Recepción: julio 2009
Aceptado: febrero 2010
Rendueles Mata, Miguel
Licenciado en Contaduría Pública. Magíster en Gerencia de
Recursos Humanos y Doctor en Ciencias Mención Gerencia.
Docente de Pre y Postgrado en la Universidad Dr. Rafael
Belloso Chacín. Consultor Gerencial. Maracaibo.
miguel.rendueles@urbe.edu
Partiendo de diversas reflexiones sobre desarrollo económico y social, y tomando como referencia la Declaración de los Objetivos del Milenio de la ONU (2005), la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela (2005), así como, diferentes puntos de vista sobre los conceptos de Responsabilidad Social y Responsabilidad Social Universitaria; se presenta un análisis que abarca el enfoque de la misma como elemento importante a considerar dentro del ámbito educativo para contribuir al logro del desarrollo económico y social, permitiendo visualizar el papel de las universidades privadas dentro de este contexto. La investigación realizada fue documental, bibliográfica, en relación a la revisión de documentos y textos, finalizando en un análisis interpretativo de los mismos.
Palabras clave: Desarrollo Económico y Social, Educación, Responsabilidad Social,
Responsabilidad Social Universitaria.
Starting from some reflections about economic and social development and considering
like a reference the ONU Millennium Objectives Declaration (2005), the Science,
Technology and Innovation Venezuelan Organic Law (2005), and some points of view
about the concepts of social responsibility and university social responsibility; an analysis
is presented focusing it like an important element to be considered inside the education
area in order to contribute with the economic and social development, permitting to view
the roll of private universities inside this context. The investigative type was documental
and bibliographical, in relation to the review of documents and books, finishing in an
interpretive analysis of the sames ones.
Key words: Economic and Social Development, Education, Social Responsibility,
University Social Responsibility.
El término desarrollo se entiende como una condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso, tanto racional como sostenible, de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales, considerando también los derechos humanos.
Esta definición general de desarrollo incluye la especificación de que los grupos sociales tengan acceso a organizaciones y a servicios básicos como: educación, vivienda, salud, nutrición; y sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un estado-nación en particular.
En términos económicos, esto indica que para la población de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción de las necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de redistribución de la riqueza nacional. En el sentido político, esta definición enfatiza que los sistemas de gobierno tienen legitimidad legal, así como también proporcionan beneficios sociales para la mayoría de la población.
El objetivo del desarrollo social se basa en implementar una estrategia para ayudar a los países a acelerar el progreso social al fomentar un entorno social y humano más conducente al bienestar de la población, con especial énfasis en la reducción de la pobreza, así como en la desigualdad de oportunidades; particularmente aquella fundamentada en género, etnia, raza y discapacidad, entre otros factores. Pretende lograr adelantos en el bienestar de todos; avances proporcionalmente mayores en pobres y excluidos.
El objetivo del desarrollo social se basa en implementar una estrategia para ayudar a los países a acelerar el progreso social al fomentar un entorno social y humano más conducente al bienestar de la población, con especial énfasis en la reducción de la pobreza, así como en la desigualdad de oportunidades; particularmente aquella fundamentada en género, etnia, raza y discapacidad, entre otros factores. Pretende lograr adelantos en el bienestar de todos; avances proporcionalmente mayores en pobres y excluidos.
El Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (2003), señala en su publicación Desarrollo Social, Documento de Estrategia, que el progreso social de los países de América Latina y el Caribe, medido a través del análisis del comportamiento de los indicadores sociales, ha sido mixto. Uno de los problemas persistentes que se reflejan, es la distribución notablemente desigual de estos promedios entre los países y dentro de cada uno de ellos.
Los años noventa fueron testigos de un compromiso renovado al desarrollo social de muchos países; hubo mejoras en la provisión de servicios sociales, una creciente descentralización de las funciones gubernamentales, un progreso en el diseño de programas sociales, entre otros.
