions, with 03 Likert type frequency scale response alternatives: always, sometimes, never. The questionnaire was subjected to content validity through the judgment of 05 experts. Reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient to the results of a pilot test, being very high (0.82). The results were analyzed according to a previously established scale allowing to conclude that elements of social responsibility as participation and social control must be considered when managing regional public policy, guaranteeing not only regulatory compliance but also the principles of reason public as citizen participation, communication, reciprocity and transparency through dialogue and consensus processes that enable the formulation, implementation and evaluation of public policies as a process of responsibility between all actors of the triad society-state company.

Key words: Social Responsibility, Public Policy, Management, Participation, Social Comptrollership

 

INTRODUCCIÓN

Desde la edad antigua hasta la actualidad, se ha discutido en torno al rol del Estado en las relaciones entre las empresas y la sociedad, sobre todo en el contexto de la gestión de las políticas públicas, sus interacciones con la sociedad y con los actores quienes forman parte de ellas. Desde esa óptica pareciera entonces que habría que repensar la administración de lo público para redefinir las relaciones Estado-Empresa-Sociedad, en donde lo público se entienda como una acepción inseparable de los términos de política, actividad y acción pública para la construcción de normas y puesta en marcha de planes para lograr la cohesión social desde una perspectiva ética y responsable.

En tal sentido, el propósito de la investigación fue evaluar la Responsabilidad Social como Gestión de Políticas Públicas en el Gobierno del Estado Zulia, el cual se alcanzó a través de los siguientes objetivos: (a) caracterizar los elementos de la responsabilidad social como gestión de políticas públicas, (b) analizar el marco regulatorio de la responsabilidad social como gestión de políticas públicas, (c) examinar los procesos de la gestión de políticas públicas, (d) establecer los principios de razón pública de las políticas de responsabilidad social, y (d) proponer lineamientos teóricos para la optimización de la responsabilidad social como gestión de políticas públicas; todos ellos en el Gobierno del Estado Zulia.

1. Responsabilidad Social y Políticas Públicas: Una Visión Venezolana

Ante las complejidades que caracterizan estos procesos en Venezuela, en cuanto a los términos de cómo se ejerce la regularidad política, y valorativa en relación con el derecho a la propiedad y la definición de leyes sociales, económicas, culturales y ecológicas, ha generado pérdida de confianza y desmotivación en los empresarios ante la sensación de amenaza a su identidad y supervivencia. Estos esfuerzos se vienen gestando desde hace algunas décadas con la concreción del Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de largo alcance, dirigido hacia la descentralización y desconcentración administrativa para la profunda renovación de los sistemas político, económico y educativo, orientándose hacia la conformación de una mentalidad abierta y favorable a la modernización, el progreso y la innovación basada en la responsabilidad social de todos los actores.

En ese sentido, es importante traer a colación que finalizando el sigo XX ya la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE, 1998) dio inicio al mecanismo de introducción de innovaciones políticas, considerando que, durante su administración se aprobaron reformas, las cuales operarían como apoyos al sistema político, económico y social como base para estructurar la plataforma legal de desarrollo económico y empresarial mediante el Informe para el estudio de la Reforma Constitucional del Poder Judicial y del Ministerio Público, un cúmulo de leyes que sentaron las bases para el desarrollo de un marco que regulase la responsabilidad social y la gestión de las políticas públicas.

Estos primeros intentos de participación, cohesión social y empresarial, demuestran la actitud de diversos sectores en la búsqueda de iniciativas que permitieran unir esfuerzos para generar el bien común mediante la acción corresponsable directa en el marco de la descentralización, la cual ha permitido garantizar un mayor alcance y capacidad de respuestas elevando los niveles de gobernabilidad, accediendo a la vez, al conocimiento social que facilita el proceso de definición de políticas públicas gestionadas y coordinadas entre el Estado, la empresa y la sociedad organizada, en función de sus características propias atendiendo la demanda social que representa una parte de un todo coordinado.

Sin embargo, a pesar de ello, aun se distingue una serie de reacciones imprevistas que ponen en cuestión el principio de corresponsabilidad establecido en el Artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y el Artículo 135 que determina la responsabilidad social de los particulares según su capacidad.

