EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE EN MÉXICO: ANTECEDENTES RECIENTES Y PERSPECTIVAS
Resumen
Estudios amplios realizados en materia de desarrollo muestran que los desequilibrios tienden a agravarse a través del tiempo, lo que conlleva a que la brecha entre el desarrollo de las regiones más prósperas y el de las más pobres se ha ampliado. Analizando la evolución del PIB per cápita estatal a través del tiempo, se pueden dilucidar los valores de los indicadores de la convergencia. Así, un coeficiente b (convergencia condicional) positivo y significativo implica que las diferencias relativas tienden a caer entre las entidades, de manera que las que tienen menores valores de una Xi (ingreso per cápita) tienen una mayor tasa de crecimiento de esa variable. Por otro lado, (convergencia absoluta) es capturada por la evolución de la desviación estándar de las distribuciones de valores de las X i a través del tiempo. Boltvinik (1995) muestra que el total de personas pobres (definidas de acuerdo con dos metodologías para calcular el nivel de vida) como proporción de la población nacional tendió a disminuir en México entre 1963 y 1981, pasando del 77.5% al 48.5% en el período, pero empezó a aumentar a partir de entonces, llegando a una cifra de 66.0% en 1992.
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Citas
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Según algunos economistas (Schultz, 1954; Hirschman, 1958), los desequilibrios regionales acompañan naturalmente al desarrollo en las economías capitalistas, por lo que su solución requiere de la intervención del Estado (Carrillo, 2000). Por el contrario, algunos economistas considerados como neoclásicos insisten en que en el sistema capitalista, la posibilidad del intercambio económico libre entre regiones hace que sus niveles de ingreso tiendan a converger con el tiempo; es decir, que los desequilibrios interregionales tienden a desaparecer (Baumol, 1986; Quah, 1996).
Sin embargo, esos estudios tienen por lo regular dos características fundamentales: 1) consideran periodos de análisis muy amplios y por lo tanto no permiten tener una visión clara de los cambios que puedan darse en las tendencias a la convergencia o a la divergencia en el crecimiento regional, y 2) estudian el crecimiento del PIB per capita al nivel agregado, de manera que no permiten conocer las tendencias a la convergencia o a la divergencia que existen considerando el comportamiento de los diferentes sectores que componen la economía.
El trabajo hace uso de las Encuestas Nacionales de Empleo (ENE) anuales de 1995 a 2003, referentes a los nueve sectores de la economía en las 32 entidades federativas del país. Desde 1995, la Encuesta Nacional de Empleo es generada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Quizás, uno de los factores que ha contribuido a esta desigualdad es que una proporción significativa de la población mexicana habita en entidades con niveles de producto per capitabajos; por ejemplo, en 1999, el 60% de la población habitaba en entidades que generaban menos de una tercera parte del producto per capita de la entidad más rica del país.
La evidencia para la convergencia implica que la diferencia relativa (o absoluta) promedio en el PIB per capita ha disminuido a través del tiempo. (Messmacher, 2000).
Stern (1992) muestra también cómo se ha comportado la distribución del ingreso en México, por lo menos desde 1950, a través del análisis de los coeficientes de Gini calculados para varios años por diferentes estudiosos, y aunque no encuentra uniformidad entre los resultados de todos ellos, sí encuentra una tendencia hacia una mayor igualdad en dicha distribución hasta antes de 1980, tendencia que se revierte a partir de entonces.
Por lo regular, los estudios que evalúan el desarrollo regional de México a través de índices (de desarrollo o de marginación), utilizan variables censales que combinan mediante el método de componentes principales o como sumas ponderadas.
Unikel (1976) calculó índices de desarrollo para las entidades federativas del país con datos de 1940, 1950, 1960 y 1970, y las agrupó en regiones, encontrando que las regiones que incluían a las entidades de la frontera norte del país y al Distrito Federal no solamente tenían los valores más altos de los índices cada año de estudio, sino que eran las más dinámicas, aumentando cada vez más el valor de sus índices.
