Recepción: Marzo 2013
Aceptado: Julio 2013
Nava Petit, Diamela
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela.
nava-diamela@hotmail.com
Hernández, Orlando
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela.
oeho22@hotmail.com
El presente artículo tuvo como propósito realizar un contraste teórico que distingue la respondabilidad como una obligación ética en la gestión pública, tomando en cuenta las teorías que existen al respecto y que se muestran en los contenidos de Ferrer (2004), Seijo y Añez (2008), Elegido (1996), Caridad y Pelekais (2011), Coutin (2005), Cortina (1998) entre otros, desarrollándose bajo un enfoque interpretativo de tipo descriptivo y diseño no experimental a través del análisis de documentos. De esta manera, el estudio se realiza desde la perspectiva del análisis de la respondabilidad como obligación moral, legal, y ética, de los funcionarios públicos y su interacción con los diferentes grupos de interés, en el ejercicio de las actividades de administración pública. En este sentido el contexto referencial lo constituyen los impactos que la actividad y operaciones de las organizaciones puedan establecer bajo un ámbito de transparencia en la gestión de sus procesos, teniendo como conducta la ética, y su capacidad de discernir valores y actuaciones de los individuos pertenecientes a una organización. En consecuencia, la actuación de los funcionarios públicos se encuentra regida por un conjunto de normas claramente establecidas en la plataforma ética de la comunidad; enlazando de esta manera la ética con los procesos de gestión pública. En virtud de las reflexiones planteadas, la importancia de este estudio es destacar la relevancia que tiene la respondabilidad como obligación ética en el ejercicio de la gestión pública, indicando cómo se deben poner en práctica los valores éticos en el ejercicio del trabajo de los funcionarios públicos.
Palabras clave: Respondabilidad, Obligación ética, Gestión pública, Ciudadanía, Organismos públicos.
This article was aimed to conduct a theoretical contrast distinguishes' Accountability as an ethical obligation in governance taking into account existing theories about and shown in the contents of Ferrer (2004), Seijo and Añez (2008), Elegido (1996), Caridadand Pelekais (2011), Coutin (2005) y Cortina (1998) among others, developed under an interpretive approach descriptive and non-experimental design through the analysis of documents. Thus, the study is conducted from the perspective of the analysis of accountability as a moral obligation, legal, and ethical public officials and their interaction with different stakeholders in the exercise of public administration activities. In this sense it is referential context impacts the business and operations of organizations to establish under a level of transparency in the management of processes, having as ethical behavior, and their ability to discern the values and actions of individuals belonging an organization. Consequently, the performance of public officials is governed by a set of clearly defined standards for the ethical platform of the community thereby linking ethical governance processes. Under the reflections raised, the importance of this study is to highlight the relevance of accountability and ethical obligation in the exercise of public administration, indicating how you should implement ethical values in the exercise of civil work public.
Key words: Responsibility, Ethical obligation, Governance, Citizenship, Public bodies.
En la sociedad contemporánea, se constituyen sistemas sociales cooperativos con el propósito de trabajar continuamente, para alcanzar así un objetivo común. Al respecto, en el componente humano de estos sistemas sociales de las empresas reside gran parte de sus limitaciones, en cuanto al crecimiento y expansión. No obstante, la humanidad se ha enfrentado a distintas y aceleradas transformaciones sociales, económicas, culturales, entre otros. Por tanto, algunos paradigmas se han formado en las búsquedas de respuestas de las diversas exigencias planteadas por el mundo globalizado.
En este contexto, la preocupación por la ética no queda en el plano de lo declarativo, de la sola reflexión y enunciación de las misiones, es decir, pasar a la práctica no es solo cuestión de redacción de códigos basados en buenas conductas, con el propósito de implantar formas equitativas a la retribución, respetando los talentos, al promover acciones educativas, tener comunicaciones abiertas, y relaciones sinceras con los miembros de la organización.