Al respecto Méndez (2006) refiere que actualmente el análisis de Responsabilidad Social en Venezuela se plantea en un escenario de disminución de la inversión privada nacional frente a un aumento de la extranjera con relaciones a momentos hostiles y distantes del Estado y las empresas, regulaciones y visión de liderazgo político en el poder. Según las cifras presentadas, de 104 iniciativas sociales institucionalizadas creadas en la última década del siglo XX (1990-2000), se mantenían operativas en la primera década del siglo XXI (2001-2010) un total de 52 y la aparición de unas 36 en la experiencia social y 38 desarrolladas por empresas, vislumbrándose una clara tendencia hacia la disminución progresiva.

Estos valores permiten cuestionar la sostenibilidad del cumplimiento de las propuestas de valor frente a la sociedad, disminuyendo la producción de satisfacción y bienestar. Al respecto Guerra (2007), explica que la Responsabilidad Social no rendirá frutos en Venezuela ante la percepción de un Estado débil, burocratizado e ingobernable, ni con gobiernos y dirigentes que no entiendan la importancia de la concertación, el consenso y la conformación de alianzas sinérgicas con la empresa y la sociedad civil.

Por ello, se percibe que el acento se coloca entonces en la participación ciudadana y en la corresponsabilidad en la gestión de políticas públicas definidas desde y para los entornos locales. En esta nueva visión de la gestión de políticas públicas es de vital importancia la organización comunitaria cohesionada con las empresas privadas, superando los procesos eleccionarios para gestar la verdadera toma de decisiones en temas de desarrollo económico, social y cultural, acompañados y articulados siempre por los gobiernos de poder (alcaldes, diputados y concejales) para trabajar coherentemente con el sector privado en las salidas locales más convenientes para todos en comunidad.

La realidad antes planteada, no escapa de la experiencia en el Estado Zulia donde, a partir de una observación no sistemática, se han detectado fuertes debilidades en las acciones de responsabilidad social y en la gestión de políticas públicas cuya problemática se traslada a los procesos de participación y conformación de comunidades organizadas para resolver problemas, perseguir objetivos y conseguir apoyo del sector productivo que les permita desarrollar programas, planes y proyectos para el bien común.

Es por esta razón, que se hace necesario consolidar la responsabilidad social como un modelo de gestión de política pública, a partir de una acción reflexiva y dialógica que pueda intervenir conscientemente la realidad, donde las personas no se limiten a percibirla a un nivel sensorial acrítico sin profundizar en el por qué pasa lo que pasa, y sigan quedándose en el pragmatismo del pensamiento cotidiano.

2. Abordaje Metodológico

La investigación fue del tipo descriptivo, de allí que en la investigación se recogió información sobre la variable responsabilidad social como gestión de políticas públicas, a partir de sus dimensiones e indicadores y del ámbito en el cual se desarrollan, para determinar cómo es su comportamiento en la Gobernación del Estado Zulia. El estudio se realizó bajo la modalidad de investigación de campo y el diseño de la investigación fue no experimental. Finalmente, la investigación se orientó por el diseño transversal o transeccional que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Asimismo, la población estuvo constituida por 23 sujetos pertenecientes al gabinete de la Gobernación del Estado Zulia y cuya característica diferenciadora es que cumplieran con la función de Secretario, Presidente o Director de los entes públicos que manejan la responsabilidad social.

3. Resultados de la Investigación

Una vez analizados los resultados se procedió a calcular, mediante la Estadística Descriptiva, la media aritmética de los puntajes correspondientes a los indicadores, las dimensiones y las variables con el objeto de obtener el apoyo estadístico necesario y pertinente para confrontar los resultados con las teorías que sustentaron la investigación, a la vez que se categorizaron según el baremo ponderado diseñado para tal fin.

Tabla 1. Distribución de Medias Aritméticas de los Indicadores y Dimensiones de la Variable Responsabilidad Social como Gestión de Políticas Públicas

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 1 se observa que la media aritmética de la dimensión elementos de la responsabilidad social como gestión de políticas públicas que el indicador participación es de 1.50 lo que lo categoriza como poco considerado según el baremo previamente establecido. Esto se contrapone con lo expresado por Villarreal (2010) quien manifiesta que la participación permite el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política.

En ese sentido, y validado igualmente por Cunill (1997), esa participación constituye el involucramiento de individuos en la acción colectiva que tiene como fin el desarrollo de la comunidad mediante la atención de las necesidades de sus miembros, por lo que al ser poco considerada como gestión de política pública, no facilita que los ciudadanos transformen sus opiniones en iniciativas, ni fomenten la aparición de dinámicas colaborativas por parte de la sociedad civil, que permite generar confianza hacia las instituciones públicas. En consecuencia, no existe un verdadero consenso al momento de la satisfacción de las necesidades, ni son producto de la argumentación y del razonamiento.

