INCIDENCIA DE LAS COMPETENCIAS SANCIONATORIAS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM EN VENEZUELA
Resumen
Esta investigación se dirigió a analizar la competencia sancionatoria de los organismos
administrativos en materia de seguridad y salud, frente al principio non bis in ídem en
Venezuela, tomando como referencia los planteamientos de Brewer (2005) y Cuadra
(2010). Metodológicamente, el estudio fue de tipo documental-descriptivo, basado en el
diseño bibliográfico, empleando las técnicas de análisis de contenido y Hermenéutica
Jurídica. Se analizaron fuentes documentales con el método deductivo y la hermenéutica
jurídica. Los resultados indicaron que tanto la Inspectoría del trabajo como el Instituto
Autónomo de Prevención y Seguridad Laboral (INSAPSEL), gozan de competencia
sancionatoria en materia de seguridad y salud, por lo cual el ejercicio simultáneo de las
mismas contraría el principio non bis in ídem, cuando ambos sancionan por idéntica
situación. Dado que INSAPSEL cuenta con competencias excluyentes, de lo cual se
concluye que es este quien debe ejercer la competencia sancionatoria cuando exista una
violación de las condiciones de prevención, higiene y seguridad, atribuidas a la
Inspectoría del trabajo como a INSAPSEL, gozando este último de competencias
específicas consagradas en la ley especial que rige la materia, lo cual deriva en
considerar que no podría existir colisión o acciones conjuntas de ambos órganos
administrativos, porque violaría el principio non bis in ídem.
Descargas
Citas
Asamblea Nacional Constituyente (1999). Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Gaceta Oficial 36.860. Venezuela.
Asamblea Nacional (2005). Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo (2005). Gaceta Oficial 38.236. Venezuela.
Asamblea Nacional (2006). Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial
426. Venezuela.
Bermejo, J. (2005). Derecho administrativo. España. Editorial Aranzadi, S.A.
Binder, A. (2002). Introducción al Derecho procesal penal. Argentina. Editorial Ad-Hoc.
Borinsky, M. (2005). Derecho penal económico y de la empresa. España. Ad- Hoc Vellela
Editor.
Brewer, A. (2010). Derecho administrativo y la ley orgánica de procedimientos
administrativos, principios del procedimiento administrativo. Venezuela. Editorial
Jurídica Venezolana.
Cabanellas, G. (2005). Diccionario enciclopédico de derecho usual. Argentina. Editorial
Heliasta.
Cano, T. (2006). Non bis in ídem, prevalencia de la vía penal y teoría de los concursos
en el derecho administrativo sancionador. Madrid, España. Universidad Complutense
de Madrid.
Carretero, A. y Carretero, A. (2006). Derecho Administrativo sancionador. España.
Editoriales de derecho reunidas.
Castillo, J. (2001). Las consecuencias jurídico-económicas del delito. Perú. IDEMSA.
Organización de los Estados Americanos (1969). Convención Americana Sobre
Derechos Humanos. Costa Rica.
Cuadra, R. (2010). La sanción administrativa. Costa Rica. Editorial Isolma, S.A.
De León, F. (2006). Acumulación de sanciones penales y administrativas: sentido y
alcance del principio “non bis in ídem”. Barcelona, España. Editorial Bosch.
Domínguez, A. (2011). Constitución y derecho sancionador administrativo. España.
Marcial Pons Ediciones Jurídicas Sociales, S.A.
Gómez, A. (2006). Acusados y víctimas ante la administrativización del derecho penal.
Cuba. Universidad de la Habana.
Jarque, G. (2002). El sobreseimiento en el proceso penal. Argentina. Editorial Depalma.
López, J. (2004). Tratado de derecho procesal penal. España. Editorial Arizandi.
Maier, J. (2004). Derecho Procesal Penal. Argentina. Edición Ed de Puerto.
Marienhoff, M. (2002). Tratado de derecho administrativo. Argentina. Editorial Lexis Nexis.
Márquez, R. (2006). Derecho penal. México: Editorial Trillas.
Núñez, J. (2009). El Principio Non Bis In Ídem: Aproximación desde una Perspectiva
Limitadora del Poder Punitivo. Capítulo Criminológico, Vol. 37, Núm. 4, OctubreDiciembre, Pp. 205-229.
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1973). Declaración de la OIT. Editado por la
OIT. Ginebra.
Organización de las Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Resolución 2200 A (XXI). Diciembre. New York, Estados Unidos.
Parra, F. (2004). Aplicación del principio protector en el proceso laboral a propósito de la
promulgación de la ley orgánica procesal del trabajo. Artículo publicado por el Tribunal
Supremo de Justicia, Caracas.
Peña, J. (2007). La Potestad Sancionatoria de la Administración Pública Venezolana.
Tribunal Supremo de Justicia. Caracas: Colección Estudios Jurídicos.
Presidencia de la República (2012). Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores. Gaceta Oficial 6.076. Venezuela.
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (2005). Sentencia Nº 1798, de fecha
de julio 2005. Caso: Festejos Mar C.A.
Juzgado superior en lo civil y contencioso administrativo de la circunscripción judicial
de la región Los Andes (2007). Sentencia de 28 de mayo. Caso: Recurso
contencioso administrativo funcionarial interpuesto por Francisca Jackheline Arias
en contra de Ministerio de Interior y Justicia. Venezuela.
Soto, E. (2005). Derecho administrativo: bases fundamentales. El Principio de Juridicidad.
Chile. Editorial Jurídica de Chile
Tribunal Supremo de Justicia (2002). Sentencia Nº 00330 de Sala Político Administrativa.
Expediente Núm. 15349, de fecha 26/02/2002. Venezuela.
Valencia, P. (2002). Tratado de derecho penal mexicano. México. Editorial Tirant lo
Blanch.
Zafaroni, R. (2005). Manual de derecho penal. Argentina. Editorial EDIAR.