Participación ciudadana empoderada por la respondabilidad bajo el enfoque de la recursividad

Caridad, Migdalia
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela.
migdalia.caridad@urbe.edu.ve

De Pelekais, Cira
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela.
cirapelekais@urbe.edu

RESUMEN

En este artículo se presenta un análisis de las variables Participación Ciudadana y Respondabilidad. La fundamentación teórica se apoyó en autores principales, como: Coutin (2005), Cruz (2008) y Sánchez y Graña (2000). Con base a los datos logrados se reflexiona sobre cómo puede ser empoderada la ciudadanía al obtener información accesible y oportuna sobre la gestión en la administración pública, tomándose como contexto las alcaldías del municipio Maracaibo y San Francisco del estado Zulia. Es una investigación bajo las premisas del paradigma positivista, cuantitativa y descriptiva, ésta tiene pertinencia actual si se considera, entre otros datos obtenidos, que el 47% de los entrevistados sostiene que no se dan a conocer los resultados de la gestión del gobierno local. Como conclusiones se plantea que la Participación Ciudadana se fortalece mediante una rendición de cuentas y viceversa producto del fenómeno recursivo, generándose un proceso sistémico en la relación Gobierno-Ciudadanos: Respondabilidad - Participación Ciudadana - Respondabilidad, con elementos claramente identificables, como son: la respondabilidad informativa, planificación estratégica, espacios interactivos, ciudadanía empoderada y articulación de acciones.

Palabras clave: articipación Ciudadana, Respondabilidad, Recursividad, Proceso Sistémico.

 

Empowered citizens participacipacion disclaims liability for informational under recursive approach

ABSTRACT

This article presents an analysis of Citizen Participation and Accountability variables. The theoretical foundation was based on major authors and Coutin (2005), Cruz (2008) and Sánchez y Graña (2000). Based on the data made reflecting on how you can be empowered citizens to obtain timely and accessible information on management in public administration, taking as context, the mayor of Maracaibo and San Francisco del Zulia. It is an investigation under the premises of the positivist paradigm, quantitative and descriptive, it has contemporary relevance if one considers, among other data, that 47% of respondents argued that not give the results of local government management. In conclusion it is argued that citizen participation is strengthened by accountability and vice versa product recursive phenomenon, generating a systemic process in the Government-Citizen Relations: Respondability - Public Participation - Respondability, with clearly identifiable elements such as the respondents reported, strategic planning, interactive spaces, empowered citizenry and joint actions.

Key words: Citizen Participation, Respondability, Resources, Systemic processes.

 

1.INTRODUCCIÓN

La gestión pública local a fin de responder a las exigencias de los ciudadanos en un contexto cada vez más complejo, requiere de la mejor utilización, administración y gestión de sus recursos y capitales, tanto tangibles como intangibles, pero en especial tomar en cuenta a la gente, y esta última se hace sentir a través de la ciudadana altamente participativa. Se construye una relación sinérgica e idónea entre Estado-Ciudadanía, cuando el hombre y/o la mujer tiene(n) la oportunidad de contribuir, aportar, en su entorno hacia el desarrollo de todo un colectivo.

Ahora bien, en este proceso es vinculante el sentido de la respondabilidad (rendición de cuentas incluyendo el impacto social) de los entes del Estado, lo cual hace posible la relación entre los gobiernos nacionales, regionales, locales, y la ciudadana. Aún más, contar con una gestión como la referida también lleva directamente a la utilización de una comunicación que ofrezca al colectivo la información necesaria, transparente y oportuna; facilitándole su aportación en la consolidación de una sociedad democrática, libre, solidaria y protagónica, así como fomentar el desarrollo de diversas formas de organización social. Se tendría entonces una relación triádica: Respondabilidad/Comunicación/Participación Ciudadana.

Sánchez y Graña (2000) plantean que el manejo de la comunicación en la generación de cambios significativos del comportamiento social, económico y cultural en contextos locales, satisfacen los requerimientos específicos de desarrollo del municipio o nación. Los recursos comunicacionales en gestión pública dirigidos a la comunidad donde se le dé cuenta de sus resultados, representan una fuente fundamental de insumos para que la ciudadanía contribuya sustancialmente con mejoras en materia administrativa, técnica, jurídica, política, económica (…), en pocas palabras, informar debidamente a la comunidad empodera su participación.