Por su parte, en los últimos años la ética ha ocupado los primeros lugares en los temas de la reflexión, a la vez que de manera permanente, se exige en las organizaciones humanas la necesaria recuperación en cuanto a los principios y valores éticos como referentes de su actuación. Sin embargo, la ética, como un acto de conciencia voluntaria del hombre, derivado de su formación moral, social, religiosa, entre otras, trasciende la esfera en lo personal para alcanzar la ética colectiva y se crea así lo que se denomina la ética o moral pública.
En este orden de ideas, según Ferrer (2004), la ética pública es como la ética en sí misma, una ciencia práctica, que incluye principios generales y valores sobre la moralidad de los actos humanos realizados por el gestor público. En virtud de ello, la ética se considera práctica porque se ocupa fundamentalmente de la conducta humana, basada en normas y criterios necesarios para saber actuar con bien ante los demás.
Por lo tanto, el análisis del presente estudio es promover la respondabilidad como obligación ética en los funcionarios públicos, principalmente en su actuación diaria, deben presentar siempre una actitud congruente basada en unos valores como la honestidad, responsabilidad, respeto, tolerancia, integridad, entre otros. En síntesis, el objetivo es establecer conexiones que muestran la complejidad de lo existente frente a lo cual no se pierde la capacidad de actuar, brindando seguridad que repercute en el comportamiento de manera satisfactoria garantizando ese talento humano en la organización.
La importancia que tiene hoy en día la respondabilidad en las organizaciones se ha constituido en un tema de discusión y análisis frecuente para distintos actores vinculados a diferentes movimientos de activistas, así como por parte del sector empresarial.
En este orden de ideas, según Ferrer (2004), cada vez son más las organizaciones que desean experimentar una tendencia hacia un modelo de acuerdo al código de buen gobierno en la empresa sostenible, creando transparencia en la gestión en cuanto a sus procesos, valor económico, medio ambiental, a corto y largo plazo, puesto que son más conscientes de que en la economía actual de mercado, la legitimidad para poder operar ha de venir concebida por todos aquellos agentes o grupos de interés, por lo cual la empresa se relaciona en su quehacer diario.
Al respecto, la respondabilidad en las organizaciones se encarga de transmitir resultados a la sociedad en general, en cuanto a la obligación, moral, legal, y ética, de cómo los gobernantes, los gerentes, o cualquier cargo público, utiliza el dinero y otros recursos que le fueron entregados por el pueblo para emplearlos en beneficio para la sociedad.
Desde la perspectiva general, este análisis permite comprender que la respondabilidad ocupa un lugar indispensable en las organizaciones, de esta manera el principal objetivo de la respondabilidad es gestionar los resultados para mejorar la eficiencia, buscando optimizar la comunicación con la mejor selección de medios eficaces donde se propone entonces manejar el término Respondabilidad informativa al momento de divulgar la rendición de cuentas a la sociedad.
Asimismo, la rendición de cuentas, según Coutin (2005), asume la información integrada por un conjunto de datos ordenados de manera significativa que explica la manera de cómo suceden los hechos, fenómenos, y la forma en que se gestionan los procesos comunicacionales, creando participación colaborativa más consciente, y transparente en pocas palabras; un insumo para la interacción dialógica.
En virtud de ello, la respondabilidad no debe verse solamente desde el plano personal sino también desde el punto de vista colaborativo, de allí que hoy en día se viene hablando de la respondabilidad en las empresas como un valor de complemento a todos los niveles, y donde cada miembro de la organización es responsable de sus actividades y comportamientos.
Visto de esta forma, según Morales, Núñez, y Delfín (2006), las organizaciones asumen diversas exigencias por parte de los ciudadanos en un contexto cada vez más complejo, donde se quiere la mejor administración de los capitales intangibles tomando en consideración la participación de la gente, construyendo a su vez una sinergia entre Estado y Ciudadanía, aportando el desarrollo de todo un colectivo para mejorar la comunicación, ofreciendo información necesaria, transparente, y oportuna.