A pesar de estos avances, problemas de eficiencia y de efectividad, así como baja cobertura de los pobres y excluidos, continuaron afectando las reformas del sector social en salud, educación, vivienda, entre otros. Las políticas sociales se focalizaron insuficientemente en la prevención, la intervención temprana, transiciones en el ciclo de vida de los individuos y las familias, promoción de la inclusión, estimulación de sinergias intersectoriales y coordinación.
Ante esta realidad, no queda más que señalar que los obstáculos para lograr el desarrollo económico y social tienen raíces profundas en los problemas entrelazados de desigualdad y pobreza estructural; las reformas en salud, educación o vivienda, necesitan resolver problemas pendientes de implementación.
A pesar de los recientes progresos logrados en la acción social, los países continúan enfrentando el problema de no tener soluciones sectoriales específicas, sólo parciales, para dar respuesta a necesidades sociales complejas que tienen múltiples causas, interrelacionadas entre ellas, con consecuencias intergeneracionales.
La exclusión social, al igual que los males sociales, impide tanto el crecimiento económico como el bienestar social, necesitando de una acción concertada que tenga en cuenta dimensiones de género, etnicidad o raza, entre otras; los territorios con población pobre y excluida requieren esfuerzos más integrados.
A pesar de estos avances en los programas sociales, las reformas en las áreas de economía, salud, educación y vivienda no han superado problemas de implementación, ni han logrado ampliar en el grado requerido el acceso a servicios básicos de calidad para la población de menores recursos económicos, por lo tanto, muchos quedan en efecto excluidos.
La participación ciudadana en los procesos de reforma del sector social, más generalmente, en la formulación y aplicación de políticas sociales, sigue siendo insuficiente para asegurar la apropiación ciudadana de los objetivos sociales, así como la continuidad de la reforma social.
En el área de la educación, los esfuerzos que se vienen realizando por diversificar la oferta de educación terciaria, deben hacerse más eficientes en cuanto a su entrega y reasignar el presupuesto en educación de cada país a favor de mejorar el acceso de poblaciones previamente marginadas.
Por un lado, se debe apoyar la modernización y simplificación de estructuras internas de las universidades tanto públicas como privadas, al igual que colaborar con ellas para lograr un balance apropiado, diferente para cada institución, entre la enseñanza, la investigación y la provisión de servicios a sus constituyentes (por ejemplo, el sector productivo), más allá del ámbito puramente académico.
Por el otro lado, se requiere de iniciativas tendientes a apoyar los esfuerzos a nivel terciario no universitario, para que sirvan de respuesta a la demanda de mano de obra calificada en el mercado laboral, contribuyendo así a aumentar la competitividad y el logro de un mayor crecimiento económico, lo que se traduce en formación de mano de obra técnica calificada, a través de instituciones educativas, escuelas técnicas o institutos tecnológicos, hasta las propias universidades; pero mediante la formación de oficios, no necesariamente formado profesionales en carreras universitarias.
Las instituciones de educación superior, y específicamente las universidades privadas, a pesar de que su fin primordial es el desarrollo de sus planes educativos para la formación profesional de su alumnado, cualquiera sea la comunidad de la que formen parte, esperará siempre el desarrollo de acciones concretas que reflejen el cumplimiento de su cuota de responsabilidad social, siendo el propósito de este artículo la descripción de algunos conceptos de responsabilidad social en el ámbito de las universidades privadas como marco del desarrollo económico y social.
La globalización, junto a los constantes y rápidos avances tecnológicos, ofrece oportunidades sin precedentes de progreso tanto económico como social. Al mismo tiempo, siguen presentando graves problemas, incluida la crisis financiera generalizada, la inseguridad, la pobreza, la exclusión y la desigualdad en el seno de las sociedades.
Los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados, así como algunos países con economías en transición, siguen encarando obstáculos considerables para lograr una mayor integración, hasta la plena participación en la economía mundial.
Según la Organización de Naciones Unidas (2000: 59) “el desarrollo social exige no sólo actividad económica, sino también una reducción en las desigualdades de la distribución de la riqueza, y una repartición más equitativa de los beneficios del crecimiento económico en el seno de las naciones.