Cuando se da continuidad a este proceso creador de valor en la sociedad y las modificaciones que se puedan generar en el mismo, dando lugar a un nuevo inicio del proceso, es el fenómeno recursivo, afirmación que está fundamentada en el concepto de Luhmann (1998) cuando señala que este fenómeno se presenta en el momento en que los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce.

La puesta en acción del conocimiento de personas que integran una sociedad fortalece las relaciones entre sus agentes, favorece el cambio de rol de clientes del Estado a ciudadanos que contribuyen a construir país, gente de excelencia, capaz de desempeñarse eficientemente y en forma protagónica para garantizar gobernabilidad democrática debido a su formación integral: salud ética y conocimiento productivo, generado en gran parte por esa información oportuna y eficaz ofrecida por los entes gubernamentales en el momento en que cumplen con su función respondable.

Es aquí donde se da el fenómeno de la recursividad, pues la información recibida es analizada y se transforma en conocimiento, y este es elemento de motivación para empoderar la participación de los actores sociales que a su vez exigirían en forma dialógica, mayor y más continua información por parte de quienes representan los entes del Estado; les demandarían una conducta de rendición de cuentas que les beneficie socialmente.

En este sentido, el presente artículo se centra en la indagación de cómo la participación ciudadana puede ser empoderada por la responsabilidad, y en especial con carácter informativo, en el contexto del gobierno local. El desafío se centra en analizar la situación planteada a fin de contribuir con la formulación de directrices, lineamientos o programas que permitan gestionar estas dos variables en forma estratégica, ello por su impacto que tienen en el desarrollo de toda sociedad. En consecuencia, orientar la direccionalidad y gestión de estas dos variables implica crear nuevo valor de la calidad de vida en forma corresponsable: Ciudadanía-Estado.

Ayuda además a que las propias organizaciones civiles y gubernamentales puedan diseñar, desplegar políticas y planes eficientes - eficaces, buscando un equilibrio, así como equidad sistémica que facilite el logro de las estrategias relacionadas con el desarrollo y capacidad de gestión de las instituciones antes mencionadas. Dicho gerenciamiento debe fundamentarse a partir de un modelo de interacción con sus públicos, tanto interna como externa de tales organizaciones, tanto civiles como gubernamentales, para así aumentar los retornos positivos del proceso recursivo.

2. RESPONDABILIDAD

Está demostrado que la comunicación es elemento imprescindible para el funcionamiento de las organizaciones, basadas mayormente en información. Precisamente, uno de los objetivos de la Respondabilidad es transmitir resultados sobre la administración de los entes públicos; se refiere a la obligación legal y ética que tiene un gobernante de dar a conocer al gobernado en relación a cómo utiliza y ha utilizado el dinero y otros recursos que le fueron entregados por el pueblo para emplearlos en beneficio de la sociedad gobernada y no en provecho propio, lo que conlleva a contribuir con conductas ciudadanas fundamentadas.

Ahora bien, llegar a este punto requiere de un proceso de información gestionado conscientemente, donde los resultados del mismo sean medidos con la intención de buscar la efectividad del mensaje conjuntamente con la mejor selección de los medios para hacerlo llegar; se propone entonces manejar el término Respondabilidad Informativa, cuando se trate de la divulgación estratégica de la rendición de cuentas.

Tal como lo precisa Ranguelov (2004), toda información, en el ámbito de las organizaciones (públicas, privadas, civiles) tiene el propósito central de soportar adecuadamente las estrategias e insumos, incluso, controlar las actividades que a su vez generan productos comunicacionales.

Así la rendición de cuentas vendría a ser, parafraseando a Coutin (2005), aquella información integrada por un conjunto de datos ordenados de manera significativa que relacionan la manera de cómo suceden las cosas, hechos, fenómenos y la forma en que se gestionaron; cuáles fueron los resultados, cómo se vinculan a su vez con otros; todo esto viene a permitir que se conozcan situaciones, resolver problemas y satisfacer intereses, pues esto crea participación ciudadana más consciente, informada y educada.

Profundizando sobre el término propuesto, se tiene que la Respondabilidad Informativa trae consigo la generación de datos, información, conocimiento, selección de medios, espacios, manejo de competencias comunicativas, como proceso previo a la comunicación, convierte algo real (un hecho, una idea o una opinión) en insumo para la interacción dialógica, y ésta a su vez debe continuar con unas etapas de seguimiento y evaluación a fin de garantizar los parámetros de calidad: eficacia, eficiencia y efectividad.