En síntesis, algunas organizaciones requieren buscar resultados óptimos en su gestión, que los mensajes cuando se transmitan al difundir información, se realicen de manera coherente, evitando desvíos o barreras, disminuyendo evaluaciones subjetivas entre los miembros de la organización. Para ello, la ética debe constituirse en un pilar fundamental de los actos constantes de las organizaciones, de tal manera que las actividades de respondabilidad sean sustentadas en todo momento por actos éticos por parte de todos los miembros de la organización.
En este sentido, Ferrer (2004) asume que la responsabilidad ética en el ámbito público, se encarga de unir dos premisas muy importantes como la vida misma y el principio de libertad, es decir, el individuo es el responsable de sus actos en el medio que lo rodea. Por tanto, los actos son producto del conocimiento que determina la voluntad, dando origen a los logros primeramente individuales y colectivos, tomando en consideración al hombre como un elemento social que enriquece sus valores y principios.
Sin embargo, y de acuerdo a los postulados del autor anterior, se dice responsable a la persona que es capaz de justificar el comportamiento de sus actos, de dar razón en cuanto a sus acciones. En pocas palabras, la responsabilidad es una consecuencia de la libertad. Sin embargo, la actividad empresarial es un producto en la libre creatividad de los hombres con visión de negocios, que al transcurrir el tiempo se ha convertido en una pieza fundamental de la humanidad, como fuente de aprendizaje, de conocimiento de vida, por el cual se desenvuelve el quehacer diario, del ser humano, por lo tanto en defensa de esa libertad, se encuentra presente la responsabilidad ética.
A modo de reflexión, la ética de la responsabilidad en el ámbito público mueve a los ciudadanos a contribuir al bien común para cumplir con sus deberes, al obligar a los políticos a rendir cuentas de sus acciones en el hecho público, creando actitudes éticas de solidaridad compasiva para los ciudadanos. De esta manera, la responsabilidad ética es fundamental para el buen desempeño de los funcionarios públicos, para que los mismos puedan obtener mejores resultados en la definición de objetivos, así como en la prestación de servicio, llevando a cabo prácticas honestas, transparentes, confiables, para poder satisfacer las demandas o necesidades de las personas que integran en el Estado.
No obstante, según Seijo y Áñez (2008),plantean que la responsabilidad parte del ser humano, como ente único responsable de la existencia, en lamoral, principios y valores éticos que implica tomar en cuenta las consecuencias que puedan afectar el entorno, a través de una responsabilidad basada en principios, congruentes y transcendentes, es decir; siendo la empresa un actor moral debe asumir una responsabilidad comprometida, pues de esas consecuencias depende sus ventajas competitivas y la existencia o supervivencia de la organización en el contexto social donde se desenvuelven.
Como aporte a lo anteriormente planteado, todo servidor público debe crear un entorno ético que permita establecer un ambiente armónico en la vida pública, basada en la lealtad, responsabilidad, compromiso, humildad, generando mayor conciencia moral en la participación de la sociedad civil. No obstante, el mismo debe manejar los procesos con claridad, dejándose llevar por su libertad interior sin trampas, es decir, responsablemente para producir en el ámbito público con probidad.
Dentro de este marco de ideas, en el ámbito empresarial se propicia este entorno en el mismo momento de la concepción del negocio, con la finalidad de involucrar bienes o servicios como beneficio de un sector, adquiriendo un compromiso directo con la organización, de tal manera de regirse por una serie valores éticos, que formarán parte en la toma de decisiones, producto de la puesta en práctica, y el aprendizaje diario empresarial.
Las organizaciones son un grupo humano cualquiera capaz de generar riquezas para responder a las necesidades sociales y económicas al evaluar su productividad. Asimismo, en la medida que se desenvuelva como una organización legitimada en el marco de unos principios éticos por parte de todos sus integrantes, incluyendo los clientes y proveedores, podrá adquirir un status de credibilidad y confianza por parte del entorno y la sociedad en general.