Coplamar (1982) calculó índices de marginación para los municipios y entidades federativas del país a partir de variables censales de 1970, encontrando resultados con implicaciones semejantes a los de Unikel, los que a su vez fueron confirmados por Conapo (1993), cuando sus índices de marginación, calculados para municipios y entidades federativas, mostraron a Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, como las entidades más marginadas, y a las de la frontera norte y el Distrito Federal como las menos marginadas.
Se realizó un ejercicio empleando la ecuación (1) pero con los datos de IDH por regiones. Pero como la información está construida en base al IDH 2004, el coeficiente para todos los años es de 0.25, mostrando que ni en términos de regiones se ha tenido convergencia recientemente en México.
De hecho, es muy probable que los estudiosos del desarrollo regional coincidan en que la competitividad del territorio depende de una combinación de factores que permiten a estos espacios: a) Participar exitosamente en los mercados nacional, regional e internacional de bienes y servicios; b) Incrementar el ingreso real y el bienestar social de los habitantes; c) Promover el desarrollo sostenible y equitativo; d) Promover la cohesión social combatiendo la exclusión. Por lo tanto, una estrategia de competitividad para el conjunto de las actividades económicas y en particular para los servicios, no sólo debe tener en cuenta las características de la localización espacial sino de la capacidad para crear un entorno económico-social, tecnológico, ambiental e institucional propicio que impulse la promoción de redes y la cooperación empresarial, la planeación estratégica, y los vínculos entre universidades y empresas. Es decir, la competitividad requiere de la cooperación.
Según el más reciente estudio sobre competitividad del WEF, México ha experimentado en los últimos años una acelerada pérdida de competitividad respecto a los resultados publicados por este organismo en el 2001, y 2004, pasando del lugar 48 al 55 de un total de 117 países.
El subíndice de la calidad de las instituciones públicas ha sido el indicador más desfavorable para México, que revela una caída de 12 lugares, pasando del lugar 59 al 71; en el componente tecnológico, México retrocedió del lugar 48 al 57, y en el ambiente macroeconómico, mejoró pasando del lugar 49 al 43.
Estos resultados se explican quizás por la percepción de empresarios de la existencia de mayor corrupción, mayores niveles de inseguridad y criminalidad, que aumentan sus riesgos y sus costos impactando en la productividad y la ausencia de iniciativas por parte de los gobiernos estatales para realizar cambios urgentes que requiere el país.
Por otro lado, el IMD publicó su ranking de competitividad mundial 2005, ubicando a México en el lugar 56 de 60 países, descendiendo 13 posiciones con respecto al año 2002, cuando estuvo ubicado en la posición 43. En el año 2002, la eficiencia gubernamental, como factor de la competitividad era donde México se encontraba mejor posicionado, ocupando el lugar número 31 al nivel mundial, seguido por el desempeño económico.
Esta capacidad colocaba al país en la posición económica competitiva número 43, en el ámbito mundial. Sin embargo, el escaso desarrollo de infraestructura durante el periodo 2002 a 2005 fue rezagando la competitividad del país, cayendo 13 posiciones.
Así, en un periodo de tres años, los factores que han provocado la pérdida de competitividad son la eficiencia gubernamental, específicamente en el desempeño de las instituciones, perdiendo 17 posiciones; el factor de infraestructura, en especifico el urbano, disminuyendo 13 posiciones; la eficiencia de los negocios, disminuyendo 10 posiciones, y; finalmente, el desempeño económico, retrocediendo 6 niveles.
Para el cálculo del índice de competitividad de las entidades federativas de México, se pueden identificar cuatro indicadores fundamentales, cada uno de los cuales puede a su vez ser calculado, mediante componentes principales, a partir de variables originales que indiquen condicionantes de la competitividad.
Dichos indicadores pueden ser: Económico, Socio-demográfico, Urbano-Espacial, e Institucional o de Capital Social. El componente económico contribuiría a la competitividad incrementando el ingreso real; el socio-demográfico, contribuiría a mejorar el bienestar social; el urbano-espacial, promovería el desarrollo regional; el institucional, promovería la participación exitosa en los mercados nacional, regional e internacional de bienes y servicios, y también promovería la cohesión social, impidiendo la exclusión.
El análisis de regresión entre la IED y los condicionantes de la competitividad no fue altamente significativo porque la inversión de alguna manera es también un condicionante de la competitividad. Es por ello que la intención de este ejercicio fue solamente de buscar alguna asociación entre la IED y dichos condicionantes.