Desde este punto la información sobre rendición de cuentas actúa como nodos de un proceso en red para la conectividad de los entes involucrados, donde se debe promover la diversidad facilitando el máximo espectro de puntos de vista. Igualmente, respetar la autonomía, es decir, que los individuos contribuyan a la interacción por voluntad propia y a propiciar la interactividad para que las acciones sean producto de la suma de los miembros. Por último, propicia la apertura, donde se permita que una determinada perspectiva sea tomada en cuenta por todos los actores involucrados.

Es importante diferenciar “la información” de “conocimiento”, no son sinónimos, pues este último se logra cuando se asocia y reflexiona con base a la primera, luego es preciso aplicar lo aprendido para que sea útil.

En palabras de Coutin (2005), el conocimiento se hace posible a partir de la información y por lo mismo se convierte en un recurso vital para el desarrollo científico, tecnológico, artístico y cultural de la humanidad, donde, a pesar de la heterogeneidad que la caracteriza, se enfrentan problemas comunes para cuya solución la información es esencial e imprescindible, es un punto de conexión del tejido social, teniendo como limitante que sin la participación comprometida, complementaria, de quienes la promueven podría detenerse o deteriorarse el proceso sistémico: Respondabilidad-Participación Ciudadana-Respondabilidad.

De igual manera, Sánchez y Rodríguez (2000), definen al recurso informacional como aquel que una organización recibe, descubre y registra en cualquier forma para su posterior vínculo con otros hechos o fenómenos, o agentes.

En consecuencia, si la comunicación informacional es una herramienta utilizada por la organización para rendir cuentas a los públicos de interés, mediante datos influyendo en el comportamiento conductual de la ciudadanía, ésta debe ser consecuencia de una gestión respondable asociada al compromiso del Estado contraído con la comunidad. Así, los datos tienen que ser procesados, sistematizados y comunicados oportunamente, en forma transparente y con accesibilidad.

La respondabilidad es tema de interés de todos los países. En este caso, se pretende posicionar también la respondabilidad informativa como ya se planteó en líneas anteriores. En el Estado venezolano podría observarse en su Constitución, según la Asamblea Nacional (1999), específicamente en el artículo 110, que se reconocen los servicios de información como necesarios por ser parte de los instrumentos medulares en el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Podría considerarse entonces la Respondabilidad Informativa como factor clave del progreso integral de un país.

Pero esta visión de integralidad requiere que los ciudadanos puedan disponer tanto de fuentes confiables como de datos libres de opacidad, permitiendo su participación en aquellas situaciones que le impacten su bienestar colectivo en el área económica, organizativa, cultural, educativa, de personalidad, pues todos estos factores intervienen en la modificación de forma de pensar, percibir, entender la realidad y generar conocimientos que influyen en la participación o no de la ciudadanía. De allí que por su amplitud e impacto, se transmite la importancia de gestionar la respondabilidad informativa a fin de dinamizar la participación ciudadana, causa y efecto a su vez de la primera.

La Respondabilidad significa también que no se puede actuar en el anonimato, ni escudarse en la inmunidad, ni acogerse a las prescripciones de ley, porque aún cuando un representante público no pudiese ser juzgado ante tribunales, sí debe ser sometido al juicio de sus pares, de su comunidad, o de la opinión pública bien informada.

Es un recurso necesario para el desarrollo de las naciones y de su integración regional y mundial, informar para obtener conductas comprometidas, corresponsables, de los públicos de interés, de la ciudadanía como término que los agruparía y que proyecta una visión de gente que reclama derechos y cumple con deberes, que contribuye a construir bienestar. Fernández, Belloso y Delgado (2008) resumen dichas posturas en pocas palabras: “la información es un elemento que favorece la integración del ciudadano a la dinámica social y contribuye a su calidad de vida”.

Otro elemento interviniente es esbozado por Morales (1999), plantea que para cumplirse el derecho a la información tendría que existir una armónica relación entre sociedad y el Estado; ámbitos que demandan la interacción entre uno y otro para que desde la localidad se tomen en cuenta los nuevos comportamientos, actitudes y valores de la sociedad globalizada y se advierta el valor estratégico del conocimiento adquirido a través de los recursos informacionales, como elemento esencial para el impulso de las sociedades.

Esto implicaría un plan estratégico circunscrito a la Respondabilidad Informativa, donde vale la pena destacar que éste debe ser un soporte del plan general concebido por la entidad u organismo; significa entonces que las funciones del primero consiste en darle vida a la estrategia general, es un mecanismo de despliegue alineado, sin olvidar, que su objetivo propio es la divulgación e interiorización de la organización y su público de interés es el ciudadano.