A su vez, para lograr un objetivo esencial, es necesario que el funcionario público se haga responsable de promover una memoria innovadora, que fomente la integración armónica y dinámica, como lo refieren los planteamientos de Cortina (1998), cuando plantea que se debe orientar un proyecto de nuevos desafíos, tomando en cuenta las metas alcanzables que van a orientar la definición de la tarea de todos, para promover una memoria innovadora como integración dinámica, y armónica, desde un punto de vista institucional y personal.
A modo de reflexión, el trabajar en el servicio público implica la consecución del interés general así como del bien común para generar valores determinados en cuyo ámbito el liderazgo ético constituye un pilar importante para la promoción de los valores que marcan el ejercicio del trabajo de los funcionarios públicos.
Visto de esta forma, según Caridad y Pelekais (2011), el término respondabilidad se enfoca principalmente en la acción responsable de rendir cuentas en cuanto a las gestiones individuales o colectivas de forma transparente a todas las partes involucradas en el proceso y de manera regulada a los agentes externos de las organizaciones como son: clientes, proveedores, entre otros.
Esta actividad se involucra a partir de la implantación de códigos de ética, procesos a la auditoría interna, sistemas de información, manejo de recursos, vienen a jugar un papel importante en las organizaciones eficientes y eficaces al momento de determinar el verdadero éxito de las mismas, en un mercado altamente competitivo como el de hoy en día.
Como reflexión a lo anteriormente mencionado, la respondabilidad se traduce en la principal manifestación por parte de la participación ciudadana para cuestionar en su raíz los resultados que muestran las organizaciones de sus actividades de gerencia y administración. Por tanto, es una responsabilidad que debe ser compartida entre todos los que forman parte de la sociedad, garantizando los valores de justicia, equidad, humildad, que hacen posible el acceso al bien como valor de solidaridad, practicado por todos los ciudadanos en el marco de un orden político de libertades plenas.
Por su parte, la ética ha ocupado los primeros lugares en los temas de la reflexión, a la vez que de manera permanente, se exige de las organizaciones humanas la necesaria recuperación de los valores éticos como referentes de su actuación. Asimismo, la ética, como un acto de conciencia voluntaria del hombre, derivado de su formación moral, social, religiosa y política, que va mucho más allá dela esfera personal para alcanzar la ética colectiva y se crea la ética o moral pública.
De acuerdo a lo establecido por Bautista (2008), la ética se convierte en una disciplina que explora sistemáticamente las condiciones para favorecer una vida congruente. No obstante, identificando esas condiciones, pero considerando siempre la forma en que los individuos emplean términos como ética y moralidad, en su mayoría se tiene en mente como al hablar de actuar éticamente se traduce en actuar con inteligencia o tomar en cuenta los intereses de los demás. De este modo, la ética organizacional ocasionada por las conductas personales origina una atmosfera cultural para la reafirmación de creencias y conductas por parte de los seres humanos.
Cabe destacar que es allí precisamente donde se encuentra la ética, en esa capacidad de discernir valores y actuaciones de los individuos pertenecientes a una sociedad u organización. En consecuencia, dicho actuar se encuentra regido por un conjunto de normas claramente establecidas en la plataforma ética de la comunidad; es así como se enlaza la dimensión ética con las características del Estado.