Entre ellas, comprendida la instauración de un sistema de comercio internacional abierto, equitativo, seguro, no discriminatorio, previsible, transparente, multilateral y reglamentado, el acrecentamiento máximo de las oportunidades, la garantía de la justicia social, así como el reconocimiento de los vínculos entre el desarrollo social y el crecimiento económico”.
Según la UNESCO (2004), en el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en el año 2000, en Dakar (Senegal), más de 160 países se comprometieron a lograr para el año 2015 los seis objetivos siguientes: ampliar el acceso a la atención y educación de la primera infancia, universalizar la enseñanza primaria, ofrecer más posibilidades de aprendizaje a los jóvenes y los adultos, reducir a la mitad la tasa de analfabetos, lograr la igualdad entre los sexos en la educación, mejorar la calidad de la educación en todos sus aspectos.
A este respecto, son reconocidos los esfuerzos considerables para incrementar los recursos destinados a la educación, ampliar el acceso a la escuela y mejorar la paridad entre los sexos en la enseñanza. No obstante, la UNESCO (2004) señala que, según un análisis de datos, en muchas partes del mundo los escolares no aprovechan la enseñanza debido a la calidad insuficiente de los sistemas de educación; siendo este un obstáculo decisivo para el logro de los objetivos establecidos por el organismo en cuanto a la educación para todos en 2015.
Tradicionalmente, se hace referencia a la educación como parte fundamental de la formación integral del individuo para hacer frente a la sociedad. En este sentido, la educación no sólo se constituye en un proceso de transmisión de conocimientos, sino también de cultura, tomando en cuenta el papel de la educación como parte del desarrollo que no supone transmisión de conocimientos, sino una herramienta para construir la sociedad a la que se aspira.
En otras palabras, según Nuñez (2006), la educación es entonces un elemento crucial, un proceso eminentemente social, dirigido a maximizar el rango de oportunidades en beneficio de la población, dentro de un marco democrático. La concepción de la educación como el camino al desarrollo no es una propuesta nueva, desde hace muchos años se habla de cómo la educación ha hecho evolucionar a las sociedades, e inclusive sigue haciéndolo en el mundo actual.
Sin embargo, este trabajo no puede dejarse sólo al proceso educativo; el Estado y todos los sectores relacionados con la sociedad, desde las más altas jerarquías hasta las más bajas expresiones de las comunidades, deben participar para conjugar los elementos de la educación con un proceso completo en la búsqueda del enlace de los sistemas para el desarrollo.
Al considerar a la educación como un medio para el desarrollo, debe concebirse entonces a través de la responsabilidad social (como uno de los elementos, conscientes de la existencia de muchos más), conjugando la participación de los sistemas educativos con el resto de sectores y organizaciones sociales, de esta manera podrá adaptarse a las necesidades que demanda su entorno.
Por otra parte, es bueno recordar la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, extraídos de la Declaración del Milenio (ONU, 2005), un acontecimiento fundamental en la historia de las Naciones Unidas. Constituyó una promesa sin precedentes de los dirigentes mundiales el abordar, de una sola vez, la paz, la seguridad, el desarrollo, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Los ocho objetivos de desarrollo del milenio incluyen: reducir a la mitad la pobreza extrema, disminuir la propagación del VIH/SIDA, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
La Declaración del Milenio, aprobada por las Naciones Unidas (ONU, 2005), representa un pacto social mundial: los países en desarrollo se esfuerzan más para impulsar su propio desarrollo, y los países desarrollados los apoyan prestándoles ayuda, aliviando su deuda y brindándoles mejores oportunidades de intercambio comercial.
Los progresos alcanzados en cada uno de estos ámbitos han comenzado a producir resultados, pero los países desarrollados no han cumplido las metas que se habían fijado. Para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, el aumento de la ayuda y el alivio de la deuda deben ir acompañados de una mayor apertura de los intercambios comerciales, de una aceleración de la transferencia de tecnología y de mayores oportunidades de empleo para el creciente número de jóvenes que viven en el mundo en desarrollo.