Aquí son fundamentales las alianzas trascendentales entre la gestión pública y la comunidad para la generación de procesos de desarrollo social a través de su participación. Se considera que el elemento estratégico para lograr sostenibilidad en la práctica de la respondabilidad es el ciudadano, él está presente en el contexto cuantitativo y cualitativo de rendición de cuentas.

En cuanto a cómo plantear una estrategia de comunicación efectiva Aguilera (2006) identifica dos etapas macros, las cuales vendrían a ser las mismas para la Respondabilidad Informativa, siempre y cuando se observen las particularidades del caso y/o la caracterización del contexto:

1. Identificación. En esta etapa se deben determinar el objetivo que persigue la estrategia, el público o audiencia a quien se dirige y la situación actual que se enfrenta.


2. Plan de Acción. Corresponde al desglose de la estrategia en acciones y tareas, y debe desarrollarse el proceso de tal forma que llevarla a la práctica sea lo más sencillo posible.

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA BAJO EL ENFOQUE DE LA RECURSIVIDAD

A objeto de desarrollar este punto, es útil recordar que la Participación Ciudadana y la Respondabilidad son factores del Estado que vinculados a través de la información generan fases de un proceso en forma recursiva y a la vez, permiten la procreación de conocimiento y transformación en pro del progreso de un país, pues vendría a ser un conocimiento para la acción territorial, de alcance colectivo.

Venezuela está experimentando ese movimiento mundial y en especial Latinoamericano de impulsar modelos donde el hombre y la mujer con sus necesidades sean fundacionales; viene a constituirse en vía novedosa para promover el crecimiento económico y el bienestar social de un ámbito subnacional dado, es decir, que dichos proyectos estarían por la ciudadanía, para la ciudadanía y con la ciudadanía.

Ante el surgimiento del nuevo paradigma basado en que la gestión pública mejora si se mantienen relaciones de calidad entre los diferentes niveles del gobierno y entre estos y sus usuarios, urgen programas que permitan al ser social colectivo generar su propio progreso, tomando en consideración su pluriculturalidad, identidad multiétnica, historias de vidas, modos de producción, sin olvidar que el ser humano solo puede realizarse plenamente en sociedad, con participación de los otros seres humanos; donde los componentes estén diseñados por los mismos agentes involucrados, confluyendo de esta manera la diversidad de saberes y pluralidad de opiniones.

Porque como dice Sanhuesa (2004), la pluralidad se concreta en los intereses de individuos que se reconocen como parte de una sociedad civil activa, la cual se vuelca sobre el espacio público para presentar sus demandas en una especie de proceso de socialización efectiva que trasciende viejos modelos de participación alejados de una conceptualización política-participativa activa.

Pudiera percibirse que este interés en que exista responsabilidad de acción social proviniese de una sola vía, por ejemplo de parte del Estado, sin embargo, no es totalmente cierto si se considera que el ciudadano informado se torna más exigente y busca ser tomado en cuenta.

Las demandas de derechos de diferentes grupos que presionan al Estado para la incorporación de sus identidades o demandas particulares en las políticas públicas, ratifican que el ciudadano ya no es el receptor pasivo de derechos que goza de la protección de la ley, sino que se identifica con la intervención del Estado.

Además, la democracia se legítima cuando el gobernante se sabe juzgado a diario, ya sea para exigírsele o reconocérsele su gestión, y donde el ciudadano asume la propia responsabilidad de medir con integridad y sabiduría a sus gobernantes. De allí la máxima: no hay democracia sin ciudadanos involucrados, y no hay ciudadanos inermes ante el poder, ya que su derecho de exigir no se limita al voto, sino que debe ejercerse a través de los medios de comunicación, las organizaciones de base, partidos políticos y/o las redes de interacción comunal.

En palabras de Spinelli (2010), la participación ciudadana apunta hacia una transformación que imponen las demandas de la sociedad, tanto en lo que concierne a la representación social capaz de controlar y presionar a la gestión pública, como en la búsqueda de espacios sociales, en los cuales los individuos logren producir actividades que expresen sus necesidades.

Otra interesante opinión relacionada con este punto es la de Sanhuesa (2004) quien manifiesta que la participación ciudadana representa la relación Estado y Sociedad Civil, o más concretamente, es la intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales. Sencillamente es el proceso de intervención de la sociedad civil organizada en las decisiones y acciones que los afectan a ésta y a su entorno.