Con base en lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que la ética en el servicio público surge en el campo plural de las personas, comunidades y los pueblos, pueden tomarse decisiones libres sobre asuntos, problemas y proyectos comunes, que atañen a sujetos diferentes, individuales o colectivos. De esta manera, la dimensión ética del servicio público obliga a asumir responsabilidad social en cuanto al ejercicio del poder público, teniendo por eje el respeto y cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Se indica que la relación entre ética y ley, mostrando que la ética es más amplia que la ley, entre ellas median acuerdos y consensos. Sin embargo, la ley misma es producto de la deliberación y el acuerdo en el seno de una sociedad plural. Según lo manifestado por Calderón (2010), en el cruce entre ética, ley y política, se encuentran referentes de aceptación general porque constituyen elementos de orientación para los actores o sujetos políticos, dando por entendido de quienes ejercen autoridad o poder institucional, al comprender el deber moral de cumplir las funciones para las cuales han sido elegidos.
Bajo esta óptica, la rendición de cuentas bajo el enfoque de la dimensión ética en el servicio público es un tema que se debate cada vez más tras la preocupación existente en cuanto a la disminución de la confianza de los ciudadanos con respecto a la legitimidad de sus actuaciones. Según los planteamientos deSeijo (2010), la dimensión ética del servicio público debe plantearse como un agente activo que estimula a los ciudadanos a participar responsablemente en la vida pública, contribuyendo en la búsqueda del bien común; esta situación obliga a los políticos a rendir cuentas de su actuación y crea exigencias éticas de solidaridad entre los ciudadanos.
En síntesis, es importante que todo país ejecute una práctica intensa y extensa de una ética sustantiva que asegure el cumplimiento de los fines del estado social, orientado a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la equidad y la calidad de vida. Por tanto, es preciso expresar en proyectos del Estado, aspectos importantes de la política pública que se correspondan con criterios éticos, tales como legalidad democrática, cultura social, seguridad ciudadana y democracia participativa, entre otros.
Sin embargo, las cuestiones éticas en la gestión pública no es una simple discusión sobre los criterios para la elección de estrategias de comportamiento por parte de las personas que ejercen funciones decisorias, sino que trata de resolver el nivel en el cual se ubica el problema, es una visión que define los valores en juego, los mandatos sociales a considerar en la situación. Con base en lo expuesto, en la gestión pública, según Ferrer (2004), se observa la necesidad de integrar valores de convivencia democrática.
Asimismo, la ética en la gestión se convierte en una propuesta orientadora para la consecución del bien común. Bajo esta óptica, esta preocupación es decisoria y se dirige, tanto hacia la labor orientadora centrada en el respeto y la práctica de los principios éticos en las actuaciones públicas, como también hacia la identificación de las prácticas perversas, que conducen a la percepción negativa, generalizada por parte de los ciudadanos, donde se opacan las conductas responsables.
Como aporte, la gestión ética en el ámbito público se desempeña en un contexto compuesto por reglas, toma de decisiones, bajo un ámbito para orientar situaciones concretas, algunos rasgos valorativos definen los niveles de responsabilidad, conciencia e identidad de las instituciones públicas. Dentro de este marco de ideas, la gestión ética en el ámbito público, destaca el papel que debe ejercer la sociedad civil como agente motor de transformación congruente por la construcción de las comunidades de futuro.
Ahora bien, según Elegido (1996) la ética es una disciplina por la cual se explora sistemáticamente las condiciones que favorecen una vida congruente. En este sentido, considerando siempre la forma, en que los individuos emplean términos como ética y moralidad en su mayoría se tiene en mente como al hablar de actuar éticamente se traduce en actuar con inteligencia; y/o tomar en cuenta los intereses de los demás. Bajo tal concepción, se tiene la tendencia en la importancia de saber que cada persona tenga un plan global de vida donde integre sus diversas orientaciones y compromisos.
No obstante, la construcción de eticidad tiene como papel fundamental un comportamiento basado en la coherencia ética de las acciones y relaciones con los diversos agentes morales en las organizaciones; contribuyendo a la construcción de una ciudadanía social de futuro que internalice la necesidad por la preservación de la vida en el plano biopsicosocial; es decir, una búsqueda para establecer un equilibrio entre lo económico, social, cultural y ambiental, donde se puedan construir condiciones de un espacio vital, al permitir una convivencia en las futuras generaciones.