Asimismo, la media aritmética del indicador Contraloría Social es de 2.09 categorizándose medianamente considerado en el baremo, situación que no se corresponde con lo expresado por Álvarez (2008) cuando afirma que la contraloría social constituye un mecanismo directo de participación que facilite al ciudadano realizar control, exige el desarrollo de cierto grado de capacidad o configuración organizativa para realizar las funciones que, por mandato, le otorga la ley, de modo tal que al ser medianamente considerado pareciera que en algunos casos pudieran no existir mecanismos de control, y se observa una responsabilidad social sesgada, no acorde al estamento jurídico de la gestión de políticas públicas.

Este resultado evidencia que a pesar de lo preceptuado en la ley de consejos comunales, aun no se ha tomado conciencia del rol de contraloría social que deben ejercer en la consecución de recursos que les permitan satisfacer las necesidades del entorno donde están enclavadas.

Por su parte, la media aritmética del indicador difusión fue de 2.76 categorizándose como muy considerado según el baremo establecido. Este resultado confirma los planteamientos de Guédez (2006) cuando afirma que un comportamiento responsable de las empresas debe fomentar los acuerdos voluntarios y potenciar el sistema de información, dentro de un plan de difusión riguroso donde se informe adecuadamente a todos los actores. A su vez, los resultados coinciden con Ramos (2010) cuando sostiene que la difusión de las acciones de responsabilidad social, siempre servirán para reforzar la gestión y la estrategia empresarial.

Igualmente, en la tabla 1 se puede observar que la dimensión elementos de la responsabilidad social como gestión de políticas públicas tiene una media aritmética de 2.12 lo que la ubica en la categoría medianamente considerada, según el baremo diseñado.

Estos planteamientos contradicen los postulados de Carneiro (2004), Gómez (2006) y Porter (2001) cuando señalan que en las acciones de responsabilidad social debe participar activamente la sociedad cuyos miembros deben estar involucrados no sólo en su definición sino también en la evaluación de los resultados, garantizando no sólo su difusión como estrategia de publicidad.

En otro orden de ideas, en la tabla 1 se puede apreciar que la media aritmética del indicador Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es de 2.46, categorizándose como considerado según el baremo establecido para tal fin. Este resultado coincide con los artículos 2, 132, 135 y 299 de la CRBV (1999) cuando señala que Venezuela se constituye en un Estado que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la responsabilidad social que toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales.

Asimismo, se evidencia que la media aritmética del indicador Ley de Contrataciones Públicas es de 1.63 permitiendo categorizarlo como poco considerado según el baremo establecido. Este resultado se contrapone con lo estatuido en el artículo 6 de la Ley de Contrataciones Públicas (2010) cuando, en su numeral 19 estipula las formas para que las empresas contratadas por los entes públicos cumplan con la responsabilidad social a los efectos de satisfacer las necesidades prioritarias del entorno social.

Igualmente, en la tabla 1 se puede observar que la media aritmética de la dimensión marco regulatorio de la responsabilidad social como gestión de políticas públicas es de 2.05, categorizándose como medianamente desarrollada. Estos resultados se contraponen con lo estatuido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en la Ley de Contrataciones Públicas (2010) donde se establece la responsabilidad social como parte de los valores fundamentales del país, como deber de los venezolanos y como una obligación compartida entre el Estado venezolano y los particulares; así como, las formas de hacer efectivas estas acciones socialmente responsables.

Por otra parte, en la tabla 1 se puede observar que la media aritmética del indicador formulación es de 1.22 lo que permite categorizarlo como no considerado. Este resultado contradice los postulados de Calderón (2008) cuando señala que la formulación de políticas públicas debe involucrar a todos los actores que van a participar tanto como gestores de la política como los beneficiados de sus resultados, es decir, la política debe ser producto de un diagnóstico y jerarquización consensuados entre todos los actores que serán impactados por la política.