Con base en lo anterior pudiera inferirse que la participación ciudadana experimenta una transformación impuesta por las demandas de la sociedad, tanto en lo referente a la gestión de una institucionalidad de representación social, plural y diversa, dirigida a presionar y controlar al gobierno, como también para la búsqueda de espacios sociales donde los individuos logren producir actividades para formular sus necesidades y expectativas.

Esta premisa también podría fundamentarse en el hecho de que la sociedad del siglo XXI reclama la sustitución de una democracia representativa por una que sea participativa. En consecuencia el Estado busca garantizar el derecho a la participación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según la Asamblea Nacional (1999), contiene principios sobre este derecho declarados desde su preámbulo y formulados en 49 Artículos.

Además, en relación a la Respondabilidad coloca el acento en los electores, pues según la CRBV deben rendir cuentas a estos el Presidente de la República, los Diputados a la Asamblea Nacional, los Diputados al Consejo Legislativo, los Gobernadores y los Alcaldes, con excepción de los Miembros de las Juntas Parroquiales. Se constituye así en un deber de los elegidos; el artículo 66 señala lo siguiente: “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”.

Ahora bien, la participación real de la ciudadanía solo se dará si el Estado promueve los mecanismos que la hagan posible. No se concreta solo con disponer de todo un sistema legal y se olvide consolidar espacios legítimos y formas de intercambio entre ciudadanos/ciudadanas y los órganos del poder público, así como del suministro de información que refleje en forma coherente los hechos, sumada actualmente la exigencia en cuanto a su reclamo de que se le suministre información que contenga un impacto social, referida a sus necesidades y expectativas ciertas (Respondabilidad).

Por otra parte, es necesario crear y mantener los medios específicos legales y viables que faciliten la participación y más aún, cuidar que se garanticen en todas las estructuras del poder público: Nacional, Estatal, Municipal, pues la democracia electoral en forma simple no garantiza que los gobernantes legítimamente electos por el voto popular se desempeñen en forma eficaz y rindan cuenta de la responsabilidad delegada.

Hay entonces un pedimento sentido de que las instituciones sean conscientes de su compromiso y de su obligación en el cumplimiento del orden jurídico y transparencia pública.

Se plantea así un beneficio para ambas partes intervinientes con la interacción del Estado/Ciudadanía. Según Sanhuesa (2004), esta interacción aumenta la comprensión del quehacer público; facilita la transparencia; a la gobernanza, contribuye a la redefinición de lo público, quitándole su uso exclusivo a lo estatal.

Es decir, que la gestión pública cuando involucra a la sociedad civil, crea espacios de participación y contribuye a corregir fallas, así como a construir y reconstruir organizaciones, pudiera agregarse, además de lo indicado por este autor, que fortalece la imagen de las instituciones y a su gobernabilidad.

En Venezuela este proceso de interacción y cambio de comportamiento se observa, con mayor visibilidad, en el ámbito municipal, aún cuando se da con baja intensidad y frecuencia tal como se demuestra en estudios realizados, como por ejemplo el de Revilla (2010).

Sin embargo, es en los gobiernos locales, las instancias administrativas donde se da posibilidad a la interacción de los entes de la administración pública con los ciudadanos, contándose con todo un sistema legal (ver cuadro 1) que promueve la participación en pro de proyectos comunes. Atendiendo esta distinción y el objetivo del presente estudio se muestra el cuadro siguiente relacionado con la normativa que rige para el gobierno local.

Cuadro 1.

Aportes de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

Artículo	Materia Regulada
37	Facultad de las Juntas parroquiales de articular con las organizaciones de base popular.
38	Obligación de requerir información de la gestión municipal y ponerla a disposición de los ciudadanos y ciudadanas.
119	Funciones del Síndico, dentro de las cuales esta asesorar jurídicamente y orientar al ciudadano o ciudadana.
259	Identificación de los medios de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía.
268	Cooperación Vecinal para labores de asesoramiento.
269 al 276	Presupuesto participativo, control social de la gestión pública, organización para ejercer el control.

Fuente: Asamblea Nacional (2010).

Estas normativas son coherentes en la intención con el concepto de Participación Ciudadana manejado en el contexto analizado, reflejan la intención para informar y ser informado, escuchar y ser escuchado, donde es igualmente importante lo que se informa y el cómo se efectúa. A fin de lograr mayor fundamentación en lo vertebrado de la asociación entre Respondabilidad-Participación Ciudadana, es oportuno citar la definición de Transparencia Venezuela (2008) sobre este último término:

“La participación de los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad (local, regional, nacional) para expresar sus puntos de vista y opinión sobre los problemas de que los afectan y ofrecer soluciones para influir, de manera individual o colectiva, en los asuntos de la comunidad y en la vida nacional” (p.64).