Por ello, según Seijo y Áñez (2008), la gestión ética en el servicio público se ha transformado en una de las demandas sociales más arraigadas y en uno de los lugares comunes de los discursos políticos. Sin embargo, quienes protagonizan la política desde del Estado, son aquellos que precisamente tienen el sentido común para indicar como los verdaderos y exclusivos responsables de la ausencia de esa clara virtud cívica están en muchas oportunidades en el ámbito público.
Atendiendo a estas consideraciones, según Ochoa y Montes (2004), las administraciones públicas deberán fomentar modelos de conducta que integren valores éticos como: lealtad, responsabilidad, compromiso, moral, conciencia ética, entre otros, al servicio público para guiar la actuación profesional de los empleados públicos. En síntesis, la ética pública permite la enseñanza de un conjunto de conocimientos convirtiéndose en un ámbito para el funcionario.
Bajo esta óptica, el estudio en cuanto a la gestión ética en el ámbito público implica plantearse como un agente activo para estimular a los empleados públicos a participar desde un punto de vista social y responsable en la vida pública con la finalidad de buscar un bien común, obligando a los políticos a rendir cuentas de su actuación, mediante una conciencia ética, solidaridad, lealtad, respeto, para reforzar la confianza de los organismos públicos.
De este modo, las políticas gubernamentales de los Estados contemplan en sus líneas de acción la profesionalización del servicio público, por lo que para ello es indispensable fomentar a los servidores la adopción de hábitos de excelencia en el desempeño de sus responsabilidades, haciéndolo desde el marco de los valores éticos.
Asimismo, según Ferrer (2004), las políticas buscan fomentar un cambio de actitud para considerar al ciudadano como un cliente que merece un servicio eficiente y de calidad, que responda cabalmente con los planteamientos de la sociedad y de las acciones que puedan ser sometidas en cualquier momento a fiscalizaciones por parte de los ciudadanos, quienes serán los garantes de la gestión del servidor público.
En ese mismo orden de ideas, y como aporte, se requiere entonces que los funcionarios de la administración pública promuevan permanentemente los valores éticos que les exige el ejercicio de la gestión. Además, es importante que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en el ejercicio de sus funciones, basadas en los valores éticos que deben conducirse.
Es así como el código de ética se propone como un documento de observancia obligatoria para todos los servidores públicos que conforman la Administración Pública, con el propósito de establecer un conjunto de valores éticos sobre los que se construya un Gobierno Eficiente y con una sólida cultura de servicio, promoviendo la transparencia en sus actividades.
En referencia a lo anterior, es importante destacar que el código de ética no pretende suplantar leyes o reglamentos existentes, sino fortalecerlos, definiendo los valores éticos que deben guiar la actuación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones, al corresponder a su cargo o comisión, estableciendo una norma específica de buena conducta, reflejando el compromiso, el desempeño de su cargo, día con día, garantizando el respeto en las leyes, y honrar la confianza donde los ciudadanos han depositado en ellos.
De este modo, los códigos de ética constituyen el conjunto de normas referenciales que por razones elementales deben orientar la conducción de los funcionarios públicos en la construcción de su gestión. Asimismo, la importancia en cuanto a la rendición de cuentas es tener un marco transparente, lleno de valores éticos que respalden las acciones de índole administrativo y conductual de las personas al ejercer cargos públicos.
En consideración a lo anterior, según los planteamientos de Seijo y Áñez (2008), el código de ética hace referencia a un conjunto de normas que establecen la conducta moral y ética de las personas adscritas en las organizaciones de la cual forman parte. Por ello, muchas veces los códigos de ética son considerados un instrumento cuyo fin tiene como base fundamental corregir las incongruencias de ciertas conductas inmorales que puedan generar desconfianza y una pérdida de credibilidad.