Al mismo tiempo, en la tabla 1 se puede constatar que la media aritmética del indicador evaluación es de 1.63, categorizándose como poco considerado, según el baremo establecido. Este resultado se contrapone con lo señalado por Calderón (2008) cuando plantea que la evaluación en la gestión de políticas públicas consiste en el proceso necesario para medir el grado en el que están alcanzando las finalidades deseadas y sugerir los cambios que puedan situar las realizaciones de la política más en la línea de espera.

De esta forma, en la tabla 1 se puede observar que la dimensión procesos de la gestión de políticas públicas tiene una media aritmética de 1.86, ubicándolo en la categoría de medianamente considerada, con una tendencia a poco considerada, según el baremo diseñado para tal fin. En este sentido, los resultados se contraponen a lo establecido por Zapata-Barrero (2004) cuando plantean que la interdependencia entre la formulación de políticas, su ejecución o implementación y su evaluación es lo que determina la principal función del management público, es decir, de la gestión de las políticas públicas.

Por otra parte, se puede constatar que la media aritmética del indicador confianza es de 2.78, permitiendo categorizarlo como muy considerado. Este resultado confirma los planteamientos de García-Marzá (2004) cuando explica que la confianza traspasa la dimensión psicológica de creencia o actitud concerniente a la conducta esperable de otros, sino que ésta tiene sus bases afectivas, emocionales y cognitivas, que se evidencia cuando el individuo es capaz de reconstruir el conocimiento práctico al depositar confianza en un producto, persona o empresa.

Asimismo, se puede verificar que la media aritmética del indicador participación ciudadana es de 1.22, permitiendo categorizarlo como no considerado según el baremo establecido. Este resultado se contrapone con lo planteado por García-Marzá (2004) cuando define la participación ciudadana como el mecanismo que erige el camino para la acción convincente y racional de las personas corresponsables que aceptan libre y voluntariamente a través de las razones aducidas, su compromiso para convertirse en una motivación para la acción y un recurso para la coordinación de las relaciones empresariales y sociales.

A su vez, la tabla 1 muestra que el indicador comunicación tiene una media aritmética de 1.13, pudiendo categorizarse como no considerado según el baremo diseñado para tal fin. Este resultado contradice los señalamientos de Cortina (2001) cuando plantea la comunicación como un principio de razón pública donde cada uno de los actores involucrados en los procesos de responsabilidad social constituyen una parte interesada que debe dialogar a pesar de que su visión es independiente, ya que su objetivo principal es perseguir el acuerdo y la definición de intereses comunes.

Por su parte, en la tabla 1 se puede apreciar que la media aritmética del indicador reciprocidad es de 2.00, categorizándose como medianamente considerado, según el baremo establecido. Estos resultados se contraponen con los planteamientos de Calderón (2008) al señalar la reciprocidad como el principio que posibilita la apertura para el entendimiento con oportunidades de revisión y cambio para minimizar las acciones de poder. La reciprocidad indica que las relaciones entre las personas son simétricas en la forma de tratar y ser tratados, lo cual permite participar en condiciones equitativas donde se preserva el principio de equilibrio entre las peticiones de los demás y el interés altruista.

Asimismo, la tabla 1 muestra que el indicador transparencia tiene una media aritmética de 1.22, categorizándose como no considerado, según el baremo diseñado para tal fin. De esta forma, se contradicen los señalamientos de Calderón (2008) al plantear que la transparencia implica identificar una cierta conveniencia operativa llevando a cabo acciones de rendición de cuentas que implican ventajas para ganar la confianza social. Existen numerosas herramientas y hábitos de gestión que pueden ayudar a impulsar la transparencia en las entidades pero las herramientas por sí solas no garantizan nada, solamente adquieren sentido en un entorno organizativo consciente del valor de la transparencia como manera sostenible de relacionarse con la sociedad.

A su vez, en la tabla 1 se puede observar que la media aritmética de la dimensión principios de razón pública de las políticas de responsabilidad social es de 1.67, categorizándose como poco considerada, según el baremo diseñado. Estos resultados contradicen los planteamientos de Zapata-Barrero (2004) cuando señala que la razón pública reside en la capacidad común de todas las personas de elaborar sus planes de vida atendiendo a un ordenado sistema de finalidades y prioridades para efectuar decisiones consistentes con sus poderes intelectuales y morales.

Finalmente, la tabla 1 muestra que la variable responsabilidad social como gestión de políticas públicas tiene una media aritmética de 1.92, lo que permite categorizarla como medianamente considerada con tendencia a poco considerada, según el baremo diseñado para tal fin.