Retomando el ámbito local, es evidente que es a nivel municipal donde los ciudadanos tienen la posibilidad de estar más cerca del gobierno y de ejercer de manera más activa su derecho de intervenir en la vida pública. La participación de la ciudadanía es instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social. Entendiéndose por empoderamiento, según Powell (1990), citado por Musitu y Buelga (2004), como el proceso mediante el cual los individuos, grupos y comunidades llegan a tener la capacidad de controlar sus circunstancias y de alcanzar sus propios objetivos, luchando por la maximización de la calidad de sus vidas.

Por su parte Rappaport (1981), citado por Musitu y Buelga (2004), conceptualiza el término empoderamiento como la identificación de valores sobre la cual se sustenta la intervención comunitaria y social, reflejando el interés en la vida social desde un enfoque integral, identificando a los individuos, las organizaciones y las comunidades sociales, como un entorno de influencias entre sí. Sin embargo en la práctica no se es tan consistente con lo establecido en la teoría.

De acuerdo a los resultados de esta investigación, aplicada en los municipios del estado Zulia, sin hacer contrastaciones por similitud de datos arrojados entre poblaciones, se obtuvo que el 47% de los entrevistados sostiene que no se da a conocer la gestión del gobierno local; 39,47% señala estar totalmente en desacuerdo que los cabildos abiertos propuestos por la alcaldía sean de utilidad para el municipio.

45 % asegura estar totalmente en desacuerdo en que informen constantemente sobre la realización de asambleas ciudadanas; 38 % manifestó estar ni de acuerdo/ni en desacuerdo en que estimulan a los ciudadanos para que presenten proyectos en beneficio del municipio.

Por otra parte, el 45 % está totalmente en desacuerdo en que estimulen la participación ciudadana y sean voceros de las comunidades para promover la participación en la gestión local. La información no difiere mucho de la obtenida por Revilla (2010), en un estudio enfocado también sobre la variable participación ciudadana, tomando como población informante el estado Trujillo.

La descripción de resultados pudiera interferir con lo establecido por Cruz (2008), quien sostiene que la interacción entre las comunidades y el gobierno debe tener un carácter dinámico y activo para así lograr la viabilidad de la solución a los problemas sociales; dando lugar a un proceso de aprendizaje continuo en el cual se van logrando niveles de integración cada vez más profundos y útiles para el desarrollo integral del municipio. De acuerdo con este mismo autor, la participación ciudadana en la gestión pública local aporta un conjunto de ventajas:

Incrementa la capacidad para enfrentar los problemas locales y aprovechar las oportunidades de desarrollo; incrementa los niveles de equidad y reduce el costo de los servicios; desarrolla y profundiza la democracia e incrementa los niveles de responsabilidad tanto del ciudadano como del gobierno municipal; fortalece al municipio como instancia de gobierno y crea perspectivas de continuidad y estabilidad democrática en los actores sociales; propicia un desarrollo basado en la atención permanente y duradera de las necesidades de la población (p.1).

Como reflexión, se evidencia lo conexo de las ideas del autor con la función respondable de una organización, en el sentido de que al comunicarse los resultados de modo efectivo, sin necesidad de incurrir en falseamientos y oportunamente, generaría una participación ciudadana motivada y responsable, asegurando la recursividad del proceso, ello sin olvidar la fase propuesta en este trabajo (Respondabilidad Informativa) a ser desarrollada en forma consistente y secuencial.

4. CONCLUSIONES

La rendición de cuentas debía ser una acción con un espíritu eminentemente fiscalizador, pues aludía en sus inicios al informe contable que debían presentar los administradores a los dueños de la empresa, pasa a precisar la obligación de dar cuenta al ciudadano, lo cual tiene que ver de alguna manera con cambios que se producen en el comportamiento colectivo; surge luego el término respondabilidad que contiene además de lo indicado una carga de impacto social.

La Respondabilidad Informativa no es más que la acción estratégica de divulgar y asegurar la realidad de los datos en el contenido de los mensajes relacionados con los resultados de la gestión pública, en este caso del gobierno local. Otra arista se encuentra en el compromiso del líder con el colectivo fundamentado en la comunicación sincera entre los representantes de la administración pública y el entorno, la necesidad se torna crítica al observar que actualmente la información bajo este enfoque y mostrada virtualmente está sujeta a escrutinio público, se encuentra en la mira pública.