Sobre este particular, los códigos éticos constituyen un aporte muy importante en la cultura de respondabilidad de los funcionarios públicos, la Respondabilidad significa que las autoridades o gobernantes pueden trabajar con honestidad, seriedad y dedicación, tienen derecho a un justo reconocimiento; donde los méritos tienen el derecho a ser pesados en la balanza de la opinión, como las culpas.
Por tanto, las características de actuación, según Ferrer (2004), infieren una obligación que asume una persona al manejar los fondos o bienes públicos y cumple con responder a otros sobre la manera cómo ha llevado sus tareas. No obstante, aceptar la obligación de ser responsable moralmente se convierte en la guía de la conciencia en gran medida, reflejando las creencias y compromisos sociales, culturales, religiosos, fraternales, cívicos o ideológicos.
Dentro de este marco de ideas, la participación ciudadana es un factor importante para el Estado al promover el ejercicio pleno de las libertades democráticas y los derechos humanos consagrados en la constitución y en las leyes. Por tanto, según Bautista (2008) la gestión pública debe ser transparente en su servicio a los ciudadanos que son quienes justifican su existencia.
Con base en lo anterior, la misma constituye un concepto muy amplio y diverso porque se enfoca en una nueva forma de incluir opiniones o perspectivas, invocado a las agrupaciones sociales de la sociedad con el fin de solucionar problemas. Sin embargo, participar es tomar parte de una organización que reúne a más de un sola persona. Según Zazueta (2003), la participación ciudadana se refiere en compartir opiniones, y se toman acuerdos de manera conjunta, es decir, es la acción de participar o intervenir en un asunto público ya sea político, económico, y social.
Por tanto, según los planteamientos de Fernández, Belloso y Delgado (2008), una política nacional de información es vista como el conjunto de estrategias que propicien el reposicionamiento de este sector, constituye una tarea muy compleja que requiere de la participación de todos los sectores de la vida socioeconómica; para que la misma sea valiosa para el Estado, es preciso partir del contexto político concreto del país considerando el desarrollo socioeconómico y los aspectos históricos culturales.
Asimismo, la relación entre estado y sociedades ha convertido en un desafío para los gobiernos al tratar de articular sus acciones con la sociedad, para fortalecer sus vínculos, con el fin de ampliar el modelo de gestión. Sin embargo, el concepto tradicional de ciudadanía reconoce libremente los derechos individuales en la misma donde se ha fundamentado la afirmación en que todos los individuos son libres e iguales por nacimiento, relacionando el estatus legal por el cual establece los derechos del individuo.
Al respecto, la participación ciudadana como factor para el desarrollo humano sostenible se enfrenta a reivindicaciones en pro de los derechos colectivos a partir de nuevas identidades como: el género, la edad, la migración, entre otros. Según los planteamientos de Zazueta (2003), las demandas de derechos de diferentes grupos que presionan al Estado para la incorporación de sus identidades o demandas particulares en las políticas públicas, ratifican que el ciudadano ya no es el receptor pasivo de los derechos que goza la protección de la ley, donde se identifica con la intervención del estado.
En este mismo orden de ideas y de acuerdo a los planteamientos teóricos de Arroyo (1999), la responsabilidad de la participación ciudadana apunta hacia un cambio que imponen las demandas por parte de la sociedad, tanto en lo que concierne al desarrollo de una representación social capaz de controlarla gestión pública, que conlleva hacia la búsqueda de espacios sociales, para que los individuos logren producir actividades, de acuerdo a sus necesidades.
De esta manera, la participación ciudadana tiene el propósito de fomentar en todos los niveles del poder público una estrategia diferente que le permita incidir en unos valores éticos que entre los cuales se destacan:
- Eficiencia.
- Transparencia.
- Interdependencia voluntaria.
- Solidaridad social.
- Complementariedad.
- Pluralidad.
- No discriminación.
- Corresponsabilidad.
- Libertad.
- Respeto.
- Moral.
- Conciencia ética.
- Autonomía.
- Comunicación plena.