Este resultado es contradictorio con los planteamientos de Diez (2007) cuando afirma que la responsabilidad social forma parte de una nueva cultura de trabajo y de negocio que es altamente rentable cuando las organizaciones son capaces de institucionalizarla dentro de sus políticas y prácticas de gestión. Al mismo tiempo, los resultados se contraponen a los señalamientos de Bruni y Márquez (2005) quienes afirman que la responsabilidad social no debe tener una orientación altruista, mediante donaciones y actividades sociales aisladas sino una estrategia que guíe el accionar de la empresa en relación a la comunidad. Las razones que animan estas acciones, pueden resumirse en dos principalmente: 1) presiones aisladas del entorno y 2) por la conciencia social del líder y su deseo de ayudar a la sociedad.

CONCLUSIONES

Se caracterizaron los elementos de la responsabilidad social como gestión de políticas públicas en el Gobierno del Estado Zulia, concluyendo que poco se contempla la participación como un elemento que contribuye con las acciones de responsabilidad social para facilitar la implementación de las políticas públicas. A su vez, las acciones de responsabilidad social como gestión de políticas públicas ejecutadas por la Gobernación del Zulia se caracterizan por ser controladas únicamente por los entes del gobierno regional sin participación del colectivo, anulando toda posibilidad de desarrollar el principio de contraloría social. Asimismo, se caracterizan por ser ampliamente difundidas por la Gobernación más allá del ámbito regional.

Se analizó el marco regulatorio de la responsabilidad social como gestión de políticas públicas en el Gobierno del Estado Zulia, concluyendo que se cumple con los artículos 2, 132, 135 y 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como, el numeral 19 del artículo 6 de la Ley de Contrataciones Públicas. Sin embargo, en este último caso, se concluyó que las empresas contratadas por la Gobernación del Estado Zulia optan por cumplir su compromiso de responsabilidad social a través del literal (e) que estatuye los aportes en dinero, desvirtuándose la filosofía de la responsabilidad social como acción voluntaria que implique la participación de todos los actores de la triada sociedad - Estado - empresa.

Se examinaron los procesos de la gestión de políticas públicas en el Gobierno del Estado Zulia, concluyendo que las acciones de responsabilidad social como gestión de las políticas públicas desarrolladas por la Gobernación del Zulia no están previstas en los planes operativos formulados ni son producto de un diagnóstico previo. Sin embargo, se contemplan en su plan de implementación y son evaluadas por la Gobernación pero no por la empresa contratada.

Se establecieron los principios de razón pública de las políticas de responsabilidad social en el Gobierno del Estado Zulia, concluyendo que las acciones de responsabilidad social desarrolladas como gestión de las políticas públicas de la Gobernación del Zulia generan confianza tanto en la comunidad beneficiada como en el ente público contratante.

Sin embargo, no involucran al voluntariado de la empresa contratada ni participa el colectivo beneficiado en la definición del aporte, no son producto de procesos de diálogo que involucren a todos los actores ni tampoco resultan del consenso entre el ente público y la empresa. Tampoco garantizan que las intenciones particulares del binomio empresa-gobierno no sobrepasen los derechos de los beneficiados a pesar que si ofrecen una tasa de retorno a los actores involucrados (empresa-Estado-sociedad). Finalmente, no incluyen procesos de auditoría que le permitan rendir cuentas a los actores del proceso ni van dirigidas directamente al entorno social de la obra-bien-servicio contratado.

A su vez, se generaron lineamientos teóricos para la optimización de la responsabilidad social como gestión de políticas públicas en el Gobierno del Estado Zulia a través de ocho directrices cuyo cumplimiento garantizaría el cierre de la gran brecha detectada entre la realidad y el deber ser de las acciones de responsabilidad social vislumbradas como gestión de las políticas públicas regionales.

Finalmente, se evaluó la responsabilidad social como gestión de política pública en el Gobierno del Estado Zulia, concluyendo que elementos de la responsabilidad social como la participación y la contraloría social deben ser considerados al momento de gestionar las políticas públicas regionales, garantizando no sólo el cumplimiento del marco regulatorio sino también los principios de razón pública como la participación ciudadana, la comunicación, la reciprocidad y la transparencia a través de procesos de diálogo y consenso que viabilicen la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas como un proceso de corresponsabilidad entre todos los actores de la tríada sociedad-Estado-empresa.

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