Esta última concepción lleva implícita la preocupación, ante las exigencias de la ciudadanía, por la efectividad, eficiencia y eficacia, de la gestión de las instituciones públicas, así como el convencimiento de que ya no existen organismos que puedan ser exonerados del cumplimiento de las anteriores categorías evaluativas o indicadores de gestión. Cada vez se torna más insistente y familiar este planteamiento: Planificar, ejecutar de acuerdo con las metas y los propósitos proyectados, y emitir honesto juicio evaluativo sobre sus realizaciones, son actos propios de las personas y las instituciones responsables.

Como aporte de este estudio se ofrece a continuación (ver gráfico 1) cuatro fases del proceso recursivo de la Respondabilidad/Participación Ciudadana, haciendo énfasis en la etapa Informativa. Estos cuatro elementos se cubren en forma relacionada y operan en forma sistémica e interdependiente.

Gráfico 1.

Proceso Recursivo Respondabilidad-Participación Ciudadana

Fuente: Elaboración propia

Respondabilidad Informativa: a partir de la investigación realizada se ha evidenciado que es emergente la acción de involucrar a los ciudadanos en la gestión pública cuando estos expresan interés en participar, y que su compromiso se fortalece mediante la orientación e información sobre cómo deben efectuar su participación y en cómo fundamentar la misma, pues la respondabilidad informativa genera confianza y motivación en el ciudadano al sentirse tomados en cuenta.

Además lo empodera para participar en la toma de decisiones importantes del Estado, o del gobierno local, haciéndose referencia específica al contexto en estudio. Igualmente, se contribuye con la calidad de la interacción del ciudadano. Cuando se accede a la información confiable se da la probabilidad de colaboración entre la administración pública y los diferentes conglomerados que integran una sociedad; tiende a unir esfuerzos, a construir confianza, siendo esto clave ante la diversidad y pluralidad que deben fluir en la integralidad heterogénea del tejido social.

Dentro de esta fase se valora el estado actual de los sistemas y acciones comunicacionales de los organismos públicos: cultura respondable existente; efectividad y compatibilidad de los sistemas de operación comunicacional; retos y logros de desempeño; estado de indicadores de efectividad y eficiencia, indicativo de si la adopción o no de un cambio de estrategias es apropiada u oportuna; identificación del equipo encargado de diseñar, implementar y monitorear las estrategias de información de resultados, así como de su implementación.

Proceso de cambio de paradigma en cuanto al objetivo de la comunicación pública, antes dedicada solo a promocionar programas de gobierno e imagen del funcionario público, actualmente enfocada en la creación de vías que permitan el involucramiento de los ciudadanos para construir visión hacia la promoción e incremento de la sensibilidad social frente a las necesidades reales colectivas, generando así compromiso y sentido de pertenencia de país.

Espacios Interactivos: esta etapa comienza con la consideración de los mensajes y públicos objetivos identificados y necesarios para informar sobre la gestión de resultados, proceso que debe comenzar de adentro hacia fuera. Una actitud asumida por todos y cada uno de los miembros de la institución favorece la calidad de la transmisión de mensajes y por ende, todos deben estar informados.

El flujo de información requiere estar caracterizado por ser coherente entre lo que se dice y se hace; si lo que se ejecuta es cónsono con los intereses del colectivo es más fácil comunicarlo, es decir, la relatividad cultural tiene primacía. Igualmente, la presencia deficiente en este proceso de una ética comunicativa conduce a obstáculos que dificultan el tejido interactivo de su entorno y puede conllevar a situaciones negativas, de pérdida de energía o de errores de comunicación, informes mal escritos, explicaciones mal formuladas, mensajes mal transmitidos.

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, revisión de documentos y otras consultas, se observa la necesidad de que las alcaldías promuevan espacios interactivos basados en lo establecido en la Carta Magna, en el Título VI de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en los instrumentos legales sancionados por los órganos legislativos del gobierno regional y local. Las Alcaldías ajustándose a la Ley necesitan crear una red social de acción comunicativa, involucrando a la ciudadanía en un diálogo democrático, orientado a propiciar acciones que involucren la producción de mensajes dirigidos a los diferentes sectores de la comunidad, sin olvidar considerar como interpretan el mundo en que viven.