Frente a la realidad mundial del desarrollo social, existe en Venezuela la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2005); la cual tiene por objeto: desarrollar los principios orientadores en materia de ciencia, tecnología e innovación, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientan las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica y de innovación con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica; a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento, y de impulsar el desarrollo nacional.
Esta ley contempla el diseño de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001), que contiene objetivos a alcanzarse en corto, mediano y largo plazo, incluyendo las áreas prioritarias de desarrollo, que se orientan fundamentalmente según líneas de acción, tales como: Investigación y desarrollo para mejorar la calidad de vida, generación de conocimientos y fomento del talento humano, fomento de la calidad e innovación productiva, fortalecimiento y articulación de redes de cooperación científica e innovación tecnológica.
En este sentido, las grandes empresas se encuentran obligadas a invertir o aportar recursos para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, pudiendo ser beneficiados organismos, instituciones o centros dedicados a actividades de investigación y desarrollo, universidades o institutos de educación superior.
Esta normativa constituye un aliado para el desarrollo científico y tecnológico, y permite de manera coercitiva, destinar recursos orientados a la investigación, resultando un aliado para el financiamiento de proyectos de investigación requeridos por instituciones educativas y centros de investigación que deseen contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país.
Como estrategia para contribuir al logro del desarrollo económico y social, esta normativa busca diseñar e instrumentar incentivos necesarios para estimular la formación e inserción del talento humano especializado en las empresas e instituciones académicas, implementando intercambios y movilizando a los profesionales, estimulándolos a través del financiamiento total o parcial de sus estudios e investigaciones, así como otros beneficios tales como: premios, becas, subvenciones, o cualquier otro reconocimiento que sirva para impulsar la producción científica, tecnológica y de innovación.
En este sentido, se observa en Venezuela el desarrollo de normativas asociadas a la búsqueda del avance (sobre todo social) expresado por la Organización de naciones Unidas, lo cual no desvincula la educación como elemento fundamental para el logro del mismo.
Lo antes señalado representa una oportunidad para las instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, que pudiendo disponer de una vía para la obtención de recursos económicos para el logro de sus proyectos de investigación y desarrollo; sirvan como instrumento de apoyo para la ejecución de iniciativas de responsabilidad social universitaria que se encuentren asociadas a labores de investigación y desarrollo de proyectos con claros objetivos sociales que finalmente generen beneficios para las comunidades.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha sido definida desde diversos ámbitos y de modos muy distintos. A pesar de esta diversidad conceptual, en casi todos los enfoques es posible encontrar un fondo común que permita lograr un cierto consenso sobre su concepto.
Entre las definiciones más conocidas se encuentran las siguientes: es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida (World Business Council for Sustainable Development, 2008).
La RSE es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente (Prince of Wales Business Leaders Forum; citado por Correa et al, 2004).
Vallaeys (2006) señala que lo primero que se afirma actualmente acerca de la Responsabilidad Social Empresarial es que va más allá del altruismo. No quiere ser filantropía pura o interesada, pues éstas no son sostenibles en el tiempo, no guardan relación con la acción misma de la organización y no tienen una visión integral de la sociedad y de la ubicación de la organización en ella.
Guédez (2006) indica sobre este tema que el capital social, la sustentabilidad y la humanización, constituyen las tres finalidades que pautan los esfuerzos socialmente responsables de las empresas. El capital social es un activo o valor que de manera periódica u ocasional repotencia las posibilidades de generar beneficios, rentas o intereses. De manera conjunta al capital natural, físico, financiero y humano, permite ampliar las capacidades de asegurar condiciones adecuadas para alcanzar una vida digna para todos los seres humanos.
Otra importante finalidad de la Responsabilidad Social Empresarial es la sustentabilidad, necesaria armonía que debe existir entre el crecimiento económico, la equidad social y la calidad ambiental, conformando una plataforma esencial para el ejercicio responsable de la acción empresarial.
La última finalidad que constituye el plano de mayor profundidad de la responsabilidad social es la humanización, pues el ser humano es un proceso que nunca culmina; siempre podemos ser mejores y siempre podemos ampliar los espacios y oportunidades para poner de manifiesto ese mejoramiento.