- Integridad
- Confianza
Por tanto, todos los valores mencionados anteriormente tienen como propósito la sustitución de una democracia representativa que conlleva hacia una democracia participativa, lo que incide en el impacto del desarrollo endógeno al convertirse en un componente esencial de un modelo alternativo de gestión social más justa y democrática, por lo cual se asocia estrechamente con la modernización del estado.
En síntesis, la ciudadanía y demás sectores de la sociedad civil, cumplen el objetivo de participar en los procesos de rendición de cuentas, verificar la transparencia en la gestión del gobierno y activar el control social como estímulo a una mejor gestión pública. No obstante, la información debe ser oportuna para que aporte criterios efectivos a los diversos mecanismos de participación ciudadana para el logro del desarrollo humano sostenible.
La respondabilidad se refiere a las acciones para informar los funcionarios públicos sobre cómo gastaron los fondos o manejaron los bienes, al momento de lograr los objetivos previstos, y si estos fueron cumplidos con eficiencia y eficacia ante la sociedad. De este modo, la conducta en la vida pública se analiza de una forma más rigurosa, tomando en cuenta las reglas que el público exige, verificando y fiscalizando si existen debilidades durante el procedimiento de rendición de cuentas bajo las normas de las actitudes éticas.
Adicionalmente, el Estado o en su caso los funcionarios que de él dependen, pueden ser responsabilizados administrativa, civil, política, penal, contable, fiscal y profesionalmente (aunque algunas de ellas solo puedan alcanzar a los funcionarios) cuando los actos que de ellos emanan afecten derechos de los ciudadanos. Es por ello que la respondabilidad se hace bajo la premisa de una actuación de estricta obligación ética.
Sin embargo, mediante su acción los funcionarios públicos socavan las instituciones, afectando gravemente el clima moral y ético, interviniendo negativamente en la acción de las personas, se convierten en agentes de perturbación en el desarrollo de la gestión pública, ya que le producen desconfianza, falta de transparencia, pérdida del incentivo al trabajo honesto y el respeto a las reglas del juego, con lo cual se pierde toda aprobación por parte de los ciudadanos que ejercen la contraloría social.
Ante esta situación, quien ejerza funciones en el ámbito público debe tener conciencia ética para asumir y defender los valores debido a la condición de los ciudadanos y al mismo tiempo ante las empresas, el funcionario debe ser cuidadoso, coherente entre lo que dice y hace, es decir, el funcionario debe modelar en forma precisa en el ámbito público velando para que se cumplan las políticas, normas, que a su vez satisfagan las necesidades de la comunidad; de esta manera, generar credibilidad y confianza, en su alrededor para poder fortalecer el proyecto de vida de la organización.
No obstante, también se debe poner en práctica el término Respondabilidad, y saber cuáles son los principios que lo rigen en los términos de la rendición de cuentas, sobretodo en el sector público. De esta manera, la Respondabilidad debe convertirse en la principal característica del comportamiento de los funcionarios o servidores públicos, es decir, debe asumirse como una obligación ética en el ejercicio de la vida pública.
Asimismo, promover una cultura responsable en la gestión pública, constituye una de las principales acciones tendientes a fortalecer los valores éticos de los funcionarios públicos, minimizando con ello las acciones cuestionables de dichos funcionarios en el ejercicio de su administración. Bajo esta óptica, la sociedad, la comunidad, o la ciudadanía en general, pueden realizar las labores de contraloría a estos funcionarios que ejercen cargos o funciones públicas.
Visto de esta forma, se distingue entonces que los funcionarios públicos deben ser personas de comprobado comportamiento ético y moral, de reconocida trayectoria basada en los principios y valores que las sociedades promueven y que sus acciones permitan garantizar la transparencia de su gestión como servidores públicos y que la participación ciudadana en su rol protagónico ejerza la contraloría que se debe realizar a la gestión de estos funcionarios públicos.
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