Partiendo de lo antes propuesto, se puede resumir que la responsabilidad como herramienta para empoderar la participación ciudadana en las alcaldías tiene como requerimiento convocar a los sujetos sociales desde su competencia y lugar social para concertar con ellos metas y propósitos de interés común, en busca de movilizar a la sociedad hacia logros democráticos, hacia la construcción de un ciudadano informado, orientado, con fundamentación clara para el planteamiento de sus exigencias y aportes.

Esto incluye, además del uso de medios tradicionales, generar documentos, recursos interactivos, ofrecer seminarios, foros, compartir información, realizar cabildos, activar portales web {…}; a fin de comprometer a los ciudadanos a participar, para ello tienen derecho a estar informados sobre todos los programas y proyectos públicos.

Ciudadanía Empoderada: ante la complejidad de la sociedad, las alcaldías precisan de la participación de las comunidades a través de distintas formas de organización que le permitan estar presente en la formación de peticiones de inversión, en los planes, programas diseñados para lograr el bien común, en la contraloría social de obras, su ejecución y evaluación. Para alcanzar este objetivo en forma eficiente y eficaz, es clave la educación de la ciudadanía, mantenerla informada, incentivar el debate profundizando sobre deberes y derechos ciudadanos, la ética y sus valores, corresponsabilidad y desarrollo local.

Una comunidad educada en valores, con conocimiento, es útil al ser consultada; la sociedad civil organizada ayuda a construir en relación a aquellos asuntos locales que le preocupan, surge así la importancia de establecer la participación ciudadana como un principio en el que se pueda instituir el conjunto de mecanismos e instancias que tienen los diferentes actores para involucrarse en la toma de decisiones, en la formulación, control, seguimiento de la política pública.

Irrumpe la necesidad de elevar la condición de autoestima del ciudadano(a) y su conciencia, estimulando la orientación de acciones para posicionarse en su nueva filosofía de vida, empoderar para que se contribuya con el colectivo a alcanzar una mejora continua, todo en relación a cultivar su potencial creativo e innovador para la salud ética, económica y social.

De esta forma, las dificultades se manejan a través de la diversidad de los valores de sus colaboradores, identificando las prioridades de los espacios de acción, y reflexión que permitan restaurar la integración de sus elementos, independientemente de la complejidad de sus posiciones, criterios, formación, valores y creencias.

Articulación de actividades: las Alcaldías están llamadas a orientar y promover la participación activa y voluntaria del (la) ciudadano(a) a fin de crear un camino tendente a la articulación entre los organismos públicos y la sociedad civil. De allí que debe facilitar a la ciudadanía el ejercicio de la fiscalización social sobre la gestión de los gobiernos locales. En consecuencia, en esta fase se establecerían mecanismos que permitan tanto la interacción como el hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones tomadas por el gobierno municipal.

En esta fase se ejerce la coordinación de acciones comunicativas para dar a conocer sobre el desarrollo de la gestión y rendir cuenta del estado de los procesos, proyectos, programas; aquí es bueno personalizar las actividades, es decir, la información y los medios dirigidos a publicar la información sobre los resultados de la gestión pública se deben seleccionar en función de la audiencia específica; divulgar los principales temas de interés para su público es fundacional. Además la información debe ser procesada, sistematizada de forma que le permita al (la) ciudadano(a) común entender los procesos de la administración.

Para finalizar se enfatiza en que la respondabilidad informativa es vía para la deliberación colectiva, empodera la participación activa y equitativa del (la) ciudadano(a), creando ambientes favorables que permitan el apoyo recíproco de la comunidad. En definitiva, genera seguridad ciudadana y da garantía de los espacios para interactuar; además logra la articulación colectiva a través de la comunicación en los espacios de decisiones alrededor del gobierno local.

En este proceso es condición medular, el compromiso e intervención de alcaldes, directores generales, directores altos, medios y jefes de las oficinas de comunicación, así como, de la sociedad organizada. Solo con la interacción con sus públicos, la Alcaldía puede asegurarse que la comunidad esté en línea con el gobierno local, restringiendo así las barreras del ruido, la incertidumbre y las confrontaciones en los debates que se den en torno al cumplimiento de las metas establecidas. Estimular la alineación de los líderes de las comunidades locales en torno a la función del gobierno local crean convergencia entre los retos comunicativos, los retos de la alcaldía y las expectativas del (la) ciudadano(a).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilera, J. (2006). Comunicación Empresarial. El Plan no es la Estrategia y otros Conceptos Fundamentales. (Cap. III). Colombia. Textos Universitarios.

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