La humanización expresa que se hacen mejores personas cuando éstas permiten que otros sean mejores. Este esquema funciona para el ser humano, los grupos u organizaciones y para la empresa, la cual contribuye con esta finalidad porque es una organización humana; y es precisamente aquí donde encaja el ejercicio de su responsabilidad social.
Estas definiciones permiten obtener una idea clara de lo que es la RSE. Sin embargo, hay que advertir que es un concepto dinámico y en desarrollo, por lo que es preciso comprender mejor su verdadera dimensión.
La RSE debe partir de un compromiso voluntario que asumen las empresas, que posteriormente se constituye en estratégico en relación al fomento de su cultura y a la permanencia de la misma en el largo plazo. Por lo cual, la dirección debe determinar el alcance y contenido de ese compromiso, inclusive en referencia a lo ambiental, constituyéndolo como parte de sus políticas u objetivos globales.
Según Machado et al (2002: 12) “la responsabilidad social constituye una nueva visión empresarial que supera aquellas acciones filantrópicas que, inspiradas en un sentido caritativo, movían a la empresa a realizar donaciones esporádicas”.
Resaltando que el concepto moderno de responsabilidad social se enmarca en un proceso de toma de conciencia de: eliminación de distancias entre la acción social del estado y la de las empresas, nueva conciencia empresarial de la necesidad de ir más allá del cumplimiento de sus deberes laborales, contribuir a la solución de diversos problemas sociales internos y en el entorno comunitario, la necesidad de incorporar mejoras en materia de beneficios sociales para los trabajadores y responder a las expectativas que sobre ella tiene la sociedad, otorgando una nueva legitimidad a la acción empresarial.
Parafraseando las ideas de Gómez, Guédez y Pizzolante (2006), se puede señalar que cada empresa u organización debe tener su propia hoja de vida que las haga socialmente responsables, esto es lo que ocurre cuando define su misión y visión, estableciendo a partir de allí sus hechos responsables con trabajadores, accionistas, clientes y con la propia comunidad.
Sólo incorporados estos valores a su filosofía organizacional, una organización puede plantearse la posibilidad de hacer algo de la puerta hacia fuera, iniciando acciones basadas en una relación triangular entre las necesidades reales de la comunidad, las prioridades de los gobiernos locales, regionales y nacionales y las capacidades e intereses de la propia organización.
Bajo esta óptica se incorpora el aspecto de responsabilidad social en las organizaciones, como una manera de aplicar lineamientos o políticas sociales dentro del entorno empresarial, transformándose en una gerencia más humana y más sensible al entorno en el que se desenvuelve; haciéndose necesario disponer de algún instrumento o técnica que le permita a cualquier organización, medir y evaluar a través de instrumentos administrativos y financieros, las inversiones o aportes destinados a los fines sociales.
La Responsabilidad Social Empresarial es un conjunto de prácticas de la organización que forman parte de su estrategia corporativa y que, siguiendo fines racionales, trata de evitar daños y/o producir beneficios para todas las partes interesadas en la actividad de . la empresa (clientes, empleados, accionistas, comunidad, entorno, entre otros), que deben redundar en un beneficio tanto para la propia organización como para la sociedad (Vallaeys, 2006).
Sin embargo, hasta ahora se ha hecho referencia a la responsabilidad social, pero existe un enfoque particular de la misma, asociada a la Responsabilidad Social Universitaria. Cavero (2006), se refiere a la Responsabilidad Social Universitaria como un enfoque ético del vínculo mutuo entre universidad y sociedad.
Se trata de un compromiso moral irrenunciable que, a la par que genera nuevo conocimiento relevante para la solución de los problemas sociales, permite la aplicación directa del saber científico y tecnológico, así como una formación profesional más humanitaria.