Vale la pena mencionar que esos resultados están correctos, ya que como era de esperar, el coeficiente de correlación de Spearman entre el Índice de Marginación y el Índice de Privación fue estadísticamente significativo y tuvo un valor positivo de 0.959.
En términos del coeficiente correspondiente a la correlación entre el producto interno bruto per capita y esos índices, aquel fue muy pequeño (positivo en el caso del Índice de Privación y negativo en el caso del Índice de Marginación) y no significativo.
Sin embargo, es importante hacer notar que en otro estudio (Arellano, 1996), también se encontró una relación directa significativa entre ingresos públicos per capita y producto interno bruto per capita, e inversa, también significativa entre el índice de privación y los ingresos públicos totales per capita.
La explicación que se ofrece de esos resultados es que los estados más desarrollados tienen mayor capacidad administrativa para captar ingresos públicos que los menos desarrollados, además de que a mayor producto interno bruto per capita, mayores posibilidades de captación fiscal (Ibid; 131-137).
En el estudio antes mencionado también encontré que: 1) las participaciones federales per capita no incrementan el índice de desarrollo social de los municipios; 2) las participaciones federales per capita no siguen criterios de pobreza ni marginación; 3) los municipios que recaudan mayores impuestos reciben mayores participaciones federalesper capita; 4) las participaciones federales sí impactan positivamente algunas variables de desarrollo tales como el alfabetismo y los servicios públicos básicos (agua potable, drenaje y energía eléctrica).
El FISM forma parte del Fondo General de Aportaciones, que incluye ocho Fondos Específicos: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS); Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. De estos fondos, dos corresponden directamente a los municipios: el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su vertiente municipal (FISM).
Hernández y Jarillo (2006), analizan la distribución de los recursos del FISM entre los municipios del país para conocer si las disposiciones redistributivas a favor de los municipios con mayor marginación se están cumpliendo.
Los autores proponen dos modelos econométricos para identificar los determinantes de la distribución del gasto del FISM y del tipo de obras públicas que se deben financiar con dichos recursos. Sus modelos se muestran a continuación: Modelo 1: Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ ε; donde: Y: es el FISM per capita; X1: es el índice de pobreza; X2: son las participaciones per capita; X3: es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).
Si bien el nivel de marginación es un determinante importante en la asignación de los fondos del FISM, los autores encuentran que también las participaciones federales y la distribución de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Municipal influyen significativamente sobre la distribución.
Para ellos, sus resultados son indicativos de que la descentralización del gasto a través del FISM ha sido objeto de un proceso de captura de rentas por parte de las élites locales. El segundo modelo que proponen Hernández y Jarillo es para investigar si los recursos gastados del FISM van dirigidos a las necesidades locales, y es el siguiente: Modelo 2: Yi = γ0 + γ 1Xi1 + γ 2Xi2 + ε; donde: Yi: es el FISM per capita asignado al servicio público i; Xi1: medida de pobreza (IP o IDH); Xi2: porcentaje de diferentes servicios cubiertos en la cabecera y no-cabecera.
Los autores encuentran que la asignación del FISM está fuertemente desviada hacia las cabeceras independientemente de su nivel de cobertura, lo cual para los autores es un indicio de que podría estar existiendo captura de rentas por parte de las élites, ya que las cabeceras tienen mayor densidad poblacional.
Los instrumentos utilizados son el inverso del tamaño de la población municipal, una variable dicotómica para capturar efectos políticos (vale uno en los municipios donde el Presidente Municipal pertenece al mismo partido que el Gobernador y cero en otro caso) y un índice que mide el nivel de ingresos de la población municipal.
La razón principal de ese resultado puede deberse a cualquiera de dos fenómenos: 1) que en el estado de Puebla los fondos de desarrollo a los municipios se transfieren siguiente una fórmula semejante a la utilizada al nivel nacional para asignar los fondos ente entidades federativas; 2) que el año 2004 fue año electoral.
Sin embargo, mientras eso sucede, se puede seguir utilizando el cálculo de los cocientes de localización como proxy de las ventajas competitivas implícitas’.