Romero (2006) plantea que la Responsabilidad Social Universitaria permite realizar la tarea educativa y de aprendizaje, de investigación y de innovación, teniendo en cuenta los propios valores, las consecuencias de las acciones en la enseñanza, en la investigación y en las decisiones que se toman como parte de la universidad y más allá de ella; mirando los problemas del país, orientando la acción académica a mejorar la vida de los ciudadanos en cualquier región o comunidad.
También Criado (2006) se refiere a la Responsabilidad Social Universitaria indicando que la universidad es una institución encaminada a formar personas con principios, responsabilidades, vocación por la investigación, pero debe igualmente promover la responsabilidad por el entorno social, particularmente frente a una sociedad tan compleja como la actual en la que abundan problemas vinculados con las carencias tanto económicas, éticas, culturales, entre otras; por lo cual la universidad no puede soslayar su responsabilidad; debe manifestarse en una auténtica inquietud frente a la vigencia de estos problemas.
Vallaeys (2006), por su parte, señala que la universidad sin ser una empresa, es una organización que funciona en una sociedad y genera impactos tanto sobre las personas que laboran en ella (administrativos, docentes, estudiantes), como sobre su entorno social y natural; siendo la responsabilidad social el afán de responder de modo ético e inteligente por estos impactos para que sean, en la medida de lo posible, positivos y no negativos.
También comenta que a partir de una visión integral de la organización, una gestión socialmente responsable cuida los impactos que la universidad tiene sobre el medio ambiente, el medio social y los recursos humanos, tratando de minimizar los daños posibles y maximizar los impactos positivos, tanto en provecho de la sociedad como de la educación que brinda a los estudiantes.
Vega-Centeno y Lafosse (2006) refieren que la Responsabilidad Social Universitaria busca comprometer a la institución con su entorno a través de lo que ella produce. Si en ella se forman profesionales y producen investigaciones en diversos campos del saber, se hace en parte responsable de la forma cómo los profesionales que forman se relacionan con el entorno social y ambiental.
Vallaeys (2006) señala que es obvio que las universidades no podían quedarse alejadas de la reflexión sobre la responsabilidad social, que ya muchas empresas han desarrollado, no sólo porque ellas también son organizaciones, sino porque además les corresponde, la formación de los profesionales que laboran en las empresas.
En este sentido, y a manera de análisis luego de estudiar ambos conceptos, es importante resaltar que la Responsabilidad Social Universitaria se diferencia en cuanto al papel de las universidades en la formación humana y profesional, así como la generación de nuevos conocimientos, teniendo impactos específicos sobre la sociedad que son diferentes en muchos sentidos (aunque en algunos se asocien) del impacto que generan las empresas.
En el ámbito social, la universidad, por su tamaño y actividad, tiene un gran impacto sobre la sociedad y su desarrollo económico, social y político. Siendo entonces fundamental para las universidades, y en el caso especifico de las venezolanas que cuentan con un instrumento legal como la LOCTI, la aplicación y desarrollo de estrategias al respecto.
Una vez descritos los conceptos más relevantes sobre los temas de desarrollo económico y social, responsabilidad social; al igual que explorado el ámbito de los objetivos del milenio de la ONU, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela, y el concepto de la responsabilidad social universitaria; tema de amplia discusión en la actualidad, cuando han entrado en vigencia un conjunto de leyes y reglamentos en la búsqueda de los beneficios a las comunidades, como el caso de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, por hacer referencia a alguna; puede concluirse que las universidades como organizaciones al fin, son parte importante y fundamental para alcanzar el desarrollo económico y social de un país.
Los principales desafíos que enfrentan todos los países se relacionan a contribuir a la efectividad en el desarrollo y a la sostenibilidad de sus programas de desarrollo económico y social; a fin de alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio formulados por la ONU. La participación de la población, y muy especialmente de las instituciones educativas, puede promover intervenciones mejor focalizadas y que la población esté dispuesta a apoyar y mantener.
Por lo tanto, una prioridad para poder mejorar la efectividad en el desarrollo, está estrechamente vinculada a asegurar la participación de los diferentes actores locales, incluyendo gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil, tales como: ONGs, grupos comunitarios y asociaciones de productores, y universidades e instituciones educativas en el proceso de desarrollo a nivel de políticas, programas y proyectos.
Las universidades, como instituciones de educación superior al servicio de la comunidad, orientadas a la formación de profesionales con alto sentido de responsabilidad social, pueden contribuir con sus proyectos sociales para brindar una respuesta efectiva a las necesidades de su entorno comunitario y ser partícipes dentro del marco del desarrollo económico y social, brindando una respuesta a las demandas del sector educativo.
El concepto de la responsabilidad social es aplicable a todo tipo de organizaciones, desde pequeñas empresas hasta corporaciones o universidades, pues toda organización forma parte de una comunidad y de una sociedad donde existen necesidades latentes que pueden ser fácilmente detectables y atendidas en una menor o mayor escala mediante pequeñas acciones de responsabilidad social.
Para trabajadores o empleados del sector universitario, la responsabilidad social puede representar la manera de contribuir con la comunidad y sensibilizarse ante los problemas que la afectan, fortaleciendo su formación y desarrollo profesional con un alto sentido de responsabilidad social.
De igual manera, para los directivos y accionistas, estas iniciativas pueden representar la forma de contribuir a mejorar el entorno y aportar soluciones que fortalezcan su imagen y otorguen armonía en el desempeño de sus funciones organizacionales, considerando adicionalmente que las necesidades de sus trabajadores y familiares pueden ser atendidas como parte de esta dinámica de responsabilidad social, logrando obtener un equilibrio entre su entorno interno y externo como parte de sus políticas de responsabilidad social.
En el ámbito universitario se trata de buscar comprometer a las universidades con su entorno, no sólo por ser generadoras de conocimientos, profesionales e investigaciones, sino porque de alguna manera también deben ser responsables de su entorno social y ambiental.
Lo cual implica el desarrollo de acciones voluntarias por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria: autoridades, personal directivo, administrativo, trabajadores, profesores y estudiantes, que se orienten a contribuir en la medida de sus posibilidades, a participar en acciones sociales para el beneficio de las comunidades en las que se encuentran inmersas, y contribuyendo de alguna manera con el desarrollo económico y social del país.
Basándose en las reflexiones formuladas a lo largo de este artículo, con la ejecución de los programas de Responsabilidad Social Universitaria, las instituciones de educación superior pueden fácilmente lograr el fortalecimiento de su imagen ante la comunidad y la sociedad.
Logrando así resultados que pueden ir desde la generación de proyectos de investigación; orientados a dar respuesta a necesidades del entorno social, la sensibilización del personal y estudiantes ante los problemas sociales, y su participación activa en cualquiera de los programas o proyectos que sean emprendidos en beneficio de las comunidades, logrando un impacto favorable que promueve a la propia universidad como institución educativa de avanzada y socialmente responsable.
Para el logro de estos objetivos de desarrollo económico y social, las universidades deben definir sus políticas y objetivos de responsabilidad social, efectuando una revisión de los currículos en sus carreras, incorporando en los contenidos académicos la difusión del tema a sus estudiantes y la formación del personal docente y de investigación en estas áreas, valiéndose de los aportes o fondos que han sido definidos en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Es importante incorporar en los programas de extensión cursos y proyectos sociales que contribuyan a difundir este tema y a promover la producción de conocimientos enmarcados dentro del ámbito social. El resultado a obtener puede ser la formación de estudiantes socialmente responsables, la generación de conocimientos e investigaciones que se orienten al desarrollo sostenible y la participación social de su personal tanto docente, de investigación como administrativo.
Finalmente debe quedar claro que la responsabilidad social no es una moda, es parte de un proceso de evolución de las organizaciones producto de las demandas sociales que reciben de sus comunidades, y dentro de la cual las instituciones educativas no pueden quedar aisladas sino comprometidas en la misión de formar, de modo integral, profesionales y ciudadanos responsables con vocación de servicio para el desarrollo.
Efectuando una reflexión sobre estos temas e incorporando algunas acciones como las ya descritas, las universidades pueden lograr un cambio importante sobre su modo de impartir la enseñanza y producir los conocimientos.
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